Ciudad Juárez ha reducido drásticamente los homicidios en los últimos años, pero la falta de claridad sobre cómo y por qué sucedió esto hace que sea difícil replicar estos logros en los lugares críticos de violencia actualmente en México.
Desde 2010, las autoridades mexicanas han implementado una serie de reformas a la seguridad y a los programas sociales que han facilitado el paso de Juárez de ser la capital mundial del crimen a una ciudad peligrosa más en la frontera con Estados Unidos, según un reciente informe (pdf) del International Crisis Group (ICG). Juárez registró 424 asesinatos en 2014, lo que representa para la ciudad una tasa de homicidios que, aunque sigue estando por encima del promedio nacional, es seis veces menos que la tasa de homicidios en 2010.
La reforma más ambiciosa y con más alcances fue Todos Somos Juárez (TSJ), implementada en 2010 por el expresidente Felipe Calderón. Durante 2010 y 2011, este plan invirtió más de US$380 millones en “programas sociales diseñados para hacer que las comunidades, especialmente los jóvenes, fueran más resistentes al crimen violento”, según el informe. Esto incluyó la construcción de nuevos centros comunitarios, hospitales y escuelas en sectores de bajos ingresos de la ciudad.
La iniciativa TSJ también estableció grupos de trabajo, uno de los cuales sigue activo y está compuesto por asociaciones empresariales, grupos profesionales, la comisión de derechos humanos de la ciudad y la universidad local. Esta “Mesa de Seguridad” se reúne con autoridades locales y federales dos veces al mes para discutir los planes para reducir el crimen en Juárez.
Como lo documentó InSight Crime, Calderón también redujo el papel de los militares en Juárez y le asignó mayores responsabilidades de seguridad a la policía local. La militarización de las fuerzas de seguridad en la ciudad había conducido a un “dramático aumento en violaciones de los derechos humanos”, según un estudio realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), citado en el informe del ICG. Sin embargo, el jefe de policía de Juárez que asumió el cargo en marzo de 2011 utilizaba tácticas altamente agresivas en la lucha contra el crimen y también fue acusado de violaciones generalizadas de los derechos humanos.
Cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012, reemplazó el TSJ por un programa nacional de prevención del crimen, conocido como PRONAPRED. Esta iniciativa ha asignado unos US$6 millones a Juárez cada año desde 2013, fondos que han estado dirigidos a múltiples programas sociales, según el informe.
Aparte de reducir los asesinatos, Juárez ha logrado un éxito notable en la disminución de otros indicadores de delincuencia desde 2012. Según el informe, no se han reportado secuestros en Juárez desde septiembre de 2013, y los robos de autos, así como los asaltos a casas, han disminuido significativamente.
Análisis de InSight Crime
Según muchos analistas de derechos humanos, México es justamente criticado por la militarización de la seguridad nacional, que ha demostrado dar como resultado mayores violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, cabe señalar que Calderón y Peña Nieto han mostrado cierta flexibilidad política en el tratamiento de la delincuencia y la violencia en Juárez.
La militarización durante la guerra contra las drogas en México ocurrió bajo la supervisión de Calderón y ha disminuido ligeramente durante la administración de Peña Nieto. Pero en Juárez, por lo menos, parece que ambos mandatarios han reconocido que, incluso en una ciudad en condiciones de guerra, el despliegue de soldados entrenados para el combate es una estrategia con graves inconvenientes.
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Además de esa lección, sin embargo, no está claro lo que Juárez les enseñó a los diseñadores de políticas que buscan replicar la misma fórmula en otras ciudades mexicanas que experimentan sus propias crisis de seguridad. La inversión en programas sociales en barrios de alto riesgo y la creación de grupos de trabajo ciudadano probablemente facilitaron la drástica disminución de los asesinatos en Juárez durante los últimos cuatro años. Pero según el ICG, “el impacto de estos esfuerzos nunca fue evaluado, por lo que en gran parte se desaprovechó la oportunidad de crear programas innovadores y sostenibles, sujetos a revisión y evaluación externas”.
Por no llevar a cabo evaluaciones del impacto de los programas en Juárez, México perdió una valiosa oportunidad de entender mejor cuáles intervenciones de prevención del crimen fueron efectivas y cuáles tuvieron un efecto insignificante sobre la seguridad ciudadana. Sin estas evaluaciones, será mucho más difícil determinar cómo aplicar políticas eficaces en otras ciudades mexicanas.
En ese sentido, las autoridades mexicanas fallaron en Juárez, porque el objetivo era aplicar lo que aprendieron allí en otras ciudades sacudidas por la violencia. “El objetivo era Juárez, pero la idea hubiera sido desarrollar un plan de impacto colectivo que pudiera ser utilizado en todo el país”, le dijo a ICJ Enrique Betancourt, quien dirigió el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana durante la administración Calderón.
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Por supuesto que hay numerosas variables que influyen en la violencia urbana, desde problemas socioeconómicos, pasando por las dinámicas criminales, hasta incluso la forma como las autoridades persiguen a los capos de la droga. La confluencia de muchos de estos factores en Juárez (como la reactivación económica de la ciudad y el final de una sangrienta guerra entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez) quizá ha hecho difícil evaluar la magnitud del impacto de los programas gubernamentales en la reducción del crimen, aunque se hayan llevado a cabo evaluaciones rigurosas e independientes.
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