Destitución de director de la policía podría modificar equilibrio de poderes en Guatemala

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En un nuevo golpe a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en Guatemala, el Gobierno del presidente Jimmy Morales remplazó al director de la policía y a sus principales asesores, medida que generó fuertes rechazos del sector privado.

Hace una semana, el Gobierno despidió a Nery Ramos, director de la Policía Nacional Civil (PNC), así como a los subdirectores Stu Velasco, Edwin Mayén y Rony Espinoza. En un comunicado del 27 de febrero, el Ministerio de Gobierno, del cual depende la policía, señaló que el ministro, Enrique Antonio Degenhart Asturias, está intentando “oxigenar la institución”.

Por su parte, el viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, señaló que dicha medida hace parte de la reestructuración del Ministerio desde que él y Degenhart Asturias asumieron sus cargos en enero.

“Se ha hecho una evaluación exhaustiva en este mes que se lleva de administración y se han realizado acciones administrativas en torno a la remoción del personal policial”, dijo Rivera. (Vea el video abajo).

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), asociación comercial que reúne a los líderes empresariales más importantes del país, consideró que la decisión es “inconveniente“.

Expresando apoyo al exdirector de la policía, los representantes del sector privado argumentaron que Ramos había logrado reducir el crimen en el país, particularmente las tasas de homicidio.

En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala también expresó su gratitud a Ramos por su trabajo.

Análisis de InSight Crime

El reciente despido de los directivos de la policía parece ser un nuevo intento de Morales y sus aliados por protegerse de las investigaciones criminales. Sin embargo, al parecer lo que hizo fue distanciar a poderosos actores del sector privado de los diferentes grupos que apoyan a Morales y a su administración.

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Este no es el primer polémico cambio de directivas que ha hecho el presidente Morales en los últimos meses.

En enero, el presidente despidió a Juan Francisco Solórzano Foppa, quien, como director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), desempeñó un papel clave en importantes casos contra la corrupción investigados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas.

Poco después, también fue despedido Francisco Rivas, ministro de Gobernación y aliado de la CICIG y del Ministerio Público.

Sin embargo, lo que llama la atención en el caso del director de la policía, Nery Ramos, es la reacción del CACIF frente a su despido.

Después de expresar su desacuerdo frente a la decisión del presidente Morales, el CACIF fue un paso más allá. En un evento celebrado el 28 de febrero para presentar el Frente Ciudadano contra la Corrupción, destacados miembros de la élite empresarial se unieron a líderes indígenas, representantes de organismos sin ánimo de lucro, académicos y activistas, en una muestra de apoyo público al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y a la fiscal general, Thelma Aldana.

El mismo día, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, se reunió con el presidente Morales en Guatemala e insistió en la importancia de la lucha contra la corrupción en el país.

“Le expresé que nosotros apoyamos a la CICIG y a su comisionado”, le dijo Haley a la prensa de Guatemala.

Haley también se reunió con el comisionado Velásquez y la fiscal general Aldana durante su visita a Guatemala.

El despido de Ramos debe entenderse como parte de la tensión entre el presidente Morales y la CICIG y la Fiscalía General, que se convirtió en toda una guerra cuando las dos instituciones abrieron una investigación en torno a la posible financiación ilícita de la campaña presidencial de Morales. La fiscal general incluso presentó una petición para despojar a Morales de la inmunidad presidencial, con el fin de iniciar una investigación criminal, pero el Congreso rechazó la solicitud.

Los recientes cambios en el Gobierno están estrechamente relacionados con estas tensiones, y tienen que ver con instituciones y funcionarios que han participado activamente en investigaciones de corrupción que involucran a Morales y a otros miembros influyentes de la élite política y económica de Guatemala, como el expresidente Álvaro Arzú, quien es el actual alcalde de Ciudad de Guatemala.

El primer cambio realizado como parte de las reformas de seguridad adelantadas por el Gobierno, el despido del ministro Rivas, coincide con una transformación radical en la retórica oficial del Gobierno. Pocos días después de asumir el cargo, el sucesor de Rivas, Degenhart Asturias, cambió la retórica de priorizar la lucha contra la corrupción, para darle prioridad a la lucha contra las pandillas (que no son una amenaza tan grave en Guatemala como sí lo son en Honduras y El Salvador).

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Si bien las directivas de la policía nunca expresaron verbalmente su apoyo a la Fiscalía General y a la CICIG, la policía sí jugó un papel esencial en las investigaciones. Según fuentes de la Fiscalía General que hablaron con InSight Crime en Ciudad de Guatemala, las unidades investigativas de la policía fueron especialmente importantes porque impidieron que se filtrara información delicada sobre las redadas y capturas.

Antes de la expulsión de las directivas policiales, se consideraba que la mayoría de los líderes empresariales formaban parte del bloque que apoyaba al presidente Morales. Muchos analistas incluían al CACIF en este bloque debido a que algunos miembros de dicho comité enfrentaban el riesgo de ser enjuiciados por crímenes como evasión fiscal, pago de sobornos y financiamiento ilícito de campañas electorales.

Con la expulsión de Ramos, el apoyo a Morales parece haberse agrietado.

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