Difamación y Violencia Política en las Elecciones Locales de México

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La violencia y la difamación política han aumentado a la par desde la primavera, a lo largo de las zonas de México plagadas de narcotraficantes, donde tendrán lugar las elecciones estatales y locales el 7 de julio.

En un video del 22 de junio, aparece el guardaespaldas secuestrado del Gobernador de Sinaloa Mario López Valdez, quien acusa a su jefe y a los miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad del Estado de trabajar a nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, del Cartel de Sinaloa.

Frank Armenta, un policía estatal adjunto al personal de seguridad del gobernador, dijo que él estaba haciendo las acusaciones para que “el gobierno federal vea lo que está pasando y tome acción”, en contra de López Valdez, muy conocido por el apodo de Malova. Armenta presuntamente fue secuestrado el 4 de junio por desconocidos en la parte norte del estado de la Costa Pacífica.

“¡Qué barbaridad, lo que se está haciendo bajo el nombre de Malova!”, dice Armenta en el video de 55 minutos, que incluye conversaciones telefónicas del gobernador y sus principales funcionarios de seguridad, las cuales fueron grabadas a escondidas. “Todas estas pruebas que les estoy dando son mantenidas en secreto por el gabinete de mi jefe, Malova”.

 

López Valdez rápidamente negó las acusaciones, arguyendo que Armenta había sido torturado para hacer el video.

“(…) Si le piden que declare que el gobernador mató a Bin Laden, o incluso al mismo Michael Jackson, lo va a decir porque está obligado”, dijo López al diario El Debate de Sinaloa, el 27 de junio.

Sentado en un sofá en una habitación vacía, Armenta no luce agobiado en el video, mientras habla sobre las conversaciones telefónicas intervenidas como lo haría un presentador de televisión. El gobernador no ha hecho comentarios sobre los detalles de las conversaciones grabadas, cuyo supuestamente irrefutable contenido puede ser interpretado de maneras menos maliciosas.

Ni López ni nadie ha hecho comentarios sobre quién grabó las conversaciones telefónicas del gobernador o cómo lo hicieron. Tales intervenciones telefónicas han sido un factor común en los escándalos políticos mexicanos de la última década.

Armenta dice que estuvo presente en una reunión de 2011 –poco después de que López asumiera el cargo– en la que el gobernador planeó con Guzmán y con su compañero del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, la forma de proporcionarles protección del Estado. Guzmán ha venido librando una guerra sangrienta con sus antiguos aliados –incluyendo al clan de los Beltrán Leyva– en varias zonas del estado, especialmente alrededor de la norteña ciudad de Los Mochis.

A principios de mayo, hombres armados le hicieron una emboscada al jefe de policía de la ciudad de Ahome –donde López alguna vez sirvió como alcalde–, al sur de Los Mochis, matando a cuatro de sus guardias de seguridad. El jefe, Jesús Carrasco, es acusado en el video de trabajar a favor de Guzmán.

También la semana pasada, la coalición política de López anunció que se retiraba de las elecciones locales en Sinaloa de Leyva, un municipio donde el primo del gobernador era candidato a alcalde. La medida se tomó después de que un alto asesor del candidato fuera asesinado.

“Sí puedo pensar que la delincuencia trata de meterse en un proceso electoral con acciones de esta naturaleza”, declaró López a los periodistas.

Las acusaciones contra López grabadas en video son las más sintomáticas de violencia política y acusaciones de corrupción que rodean las elecciones locales y estatales de este fin de semana. Además de Sinaloa, las elecciones se celebran en otros estados asediados por el crimen –Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Durango, Zacatecas y Veracruz–; y en los menos violentos como Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla y Aguascalientes.

La semana pasada en Aguascalientes, funcionarios adscritos al partido del Presidente Enrique Peña Nieto –el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– anunciaron que habían desmantelado un refugio perteneciente a la Familia Michoacana. El refugio presuntamente contenía material relacionado con la campaña, apoyando a un candidato a alcalde por el partido de la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del estado.

Posteriormente, la policía admitió que había decomisado carteles de la campaña y otros materiales de la casa, que promocionaban candidatos del PRI y un partido escindido. El candidato del PAN ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado.

“El gobierno, el fiscal y el PRI de Aguascalientes habrían escrito uno de los peores guiones en la hartada historia de infamias electorales mexicanas”, concluyó el presentador de noticias de difusión nacional, Ciro Gómez Leyva en su columna habitual en el diario Milenio. Luego pasó a llamar el asunto “basura priista.”

Análisis de InSight Crime

Si toda la política es local, en última instancia, entonces también lo es todo el crimen organizado.

Los gobiernos locales y estatales favorables pueden mejorar la capacidad de los narcotraficantes de México para operar. Así que es impensable que no tomarían un interés activo en las elecciones de este domingo.

La participación depende de los intereses criminales de los grupos, más que de cualquier ideología particular. Pero enfrentarse a un oponente con vínculos con el crimen organizado siempre ha sido un juego justo en las campañas mexicanas, pero nunca tanto como ahora en medio del mosaico fracturado y polémico del país.

Las acusaciones contra López Valdez se han hecho antes, comenzando con pancartas colgadas en Sinaloa en 2011, acusándolo de conspirar con el Chapo Guzmán. Pero surgieron de nuevo ahora en medio de las investigaciones sobre la supuesta corrupción de los ex gobernadores Andrés Granier en el sureste del estado de Tabasco, y Luis Armando Reynoso de Aguascalientes.

Granier pertenece al PRI de Peña Nieto y Reynoso al PAN, el partido conservador del ex Presidente Felipe Calderón. El mismo López renunció al PRI cuando el partido no lo eligió como su candidato a gobernador en Sinaloa en 2010. López ganó la legislatura estatal con una coalición multipartidista que incluyó al PAN.

Un tribunal federal de Estados Unidos, el pasado viernes, condenó a Mario Villanueva, ex gobernador priista de Quintana Roo (que incluye a Cancún y las playas circundantes), a 11 años de prisión por lavar millones en dinero de sobornos de narcotraficantes durante su gobierno a finales de 1990.

Sin embargo, aparte de las acusaciones en contra de López, la maldad infundida por el crimen este año se ha limitado en gran medida a los funcionarios electos, antiguos o actuales, en las ciudades más pequeñas, y los que hacen campaña para reemplazarlos. Varios alcaldes y ex alcaldes han sido asesinados en las últimas semanas.

El ambiente actual parece leve en comparación con la tensa época de campaña de hace tres años, que fue interrumpida por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, a pocos días de las elecciones. En medio de la feroz guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas, la caravana de campaña de Torre fue emboscada por hombres armados cerca del aeropuerto de la capital del estado.

El entonces presidente Calderón llamó el asesinato “un acto no sólo contra un candidato de un partido político, sino contra las instituciones democráticas” que “requiere una respuesta unida y firme por parte de todos aquellos que trabajan por la democracia.”

Las autoridades culparon a los grupos políticos rivales de estar aliados con un grupo u otro para el ataque. Pero el asesinato nunca fue resuelto o incluso seriamente investigado. El hermano de Torre, Egidio, fue elegido gobernador en su lugar, pero nunca ha insistido, al menos públicamente, en que se aclare el caso.

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