Destitución del superintendente tributario, nueva jugada del statu quo de Guatemala

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Juan Francisco Solórzano Foppa, director de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, fue siempre un superintendente provisional, a pesar de sus logros. Su destitución del gobierno, la semana pasada, lo que indica es que las fuerzas que controlan las palancas del poder en el país centroamericano irán contra los que se oponen al sistema corrupto.

Solórzano Foppa —o Foppa, como todo el mundo lo llama— fue despedido de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) después de que el Ministerio de Finanzas señalara que no había cumplido con las metas establecidas por la institución. Nadie cree esta justificación. Foppa se quedó corto por un 0,3 por ciento este año, en el que la SAT tuvo recaudos históricos.

“La destitución de Solórzano Foppa solamente puede interpretarse como la mejor muestra de un retorno al pasado”, escribió La Prensa Libre, el periódico más importante del país, en un editorial sin firma, refiriéndose a un período en el que las redes corruptas dominaron Guatemala.

Quizá Foppa sabía que estaría en el cargo por un corto tiempo. Él proviene de una familia revolucionaria, acostumbrada a tragedias y reveses de fortuna. Su abuelo era comunista, miembro del Partido de Trabajadores de Guatemala, un partido que se enfrentó a la dictadura y luego ayudó a subir al poder a un presidente reformista, Jacobo Arbenz, quien fue derrocado en 1954 por las fuerzas de extrema derecha con la ayuda de Estados Unidos.

La abuela de Foppa, Alaíde Foppa, era feminista, profesora universitaria, célebre poeta y activista de los derechos humanos. Fue secuestrada y desaparecida, presumiblemente por el ejército, en 1980.

Los padres de Foppa eran guerrilleros. Su padre, quien era conocido como “Comandante Camilo”, fue uno de los primeros miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Fue asesinado por el ejército cuando el EGP estaba tratando de crear milicias urbanas en la década de los ochenta. Dos de sus tíos, que eran guerrilleros, también murieron en la guerra.

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Curiosamente, Foppa decidió trabajar para el Gobierno, inicialmente en la Fiscalía General, donde trabajó durante 12 años. En 2013 se convirtió en director de la unidad de análisis de la Fiscalía General. Allí, junto con otros funcionarios, hacía diagramas de casos que tenían grandes consecuencias para el país. El más importante de estos casos era el de La Línea, un enorme esquema de corrupción en la sección de aduanas de la SAT, que condujo en 2015 a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Pérez Molina y Baldetti están todavía en la cárcel, mientras el caso cursa en el sistema judicial.

En 2016, el gobierno recientemente electo de Jimmy Morales nombró a Foppa como viceministro de Seguridad. Foppa hizo parte de un grupo de funcionarios de la Fiscalía General que fueron seleccionados para cargos importantes en el Gobierno. En este grupo se encontraba Francisco Rivas, quien actualmente es ministro del Gobierno.

Estos exfiscales, junto con la fiscal general, Thelma Aldana, han conformado el ala del Gobierno de lucha contra la corrupción. Han trabajado de la mano con la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por la ONU, y con su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, para derrocar las arraigadas fuerzas del Estado de Guatemala, muchos de cuyos miembros son exmilitares que tienen vínculos con las redes criminales.

Algunas de estas mismas redes militares respaldaron a Jimmy Morales. El partido de gobierno, al cual pertenece Morales, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), es el vehículo de los exmilitares de línea dura. Ninguno de ellos toleraba que Foppa, a quien se referían como un “guerrillero”, fuera el jefe de seguridad, por lo que el gobierno de Morales lo trasladó a la SAT.

A Foppa pareció no afectarle este traslado. Se concentró en depurar el sistema de las sofisticadas redes criminales como las que dieron origen a La Línea, y de otros corruptos menores que sólo buscaban sacar provecho de su poder burocrático. Utilizó los gráficos que realizó con su equipo de trabajo cuando se desempeñaba como analista en la Fiscalía General para identificar focos de corrupción, que eran casi siempre los designados por los políticos.

Foppa además sometió a los polígrafos a quienes ocupaban los cargos más altos, y creó una unidad de asuntos internos, que inició las investigaciones sobre las millonarias estafas que estas redes le hicieron sistemáticamente al Gobierno. En total, 800 personas fueron despedidas, y cientos más se retiraron voluntariamente; todas ellas fueron remplazadas por 1.500 empleados.

“Encuentro difícil que Guatemala encuentre otro Superintendente de Administración Tributaria con tanto conocimiento”, le dijo a la prensa la fiscal general Aldana cuando Foppa fue despedido.

Foppa también persiguió a los más flagrantes evasores de impuestos. Entre éstos se encuentran Aceros de Guatemala, una de las empresas más antiguas y reconocidas del país. A comienzos de 2016, la SAT, la Fiscalía General y la CICIG anunciaron que la empresa había estado evadiendo impuestos sistemáticamente, por lo que quince personas, entre ellas el ex superintendente de la SAT, fueron detenidas y acusadas en el caso. La empresa pagó una multa de 783 millones de quetzales (más de US$100 millones).

Pero Foppa cometió algunos errores. Varios representantes del sector empresarial privado, por ejemplo, se quejaron de que las infracciones eran tratadas como casos criminales, en lugar de considerarse casos administrativos. Foppa pudo haber creado una relación más productiva con el ala más progresista del sector económico.

A Foppa parecía no preocuparle mucho su reputación ni su futuro. Durante una reunión con sus jefes en el ministerio, aparentemente les dijo que “no le importaba lo que otros pensaran de él”, y procedió a contradecir a sus superiores.

Además, hacía comentarios públicos incómodos, una práctica muy riesgosa en cualquier empresa. Por ejemplo, en diciembre pasado publicó en su cuenta de Twitter una lista de compañías que la SAT y la Fiscalía General sospechaban que eran “de cartón”, y exigió que rindieran cuentas.

Además tocaba temas de carácter altamente político; por ejemplo, recientemente expresó en Twitter que Guatemala necesitaba encontrar una “fórmula” para resolver las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, como la que se cometió contra su abuela.

Estos pronunciamientos abiertamente políticos no caían bien, sobre todo en el sector más conservador de las élites tradicionales y entre los exmilitares del gobierno de Morales.

Además, Foppa solía responder a los ataques de los sectores de derecha. Cuando un líder de los ganaderos, que estaba en la mira de la SAT por evasión, dijo que el país no necesitaba “izquierdistas”, gritando “fuera Foppa” en una reunión pública en el mes septiembre con el presidente Morales, el superintendente volvió a responder en Twitter.

“Que un sector informal y evasor como el ganadero, pida mi salida, es un elogió a mi gestión”, escribió en la red social. “Pagarán más temprano que tarde, denlo por hecho”.

La superintendencia de la SAT no era la única entidad que iba tras el statu quo del país. La Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno y la CICIG trabajaban en numerosos casos importantes que involucraban, entre otras personas, al hijo del presidente Morales, a su hermano y a su partido político.

Los enfrentamientos se agudizaron en agosto de 2017, cuando, tras una serie de acusaciones contra el FCN y otro partido político, Morales declaró persona non grata al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y trató de expulsarlo del país. Su ardid no funcionó, pero condujo a la renuncia de Foppa, Rivera (ministro de Gobierno) y muchos otros funcionarios. Morales no aceptó las renuncias, y los altos funcionarios continuaron en sus cargos.

Aun así, quedó claro que desde entonces el ala de lucha contra la corrupción del Gobierno de Morales ha estado contando sus días. Las cosas empeoraron cuando la Fiscalía General y la CICIG implicaron a Álvaro Arzú, expresidente del país, que actualmente es alcalde de Ciudad de Guatemala, en un esquema de corrupción relacionado con Byron Lima, excapitán del ejército que era llamado “el rey de las prisiones” y que fue asesinado en 2016. Arzú es un importante actor político y económico, y muy pronto logró alinear sus fuerzas. Este mes, su hijo se convirtió en presidente del Congreso.

Es en este contexto en el que Foppa fue despedido por no haber cumplido la meta de la SAT en un 0,3 por ciento.

“Yo creo que [hay] algunos sectores que van a estar felices con esta noticia”, le dijo a una estación de radio pocas horas antes de ser despedido.

Parece que Rivas, el ministro de Gobierno, será la próxima figura importante de este sector reformista cuya cabeza podría rodar. Hay rumores de que él podría adelantarse a la jugada y postularse al cargo de fiscal general, dado que el período de Thelma Aldana en la Fiscalía General terminará en el mes de mayo, y el sector que lucha contra la corrupción necesita un candidato fuerte… y algunas oraciones.

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