Muchos críticos del presidente Enrique Peña Nieto lo han acusado de tratar de esconder la realidad de la actual matanza criminal en México, a lo largo de su primer año en el cargo. Esa realidad se ha vuelto cada vez más difícil de ignorar en los últimos tiempos.
La policía ha estado desenterrando decenas de cadáveres de fosas comunes clandestinas en todo México occidental y meridional; víctimas de las guerras de mafiosos que el gobierno regularmente resta importancia y que la prensa amordazada ignora con miedo.
El último hallazgo, en el suburbio de Zapopan en Guadalajara, ha descubierto 17 cadáveres hasta el momento. La policía dice que pertenecen a las víctimas del Cartel de Jalisco-Nueva Generación (CJNG), una encarnación criminal reciente conocida por su violencia. Formado por los remanentes de los grupos de Ignacio “Nacho” Coronel, dado de baja por soldados en julio de 2010, el grupo se presentó al mundo en septiembre de ese año, cuando reclamó crédito por haber arrojado 35 cadáveres de presuntos Zetas en una carretera muy transitada en el puerto de Veracruz. Desde entonces, ha estado luchando contra los Zetas y otros rivales en el área de Guadalajara.
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El mes pasado, otros 66 cuerpos, que también se dice que son el trabajo del CJNG fueron sacados de las fosas junto al río cerca de La Barca, una ciudad en la costa oriental del Lago de Chapala, un centro turístico preferido por los jubilados estadounidenses y canadienses. Las autoridades dicen que los muertos fueron víctimas de una nueva lucha de este año con los Caballeros Templarios, un grupo criminal del vecino estado de Michoacán. Se desconoce el motivo que condujo a la muerte de las personas enterradas en Zapopan, que sirvió como sede de la red de laboratorios de metanfetamina de Nacho Coronel.
A cientos de kilómetros al sur, al menos 13 cuerpos fueron encontrados en noviembre, adentro y en los alrededores de la desteñida ciudad turística de Acapulco, donde las facciones del Cartel de Sinaloa se han estado atacando unos a otros -así como a otros grupos- en los últimos cuatro años.
La policía también culpa a los matones vinculados a Sinaloa del secuestro y asesinato de 13 jóvenes del barrio Tepito de Ciudad de México, donde florece el crimen, quienes desaparecieron a finales de mayo y reaparecieron tres meses después en una fosa común fuera de la capital. La mayoría habían sido decapitados.
Análisis de InSight Crime
Las fosas clandestinas han sido un pilar del mundo del hampa en México desde hace años. Deshacerse de los difuntos ha sido durante mucho tiempo una tarea necesaria para los asesinos, mientras el caos ha cobrado unas 80.000 víctimas en siete años. Muchas han sido colgadas de cruces elevados o arrojadas en calles, carreteras y lotes baldíos para que el público los vea. Pero las víctimas también han sido disueltas en ácido, se han dado de comer a los cerdos, han sido arrojadas a pozos, así como han sido puestas bajo tierra.
Unos 300 cuerpos fueron sacados de fosas adentro y en los alrededores de la ciudad de Durango a principios de 2011; los resultados de otra disputa interna de Sinaloa. Alrededor de otros 200 cuerpos fueron desenterrados en Tamaulipas, al noreste del país, casi al mismo tiempo, la mayoría eran de personas que fueron sacadas de los autobuses por la pandilla de los Zetas bajo la sospecha de que eran pistoleros de Sinaloa enviados a reforzar el Cartel del Golfo.
Un año antes, la policía desenterró 54 cuerpos en un depósito de chatarra fuera de Monterrey, en medio de una guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas por el control de la ciudad. Trajeron a 56 de un pozo de mina en Taxco, la encantadora ciudad colonial al norte de Acapulco, por la cual las facciones de Sinaloa habían luchado.
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El pueblo de Peña Nieto afirma que su liderazgo ha visto una mejora en la situación de seguridad de México y que los asesinatos mafiosos se han reducido. Pero la reciente repetición de los descubrimientos de fosas comunes cuenta una historia diferente, y lo mismo ocurre con un estudio sobre las investigaciones de asesinatos de este año llevadas a cabo por Zeta, una respetada revista con sede en Tijuana.
El estudio Zeta, reimpreso en la revista Proceso de esta semana, encontró que 19.016 “ejecuciones” sucedieron en los primeros 11 meses de la presidencia de Peña Nieto en comparación con 18.161 en los últimos 11 meses del mandato de Calderón.
Definir lo que es un asesinato narco a menudo puede ser más un arte que una ciencia. Pero Zeta, entre otros, acusa al gobierno de clasificar muchos asesinatos, bien sea como accidentes o no relacionados con el crimen organizado.
Más de 17 meses después de ganar la presidencia, el presidente de México y sus principales colaboradores siguen careciendo de un plan viable, tanto para enfrentarse a los carteles como para reducir su carnicería. Una encuesta publicada el lunes en el diario El Universal, de Ciudad de México, reporta que más de cuatro de cada 10 encuestados consideran los esfuerzos del gobierno como ineficaces, mientras que sólo el 20 por ciento piensa que la situación de seguridad ha mejorado.
Funcionarios del gobierno de Peña Nieto, básicamente, han seguido la estrategia de capo (kingpin strategy), favorecida por Estados Unidos, del ex presidente Felipe Calderón. Esa estrategia puede debilitar a los grupos, pero también impulsa las luchas por el poder entre los lugartenientes de los jefes caídos o los rivales del cartel. Una reorganización de los grupos criminales subyace en gran parte de la matanza de hoy, tal como lo hizo en los años de Calderón.
Más allá de los muertos conocidos están los desaparecidos. Los cuerpos que aparecieron recientemente son sólo una pequeña porción de los que desaparecieron en el país. Más de 26.000 mexicanos han desaparecido a través de los últimos siete años, con la complicidad de las fuerzas de seguridad y los criminales organizados documentada en muchos casos. Las promesas de Peña Nieto y sus principales asesores, hechas a principios de este año para encontrar a los desaparecidos, en gran parte no han llegado a nada.
Peña Nieto, al igual que Calderón, también ha hecho hincapié en la urgente necesidad de profesionalizar a las fuerzas policiales locales, estatales y federales. Pero al menos una de las fosas descubiertas recientemente subraya la complicidad continua de las fuerzas de seguridad con los criminales. El arresto, por parte de soldados, de policías locales de la cercana localidad de Vista Hermosa, por su participación en pandillas, llevó a los investigadores a la fosa común de La Barca.
En ausencia de grandes avances en materia de seguridad, la gente de Peña Nieto ha apostado por apaciguar las noticias del caos y hacer énfasis en las posibilidades económicas -en sí una elección cuestionable con el país cayendo hacia la recesión.
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Han apostado mal. Una reciente encuesta de opinión pública muestra que se ha erosionado el apoyo a Peña Nieto, en gran parte impulsado por la pobre economía y la continua violencia. Los encuestados sugirieron que el presidente había sido abrumado por los problemas frente a él.
Aún así, la mayor parte de la irritación pública sobre la seguridad ahora parece estar enfocada en el secuestro, la extorsión y otros crímenes contra civiles inocentes.
Las horribles masacres que salpicaron los primeros años de la guerra contra las drogas de México, han disminuido en el último año más o menos, al menos en público. Los cuerpos de las víctimas ahora son arrojados en masa con mucha menos frecuencia a lo largo de las carreteras o colgados de los puentes. Están apareciendo menos cabezas decapitadas en las plazas públicas o en las esquinas de las calles. La masacre ahora es más sigilosa, encubierta más allá de la vista de las cámaras, enterrada bajo tierra.
Eso beneficia a funcionarios y criminales por igual. No sería por su diseño, ¿no?