Cientos de miles de personas han sido desplazadas internamente en México debido a la violencia perpetrada por los grupos del crimen organizado, pero la mayoría todavía no han recibido la ayuda adecuada por parte de las autoridades mexicanas, que en gran medida se han hecho de la vista gorda frente al problema.
En la Segunda Conferencia Regional Humanitaria sobre Migraciones Forzadas en Bogotá, Colombia, Sarnata Reynolds –una importante asesora de Refugiados Internacional (RI) en materia de Derechos Humanos- presentó un informe de campo sobre los desplazados internos (IPDs, por sus siglas en inglés) del país, titulado "Mexico's Unseen Victims" (Las Víctimas Invisibles de México-pdf). El informe es el producto de la investigación de campo realizada por RI en México en mayo y junio de este año.
La organización encontró que las personas desplazadas por las organizaciones criminales comparten tres características: 1) huyen de la violencia extrema en las formas de asesinato, secuestro o desaparición de al menos uno de los miembros de sus familias; 2) se enfrentan a graves problemas económicos después del desplazamiento, incluyendo la dificultad para encontrar trabajo; 3) han perdido tierras y propiedades sin recibir ningún tipo de compensación económica.
Según RI, hay varias razones por las cuales los grupos criminales en México buscan el control de la tierra, incluyendo el cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas, el control de los recursos naturales, y el establecimiento de las rutas de tráfico de drogas. La organización encontró que muchos de los desplazados internos habían sido obligados a dejar sus comunidades directamente por las organizaciones criminales –ya sea perpetrando violencia contra ellos o sus familias, o amenazándolos con hacerlo- mientras que otros habían huido de la violencia causada por las disputas territoriales entre grupos rivales, por las ofensivas militares, o por los enfrentamientos con las milicias de autodefensa.
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Reynolds dijo a InSight Crime que a pesar de que el gobierno mexicano no dispone de cifras oficiales sobre el número de personas que habían huido de las organizaciones criminales, los investigadores de RI habían señalado que el desplazamiento forzoso es un fenómeno que va en aumento. Añadió que, si bien se han dado algunos esfuerzos a nivel estatal para proporcionar un refugio temporal a los desplazados internos, el gobierno federal no ha reconocido el alcance del problema, ni tampoco ha puesto en practica programas adecuados para ayudar a las víctimas.
Sin la ayuda del gobierno, una parte significativa de los desplazados internos entrevistados por RI había sido incapaz de encontrar una vivienda adecuada o un puesto de trabajo fiable. Antes de migrar, muchos de ellos habían pagado considerables rescates a los grupos criminales, y en un intento de liberar a sus familiares secuestrados, aún tenían estas deudas.
Otro grave problema identificado por RI es la falta de documentos de identidad entre los desplazados internos, lo que dificulta que los niños se matriculen en la escuela o que los adultos sean contratados legalmente. Para los grupos criminales, la falta de identificación también hace de los niños un atractivo blanco para el reclutamiento forzoso, ya que son menos propensos a ser atrapados cometiendo crímenes. Reynolds señaló a InSight Crime que entre 20.000 y 30.000 niños habían caído en las garras de las organizaciones criminales. Muchos de ellos son utilizados como guías para llevar migrantes a través de la frontera hacia Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
Hasta cierto punto la falta de visibilidad de la problemática del desplazamiento se debe al hecho de que muchas familias huyen solas o en pequeños grupos, en lugar de hacerlo en masa -un problema que también ha afectado la disponibilidad de estadísticas sobre desplazamiento en Centroamérica. En otros casos, los desplazados internos quedan ocultos entre los grandes grupos de migrantes que se desplazan por motivos ajenos a la violencia, dificultando determinar quién es quién.
Sin embargo, Reynolds cree que las autoridades mexicanas también han optado por hacer invisible el problema de los IDPs, porque es una mancha en la imagen que quieren proyectar internacionalmente: que la seguridad está mejorando y que México es un lugar seguro para invertir.
"La contranarrativa es que hay cientos de miles de personas en México que viven en un perpetuo estado de miedo", afirma Reynolds.
Aunque las cifras sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas internamente varían, el centro de pensamiento mexicano Parametría, estima que 1,65 millones de personas huyeron de sus hogares entre 2006 y 2011. Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en 2011 160.000 personas fueron desplazadas internamente en México, y los estados con las mayores tasas de desplazamiento ese año fueron Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero -todos con una significativa presencia de los carteles de la droga.
De estos lugares, la cadena montañosa de la Sierra Madre en el estado de Sinaloa se ha visto particularmente afectada. La región forma parte de una zona conocida como el “Triángulo Dorado”, conocido por el cultivo de marihuana y también de amapola -utilizada para fabricar heroína- y también se cree que es el hogar de grandes laboratorios de metanfetamina.
Cuando el Cartel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva (OBL) comenzaron a luchar por el control de la zona en 2011, los residentes fueron forzados a trabajar con los criminales o a irse. Miles dejaron las montañas. Según la organización no gubernamental Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en 2012 hasta 25.000 personas abandonaron la zona en un período de varios meses. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó a reconocer la magnitud del problema. Tratando de minimizar el papel de los carteles de la droga, las autoridades mexicanas informaron que sólo 5.000 personas habían huido, y atribuyeron parte de la migración a una grave sequía.
RI se reunió en conjunto con 80 familias que habían abandonado la región, y ninguna de ellas -o ningún otro entrevistado por la organización- mencionó la sequía o las cuestiones agrícolas como uno de los motivos para su desplazamiento. Reynolds dijo a InSight Crime que todas menos una de las familias de la cordillera de Sierra Madre habían afirmado que los carteles habían entrado a su comunidad.
Miles también han huido de Ciudad Juárez, el sitio de otra feroz batalla entre carteles rivales. Entre 2008 y 2012, el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa se enfrentaron por el control de la ciudad, en una sangrienta disputa que causó la muerte de casi 10.000 personas. Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, alrededor de 230.000 personas abandonaron la zona entre 2007 y 2010, y aproximadamente la mitad de intentó emigrar a Estados Unidos.
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Como RI y otras organizaciones han señalado, el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente para proteger y apoyar a los desplazados internos del país. En 2013, México aprobó una ley para indemnizar a las víctimas del crimen organizado y de violaciones de los Derechos Humanos, pero Reynolds dijo a InSight Crime que no quedó claro si la ley también abarcará a los desplazados internos que huyeron a causa de un temor creíble de violencia, pero que no había sido personalmente víctimas del crimen violento.
Como señaló RI en su informe, incluso sin la Ley General de Víctimas, México tiene una serie de agencias gubernamentales -incluyendo la agencia de respuesta a los desastres naturales del país- con programas existentes que podrían utilizarse para atender a la población desplazada. Por ejemplo, señaló que un programa puesto en marcha en 2006 que ayuda a las comunidades indígenas que han sido desplazadas por la fuerza, podría ser utilizado como un modelo para las víctimas de los desplazamientos forzados perpetrados por los grupos criminales. El ingrediente vital que parece faltar es la voluntad política para organizar una respuesta adecuada.
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