Las autoridades de Colombia han negado la solicitud de un narcotraficante de ser considerado un guerrillero desmovilizado de las FARC, pero liberaron a un guerrillero requerido por tráfico de drogas en Estados Unidos. Dos casos contradictorios que ponen de presente las dificultades que enfrenta Colombia para separar legalmente el comercio de drogas del conflicto armado, un proceso que, si no se maneja cuidadosamente, les dará herramientas a quienes buscan socavar el proceso de paz.
El alto comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, ha confirmado que el convicto narcotraficante, Gildardo Rodríguez Herrera, alias "El Señor de la Camisa Roja", ha sido eliminado de una lista de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en proceso de desmovilización, informó El Tiempo.
Antes de la declaración de Jaramillo, El Tiempo había revelado la manera como el nombre de Rodríguez llegó a estar en la lista de guerrilleros que las FARC entregaron al gobierno, a pesar de que actualmente cumple una condena de 30 años de prisión por tráfico de drogas, concierto para delinquir y asesinato.
Según El Tiempo, se cree que Rodríguez pasó un corto tiempo en las filas del Frente 53 de las FARC cuando tenía entre 16 y 18 años, pero luego se convirtió en un importante miembro de la desaparecida red de tráfico de drogas conocida como el Cartel del Norte del Valle (CNDV). Durante el tiempo que permaneció con el CNDV, Rodríguez supuestamente colaboró con las FARC en actividades de tráfico de drogas, pero nunca fue un miembro de la organización.
Rodríguez fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008 y recibió una reducción de sentencia por cooperar con las autoridades. Sin embargo, después de su liberación en el año 2016, fue arrestado al regresar a Colombia para que enfrentara nuevos cargos en su país.
Según El Tiempo, Rodríguez es el cuarto caso de narcotraficantes que no han logrado que se les considere como guerrilleros. En uno de los otros casos, un traficante les pagó a funcionarios corruptos para que construyeran unos antecedentes falsos de él en la guerrilla, y en el otro el individuo afirmaba que era miembro de una red de milicias y apoyo de las FARC.
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Aunque a los cuatro traficantes les han sido negados los beneficios de la desmovilización, se ha liberado un guerrillero que estaba a la espera de una decisión de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas.
Julio Enrique Lemos, alias Náder, fue capturado por fuera de una zona de desmovilización en el mes de febrero de este año, después de salir del campamento de las FARC para someterse a un tratamiento clínico contra la hepatitis B, informó El Espectador. Lemos era requerido por narcotráfico y secuestro, y tenía pendiente una orden de extradición a Estados Unidos.
Las FARC sostienen que Lemos debió haber sido liberado según los términos del acuerdo de paz, que establecen que no deben ejecutarse las órdenes de extradición o la detención de los guerrilleros con el propósito de extraditarlos por crímenes cometidos durante el conflicto.
Sin embargo, según El Espectador, los fiscales argumentaron que Lemos debía ser detenido, dado que todavía no hay ninguna ley que legalice esta disposición. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia estuvieron de acuerdo con la guerrilla, y ordenaron que Lemos fuera liberado en una zona de transición en el norte de Colombia.
Análisis de InSight Crime
Durante décadas, las FARC utilizaron el narcotráfico para financiar su lucha guerrillera, y su participación iba desde el cobro de impuestos sobre la producción de coca hasta el tráfico internacional. La confusa línea que separa el crimen organizado de la revolución armada ha representado un gran desafío para el proceso de justicia transicional, que será un aspecto clave en la desmovilización de las FARC.
Como parte del acuerdo entre el gobierno y las FARC, los guerrilleros involucrados en el narcotráfico serán absueltos. Siempre y cuando las ganancias obtenidas mediante el comercio de drogas hayan sido destinadas a apoyar la lucha guerrillera y no para beneficios personales de los combatientes. Este compromiso fue un componente clave del acuerdo que convenció a la guerrilla de deponer las armas, pero los opositores del mismo lo han debatido, pues dicen que equivale a conceder amnistía a los narcotraficantes.
Figuras como la de Rodríguez son un ejemplo de las dificultades que implica distinguir la guerra del crimen organizado, debido a su supuesta colaboración con las FARC en actividades de narcotráfico. Si bien es positivo que el gobierno haya rechazado su solicitud, queda la duda acerca de por qué las FARC habían estado de acuerdo con el hecho de que su nombre apareciera en la lista. Y si surgen otros nombres en situaciones similares, ello será aprovechado por los opositores del proceso de paz para atacar el proceso de justicia transicional.
El principal opositor al proceso de paz, el expresidente Álvaro Uribe, que siempre se ha referido a las FARC como "narcoterroristas" y las considera como el "mayor cartel de las drogas en el mundo", ha sido especialmente crítico con respecto a la amnistía concedida para el narcotráfico, y seguramente utilizará esos casos para socavar el proceso de justicia transicional.
La ironía de las críticas de Uribe consiste en que durante el proceso de desmovilización que él inició con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), muchos grandes narcotraficantes intentaron, en algunos casos con éxito, hacerse pasar como paramilitares, incluso comprando bloques de combatientes a los líderes de las AUC. Sin embargo, Uribe ha demostrado ser bastante impermeable ante las acusaciones de hipocresía durante su oposición al proceso de paz, y es poco probable que ello afecte las opiniones de sus seguidores.
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El caso de Lemos no sólo pone de manifiesto las dificultades de este proceso desde la otra perspectiva —el caso de los guerrilleros que estuvieron muy involucrados en el narcotráfico— sino que además demuestra la urgencia de establecer un marco legal para el acuerdo de paz, un proceso que se complica por las recientes sentencias de la Corte Constitucional que podrían causar largos retrasos en los debates del Congreso en torno a la legislación del proceso.
Aunque Lemos fue un caso excepcional debido a que fue capturado por fuera de una zona de transición, si estos asuntos no se resuelven antes de que las FARC terminen su transición, muchos guerrilleros más podrían encontrarse en un limbo legal similar. Otros podrán pensar que no vale la pena persistir en el proceso de paz si no hay garantías legales, y podrían volver a las acciones criminales.
El presidente Juan Manuel Santos ha respondido a esta presión política firmando recientemente 34 decretos en sólo tres días, como un intento por aprobar políticas que permitan avanzar en el proceso de paz antes de que termine el mandato temporal otorgado al presidente por el Congreso, que le permite eludir el cuerpo legislativo.
Los decretos se refieren a múltiples asuntos, desde establecer un nuevo calendario para la desmovilización de las FARC, hasta imponer medidas para limitar el tiempo que otros órganos pueden dedicar a revisar la legislación del proceso de paz. Un decreto en particular ha sido fundamental para el estatus jurídico de las FARC, el cual busca evitar situaciones como la del caso de Lemos, al suspender las órdenes de arresto para los guerrilleros que salen de las zonas de transición hasta que sean juzgados por el sistema de justicia transicional.
En esta etapa del proceso de paz, estas batallas legales y políticas podrían ser la clave para prevenir que la historia criminal de las FARC estropee el proceso de paz y la desmovilización de la guerrilla.
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