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Sin margen de espera: los desafíos de seguridad de Biden en Centroamérica

EL SALVADOR / 20 ENE 2021 POR SETH ROBBINS Y HÉCTOR SILVA ÁVALOS ES

Frente a los desafíos de una pandemia fatal, puede disculparse al presidente Joe Biden por no tener la seguridad en Centroamérica entre los principales pendientes de su agenda desde el día uno o el 100 para el caso.

Sin embargo, él había expresado que esta era una prioridad en uno de los pocos planes de política exterior dados a conocer durante su campaña.

Biden conoce el terreno. Como vicepresidente, visitó varias veces la región después de que los migrantes que huían de los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a llegar en masa a la frontera sur de Estados Unidos.

Su estrategia representará un cambio radical respecto a la de Donald Trump, cuyo estilo intimidatorio sobre la migración en muchas ocasiones le dejó poco capital para abordar otros problemas que azotan la región. En lugar de amilanarse ante Trump, los presidentes de los tres países aprovecharon la naturaleza de su homólogo, centrado exclusivamente en su propio interés.

El retorno de la diplomacia amplia requerirá concesiones de estos casi de inmediato. Tienen pocas opciones. Emergencias, que varían desde la seguridad ciudadana hasta la inestabilidad económica, son innumerables y empeoran con la pandemia.

A continuación, InSight Crime destaca tres problemas de seguridad acuciantes que la administración Biden no puede darse el lujo de ignorar.

El éxodo desde el Triángulo Norte

Una de las primeras pruebas que enfrentará Biden es la migración masiva desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

En 2014, decenas de miles de menores de edad de la región llegaron a la frontera estadounidense. Biden se convirtió en la cara visible para manejar lo que el presidente Barack Obama calificó de “crisis humanitaria”. Visitó a los presidentes de los tres países para discutir un sustancial paquete de ayuda de Estados Unidos. La administración presionó a México y Guatemala para que endurecieran la seguridad y redoblaran el número de retenes y operativos sorpresa en las rutas preferidas por los migrantes.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Frontera EU/México

Más adelante, el presidente Donald Trump prácticamente hizo de la represión a los migrantes la única prioridad de la relación entre su administración y México y los países del Triángulo Norte, y forzó a los solicitantes de asilo a esperar las citas en la corte del lado mexicano de la frontera y redujo el cupo de migrantes a los que podría otorgarse asilo en su país. El gobierno estadounidense también firmó controvertidos acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras, que obligaban a los solicitantes de asilo a solicitar refugio en el país por el que primero pasaran.

Las medidas de fuerza empujaron a los migrantes a las redes de tráfico de personas, según dicen los defensores de la inmigración.

Biden ha prometido suavizar las políticas migratorias de mano dura. Esa postura no tardará en ponerse a prueba.

El coronavirus ha cobrado las vidas de más de 10.000 personas en el Triángulo Norte. También ha traído la devastación económica: se espera  una contracción de las economías de los tres países. En Honduras se espera una contracción récord de 8 por ciento, empujando aún más personas a la pobreza, que en 2020 se extendía a dos terceras partes del país, según Reuters. Aunque el crimen y la violencia también son determinantes para que la población emigre, la pobreza y el desempleo siguen siendo los principales factores.

El tráfico de personas ya presenta un aumento sostenido en México en medio del COVID-19. En medio de la crisis sanitaria, Trump tomó medidas drásticas para cerrar la frontera sur, lo que incluyó la interrupción de los procesos de asilo y leyes que facultaban a los agentes fronterizos a la deportación acelerada de los migrantes que intentaran ingresar ilegalmente al país.

Las autoridades en la frontera sur de Arizona informan que los coyotes están empleando tácticas más peligrosas, como el uso de casas de seguridad y guiar a las personas por terreno desértico y peligroso, según una investigación de Arizona Republic.

Pero ya no son solo en su mayoría migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras quienes están siendo llevados al otro lado de la frontera. El departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reportó que entre octubre y diciembre se aprehendieron más de 112.000 mexicanos adultos, casi la mitad de los capturados en el año fiscal de 2020.

Si las restricciones por COVID-19 se aflojan y Biden reinstaura el derecho a solicitar asilo, es muy probable que se reanude el éxodo del Triángulo Norte, según opina Adam Isacson, director para la veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Los coyotes estarán preparados para tenderles la mano, pues los migrantes que viajan en solitario se enfrentan a violaciones, extorsión, lesiones personales o la muerte. Y las autoridades están prestas a dispersar las caravanas de migrantes que se juntan en busca de la seguridad que les garantiza el viaje en grupo. La última caravana que salió de Honduras fue detenida por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes los obligaron a salir de la carretera usando porras y gases lacrimógenos.

“La mejor manera es pagar al coyote para cruzar todo México en pocos días en bus, con vía libre de todos los agentes corruptos en los puntos de inspección a quienes se les ha pagado”, dijo Isacson.

La administración Biden debe construir capacidad en la frontera para procesar los migrantes, recomienda Isacson. De esta forma no quedan atrapados en México, vulnerables a la depredación de los coyotes y bandas de secuestradores, que tienen el respaldo de poderosos grupos del crimen organizado.

Biden afirma que se ocupará de las causas raíz de la migración con un paquete de ayuda de US$4 mil millones a cuatro años para los países del Triángulo Norte. Pero ningún efecto atenuante que esto pueda tener en la migración se verá este año. La mayoría de los migrantes ya estarán en camino en los cuatro primeros meses del año, cuando el clima es propicio.

Narcopolítica en Honduras

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández es un rostro familiar para el presidente Biden. Ambos se reunieron en 2015 y en 2016 en medio de la crisis migratoria. En ese entonces, Hernández también se había erigido como el líder para Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región, luego de dirigir una seguidilla de extradiciones.

“La sensación era que podían confiar en que [Juan Orlando] haría lo correcto”, recuerda Eric Olson, especialista en Latinoamérica en el Centro Woodrow Wilson, centro de pensamiento con sede en Washington DC.

Pero las credenciales antinarcóticos de Hernández han quedado hechas pedazos luego de las denuncias hechas por fiscales estadounidenses sobre su participación en la conspiración para traficar cocaína dirigida por su hermano.

VEA TAMBIÉN: Cómo un exalcalde podría tumbar al presidente de Honduras

El hermano de Hernández, Tony, fue declarado inicialmente “persona de interés” en un importante caso de narcóticos estadounidense desde 2016, cuando la administración Obama llegaba a término. Tres años después, fue condenado por traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos valiéndose de las conexiones políticas de su hermano. Los fiscales alegaron en los documentos de la corte y durante el juicio que Tony recibió sobornos de millones de dólares de un alcalde implicado en narcotráfico y del jefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, para financiar las campañas electorales de Hernández. Un libro de contabilidad confiscado a otro importante narco registraba pagos a “JOH”, las iniciales del presidente, “y a sus socios”.

Y este mes, los fiscales presentaron una moción con la explosiva denuncia de que el presidente Hernández afirmó que quería meter las “drogas hasta las mismas narices de los gringos” y hacer que la Administración Antinarcóticos estadounidense (DEA) “creyera que Honduras combatía el narcotráfico”, mientras que ponía a su hermano al frente de esas actividades.

Hernández ha negado tener complicidad alguna en narcotráfico, y la administración Trump y altos oficiales del ejército han mantenido a Hernández como aliado.

Olson señaló que es probable que la nueva administración adopte una postura más dura y cauta hacia Hernández durante lo que debería ser su último año en el poder. Las elecciones presidenciales están previstas para noviembre, aunque Hernández ya se reeligió en 2017 luego de que la suprema corte anulara el veto a la reelección.

La administración Biden comienza con Hernández como relato aleccionador. Deberá asegurarse de que la DEA y los dirigentes que participan en las relaciones bilaterales no estén operando en “universos paralelos”, señaló Olson.

Aislar a Hernández sería un buen punto de partida para mostrar la seriedad de la administración en sus iniciativas anticorrupción en la región, dijo. Es crucial tener un embajador fuerte, observó.

“Se diría que casi es demasiado fácil para ellos”, comentó Olson, “con lo menoscabado que está por estos casos”.

Lucha anticorrupción en una región asolada por el peculado

En su plan para Centroamérica, Biden llama a la corrupción un cáncer que “carcome” los países del Triángulo Norte. Esa declaración sin duda mortificará a los presidentes de los países de esa región, que de dientes para afuera apoyaban las iniciativas anticorrupción mientras las torpedeaban a cada paso sin que les importara lo más mínimo.

Durante el mandato de Trump, Guatemala y Honduras pusieron fin a las comisiones anticorrupción con aval internacional. Sin el respaldo de la administración Trump, esas unidades quedaron expuestas a ataques de las élites políticas y empresariales, incluyendo a los mismos presidentes. El presidente de El Salvador Nayib Bukele se comprometió a crear un organismo anticorrupción semejante que, hasta ahora, tiene escaso margen de maniobra.

Por otro lado, Biden promete dar un nuevo aire a las iniciativas para combatir la corrupción en la región, incluida una nueva oficina en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para investigar la corrupción en el Triángulo Norte y aumentar los funcionarios de los Departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas estadounidenses.

La administración Biden está explorando la posibilidad de ampliar al Triángulo Norte el trabajo de la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública, del Departamento de Estado (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs), según dos altos funcionarios conocedores de estas discusiones, quienes solicitaron mantener el anonimato por no tener autorización para referirse al tema. Desde El Salvador, los investigadores de la oficina ayudarían en casos complejos.

Biden también propone crear una comisión regional anticorrupción, al parecer siguiendo el modelo de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Por más de una década, esa unidad fortaleció las capacidades investigativas de los fiscales locales y contribuyó a enviar a prisión a influyentes empresarios, figuras del crimen organizado y políticos, incluido un presidente. Emprendió una de las campañas anticorrupción más exitosas de la región.

Los presidentes del Triángulo Norte, sin embargo, han mostrado pocos deseos de atacar este problema.

En enero de 2020, el presidente Hernández encabezó la desaparición de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuando los negociadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno hondureño no se pusieron de acuerdo para renovar el mandato del organismo anticorrupción. Más recientemente, una corte hondureña está desmontando el caso Pandora, un monumental esquema de corrupción mediante el que se desviaron US$12 millones de fondos públicos para fines políticos.

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei se ha negado a hablar de los intentos de los legisladores de socavar la Corte de Constitucionalidad luego de que esta bloqueara la posesión de varios jueces implicados en un esquema de tráfico de influencias. Giammattei también se ha hecho a un lado cuando el fiscal público a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI), el último vestigio de la CICIG en el país sigue siendo blanco de una campaña de desprestigio por parte de la fiscal general del país.

Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho todos los intentos posibles por ocultar los gastos del gobierno durante la pandemia, en un momento en que arrecian las investigaciones de especulación de funcionarios de su administración.

Pero los vientos que presionan cambios desde Estados Unidos ya parecen estar soplando.

Asegurada en el proyecto de ley amplio sobre el gasto firmado a finales del año se encontraba una disposición del representante Eliot L. Engel, congresista saliente por Nueva York, que presidió el poderoso comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Esta exige la publicación de una lista de actores corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras. A quienes aparezcan en la lista se les negará la entrada a Estados Unidos.

Según dos personas que han estado presentes en discusiones con asistentes legislativos y asesores de Biden, la llamada lista Engel podría convertirse en una herramienta muy útil para obligar a los gobiernos centroamericanos a apoyar iniciativas anticorrupción.

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