Desplazamiento forzado en México: el saldo oculto de la guerra

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La crisis del desplazamiento forzado a raíz de la violencia en México apenas comienza. Casi una tercera parte de los municipios del país tienen actualmente menos habitantes de los que tenían antes del aumento de los homicidios en todo el país.

En la última década la tendencia de crecimiento de población en México comenzó a cambiar en 691 municipios del país: en ese 28 por ciento del total de ayuntamientos la población disminuyó.

Aunque estos municipios que están despoblándose se reparten en todo el país, la gran mayoría se concentran en tres regiones ubicados en las principales zonas de conflicto entre organizaciones criminales: el noroeste y occidente, controlado por el Cártel de Sinaloa; el noreste, controlado por Los Zetas; y en el sureste, en los estados dominados por La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

El fenómeno de desplazamiento forzado interno también puede ser atribuido a otras causas como los desastres naturales y el desarrollo de megaproyectos de inversión, pero las zonas de mayor despoblamiento coinciden con los puntos en los que también hubo un aumento repentino de la violencia homicida. 

La violencia homicida

En el país cada año nacen más personas de las que fallecen gracias a lo cual la población del país crece, según estimaciones oficiales, a un ritmo de 1,4% anual. Esta tendencia permanece desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Sin embargo, en los últimos 10 años, en algunas partes del país surgieron y comenzaron a expandirse algunos puntos en los que la tendencia fue a la inversa: zonas que, en vez de tener cada vez más habitantes, comenzaron a perder población.

Los registros censales e intercensales del INEGI señalan que, sólo entre 2010 y 2015, 691 municipios del país comenzaron a despoblarse. 

¿Qué ha ocurrido para que en el 28 por ciento del total de los municipios la población decidiera irse?

Según el “Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México”, que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo pasado, la movilidad de las personas registrada en el país en los últimos años es originada por “una violencia diferente”. Esta es ejercida por “grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional”, y cuya operación “no se ha podido frenar por parte de las autoridades”.

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En diciembre de 2016 se cumplió una década desde la puesta en marcha de la que popularmente se denominó “guerra contra el narco” y, aunque es difícil determinar con exactitud los resultados obtenidos con esta estrategia oficial, algunos rasgos de esta confrontación entre fuerzas públicas y grupos criminales sí pueden analizarse.

Estadísticas del INEGI dejan ver, por ejemplo, que entre 2006 y 2010 en 827 municipios del país se experimentó un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes: en ellos hubo un incremento repentino de la violencia homicida, que coincide con el inicio de la guerra contra el narco. 

La violencia continuó aún después del cambio de administración federal: entre 2011 y 2015 (los últimos dos años de gobierno del expresidente Felipe Calderón y los primeros tres del presidente Enrique Peña Nieto), se registró un nuevo incremento en 106 de esos municipios que ya habían sido impactados al inicio de la guerra.

En este último lustro, otros 275 municipios se sumaron a la lista de localidades en las que aumentaron los homicidios. Así, entre 2010 y 2015, un total de 1.102 municipios del país sufrieron un aumento en esta violencia homicida. Eso equivale a 49 por ciento de los municipios del país.

Desplazamiento

Las estadísticas oficiales también dejan ver que, durante los primeros cuatro años de confrontación entre las fuerzas públicas y grupos criminales, 246 municipios del país comenzaron a perder su población. Esto creció durante los dos últimos años de gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña Nieto.

Las estadísticas del INEGI señalan que entre 2010 y 2015 el número de municipios que redujeron su población llegó hasta 691 ayuntamientos.

Este fenómeno fue documentado en octubre de 2015 por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó México. Después informó que una “de las graves violaciones a derechos humanos que ha generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México, durante los últimos años, tiene que ver con el desplazamiento interno forzado”.

Según las observaciones preliminares de la visita del organismo interamericano, esta violencia es ejercida por “grupos del crimen organizado, los cuales, en algunos casos, se encuentran coludidos con agentes estatales”.

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Uno de los testimonios recabados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ilustra dicha violencia.

“Fuimos desplazados por la delincuencia organizada”, narró una víctima de Guerrero. ” Somos 58 familias y entre esas 58 familias llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Fuimos atacados en nuestras casas […] Llegaron cinco veces a atacarnos en las casas. Ahí mataron, son 27 [víctimas fatales]. Una niña de ocho años vio cómo mataron a su mamá y a su hermano. Fue en 2012. Querían madera, plantar drogas y los minerales que hay ahí”.

Esta problemática, sin embargo, “no ha sido documentada y analizada de forma integral por el Estado, lo cual constituye el principal obstáculo, de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno”, tal como concluyó la Comisión Interamericana, al presentar en diciembre de 2015 su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el país.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el artículo original aquí.

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