Algunos observatorios afirman que el desplazamiento en Colombia está aumentando de nuevo, un fenómeno que quizá esté relacionado con los enfrentamientos entre grupos armados que buscan beneficiarse de las oportunidades criminales generadas por la posible desmovilización de la guerrilla más grande del país.
Según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Red Pluriversitaria para la Construcción de Territorios Sumak Kawsay, que fue consultado por El Espectador, por lo menos 225.842 personas de 961 municipios fueron desplazadas forzosamente de sus hogares durante 2015 —un aumento del 10 por ciento con respecto a las 204.832 víctimas de 2014—.
Mujeres, afrodescendientes e indígenas fueron afectados en diversas proporciones, representando el 53, 17 y 6 por ciento, respectivamente, del total de desplazados. Más de un tercio de los desplazados son menores de edad. Según el informe, con estas cifras el número total de desplazados en Colombia llega a 7.345.023, lo cual deja al país con una de las mayores poblaciones desplazadas en el mundo.
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El informe insta a que se tomen medidas en los departamentos de Norte de Santander (especialmente en la subregión del Catatumbo), Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Arauca, Chocó (subregión del Darién), el sur de Córdoba y Antioquia (en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca).
Una de las causas de los desplazamientos que se mencionan en el informe es la expansión de “los grupos paramilitares post-desmovilización” (también conocidos como “bandas criminales”, o Bacrim) en las zonas controladas por la guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC se están preparando para desmovilizarse tras casi cuatro años de negociaciones de paz, lo que puede llevar a que las lucrativas actividades criminales que utilizan para financiar su lucha armada queden a disposición de otros.
El informe también culpa a los neoparamilitares que están tratando de ejercer control social y a la continua actividad de la guerrilla por el permanente desplazamiento. Incluye además factores no relacionados con el conflicto, como la expropiación de tierras para la agricultura y las industrias extractivas.
A pesar del aumento que se dio en el último año, las cifras de desplazamiento en Colombia en 2015 siguen siendo bajas en comparación con los picos que se presentaron durante las administraciones de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), durante las cuales se implementaron el Plan Colombia y la política de “seguridad democrática”.
Los datos del CODHES difieren de las estadísticas generadas por la Unidad de Víctimas del gobierno, que registró una disminución de más del 40 por ciento de las personas “expulsadas” entre 2014 y 2015. Esta discrepancia se da porque la Unidad de Víctimas sólo contabiliza a las personas que se registran como desplazadas, mientras que el CODHES también procura dar cuenta del significativo número de personas desplazadas que no son registradas formalmente.
Análisis de InSight Crime
Si bien el desplazamiento interno en Colombia se ha relacionado durante mucho tiempo con el conflicto civil del país, el crimen organizado está jugando un papel cada vez más importante en la dinámica actual. Como lo señala el informe, uno de los principales factores que producen el desplazamiento es la lucha entre grupos armados que buscan tomar el control de los bastiones de las FARC antes de que se dé el posible acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno (Ver mapa abajo).
Los departamentos de Chocó y Antioquia —en los cuales ha habido un aumento en los cultivos de coca, y que tienen grandes sectores de minería ilegal y rutas estratégicas para el narcotráfico— se han visto especialmente afectados. Entre enero y mayo de 2016, el 40 por ciento de los desplazados de Colombia salieron de estos dos departamentos, según cifras del gobierno.
Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) del gobierno, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, los frentes 18 y 36 de las FARC hicieron un pacto temporal con la Bacrim más poderosa de Colombia, Los Urabeños, con el fin de controlar la minería de oro, el narcotráfico y la extorsión. Después de que este acuerdo se rompió, estallaron las hostilidades de Los Urabeños con las FARC y con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), provocando que cientos de personas abandonaran sus hogares. Al parecer, el ELN y las FARC se han unido para expulsar a Los Urabeños de la región.
Por otra parte, el conflicto en el Chocó y en otros departamentos del Pacífico está estrechamente vinculado con las rutas del narcotráfico. Las operaciones de seguridad en la costa Caribe han estado presionando a Los Urabeños a salir de sus principales rutas de tráfico y a dirigirse hacia la región del Pacífico, donde transportan drogas por los ríos hasta llegar a mar abierto. Esto ha implicado que ingresen a zonas históricamente controladas por las FARC y el ELN, lo que ha dado como resultado enfrentamientos con los grupos guerrilleros, así como el desplazamiento masivo de los habitantes.
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Otra área que está en riesgo de padecer problemas similares es el departamento de Norte de Santander, donde múltiples actores armados tienen intereses en el auge del narcotráfico. Según el SAT, hay indicios de que el ELN y la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) se están reposicionando en la región para llenar el vacío de poder que dejaría la desmovilización de las FARC.
Más al norte, en el departamento de Córdoba, según el SAT, se han presentado enfrentamientos porque las FARC y Los Urabeños se están disputando el control del narcotráfico. El informe del SAT también hace referencia a disputas entre antiguas organizaciones paramilitares por la industria de la droga en el departamento del Meta, donde las FARC aún tienen presencia.
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Sin embargo, el conflicto entre la guerrilla y Los Urabeños no es precisamente un fenómeno generalizado. En el departamento de Bolívar, ubicado al norte de país, se aprecia una dinámica diferente, dado que Los Urabeños están trabajando en una alianza con las FARC para administrar economías criminales lucrativas, a la vez que se enfrentan con el ELN por el territorio, según el informe del SAT.
Las numerosas alianzas y enfrentamientos que se están dando por toda Colombia dan cuenta de la potencial inestabilidad del hampa en el país tras un acuerdo de paz con la guerrilla. Como lo ilustra el desplazamiento continuo, es posible que este período de reajustes genere más violencia. Si bien parece que Colombia está entrando en los últimos días de su conflicto civil, el país quizá enfrentará conflictos criminales nuevos, impredecibles e inestables en los próximos años.
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