La propuesta de despenalización del uso personal de estupefacientes en Argentina, próxima a discutirse en el Congreso, está a punto de desatar un nuevo debate sobre la estrategia de seguridad del país y poner en tela de juicio las estadísticas que sustentan su éxito.
Una comisión encargada del anteproyecto de reforma amplia del código penal argentino presentará, el próximo 21 de agosto, un borrador al presidente Mauricio Macri, quien lo revisará y lo enviará a debate en el Congreso, según informó Clarín.
Entre los cambios propuestos está la despenalización de la posesión de estupefacientes para uso personal en “escasas cantidades” (el texto no especifica cuánto se consideraría “escasas”) y en el “ámbito privado”, según una versión filtrada del anteproyecto, que divulgaron varios medios de noticias.
Se dice que la propuesta también implementará penas más duras para delitos de narcotráfico en casos en los que resulten afectados menores de edad, y pena perpetua para miembros de organizaciones internacionales involucradas en narcotráfico.
Se busca alinear el código penal argentino con un fallo dictado por la Corte Suprema en 2009 que tildaba de inconstitucional la penalización de la posesión de estupefacientes para consumo personal, como lo establece la Ley de Estupefacientes en vigor (Ley 23.737), dado que va en contravía de varios derechos, incluido el derecho a la privacidad.
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Mariano Borinsky, jefe de la comisión encargada de la redacción del nuevo código penal, declaró a Clarín que el razonamiento detrás de los cambios es que actualmente la mayoría de los casos que involucran posesión de estupefacientes en Argentina terminan en sobreseimiento en los tribunales debido a la sentencia que emitió la Corte Suprema en 2009.
“La idea es que el Ministerio Público pueda apuntar y enfocarse en el crimen organizado y no en el consumidor”, acotó Borinsky.
Mariano Fusero, abogado experto en políticas de drogas, comentó a InSight Crime que este cambio es muy importante para Argentina, pero que al no definir qué se quiere decir con “ámbito privado”, la ley sigue dejando demasiados espacios abiertos a la interpretación.
“Según la actual ley, hemos visto casos en los que una persona es enviada ocho meses a prisión por tener cinco plantas de marihuana, y otra tenía 120 plantas, pero salió en libertad de manera inmediata porque se aplicó el fallo de la Corte Suprema, pues se halló que las plantas no eran para la venta”, explicó Fusero. “La mayoría de los arrestos (bajo la actual ley) se dan en las calles. Esas personas no se encuentran en el ‘ámbito privado’. ¿Cómo se aplicaría la nueva propuesta de ley? No tiene sentido crear una norma que sigue tan abierta a interpretaciones por parte de agentes de policía, fiscales y jueces. Necesitamos normas que sean claras y concluyentes”.
El tema requiere atención. El consumo de marihuana aumentó en 150 por ciento y el de cocaína se duplicó en Argentina durante 2017, según datos de la encuesta oficial más reciente.
Análisis de InSight Crime
Los cambios propuestos al código penal de Argentina buscan arrojar luz sobre la cuestión de si el consumo personal de estupefacientes es punible o no por ley, un tema que se ha mantenido en una zona gris desde el fallo de la Corte Suprema en 2009.
El fallo que establece que la tenencia de estupefacientes —siempre y cuando sea en escasas cantidades y cuando no afecte a terceros— no es punible está en vigor junto con la ley que prohíbe ese mismo acto. Por tal razón, la policía argentina ha seguido aprehendiendo a los consumidores de estupefacientes, y dejando a los jueces la toma de una decisión final en cada caso particular.
La reforma a la ley también podría, quizás de manera inadvertida, suscitar algunas preguntas más de fondo sobre el pretendido éxito de la estrategia antinarcóticos de la actual administración, y puede ayudar a dirigir los esfuerzos hacia objetivos más relevantes.
Desde su posesión, el presidente Mauricio Macri se ha fijado como prioridad la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con una estrategia centrada fuertemente en el aumento de los decomisos de narcóticos y las detenciones.
Varios expertos han señalado que los decomisos y arrestos han aumentado, porque las autoridades han ido en igual medida tras las grandes organizaciones y los pequeños consumidores.
Los delitos por drogas ocupan actualmente el segundo lugar entre los de mayor prevalencia de quienes están en prisión, según datos oficiales, y los presos han aumentado de manera más acelerada desde que Macri asumió el poder.
Varios expertos consultados por InSight Crime comentaron que no hay duda de que la despenalización de la droga afectará las cifras oficiales, e incluso puede obligar a las autoridades a repensar ciertas partes de su estrategia de seguridad.
Mariana Souto Zabaleta, experta en narcotráfico adscrita al Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), señaló que despenalizar el consumo de estupefacientes es importante, porque liberaría recursos del Estado para combatir a organizaciones criminales de mayor tamaño.
“Entre 2011 y 2016, el 36 por ciento de los casos relacionados con drogas abiertos a nivel federal tenían relación con el consumo personal. La mayor parte de esos casos nunca irán a ningún lado, pero se llevan muchos recursos del sistema. La despenalización del consumo personal de estupefacientes cambiaría esa situación”, le comentó Souto Zabaleta a InSight Crime.
“Separar los casos que tienen que ver con la estrategia de seguridad de los que no, incluir el consumo personal de drogas y centrarse en las actividades de los actores más poderosos son acciones que vuelven mucho más eficiente la lucha contra el narcotráfico”, aseguró la experta.
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