Las dimensiones ocultas de la extorsión en Guatemala

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El masivo subregistro de la extorsión en Guatemala dificulta evaluar el alcance del crimen, según una agencia de investigación del gobierno, pero lo que está claro es que se ha convertido en una gran fuente de problemas para la población.

En un informe titulado “Entendiendo el fenómeno de extorsiones en Guatemala“, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señala que, después de los homicidios, la extorsión es el segundo mayor problema de seguridad de los guatemaltecos. Sin embargo, las cifras disponibles no cuentan la historia completa.

“Las denuncias pueden dar una idea de la evolución del delito, pero con serias limitaciones en su interpretación”, afirma el CIEN.

CIEN señala las significativas diferencias entre las estadísticas de extorsión recopiladas por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre enero y septiembre de 2014, la policía registró 5.009 casos de extorsión, y el MP 5.997. Asimismo, el MP registró 9.448 casos en 2010 y la PNC contó menos de 6.000.

Mientras tanto, la Fuerza de Tarea contra Extorsiones (FTE) de la policía ha contabilizado alrededor de 12.000 casos de extorsión desde que fue creada en 2012, con un 80 por ciento de los autores operando desde las cárceles. Sin embargo, el sistema penitenciario del país sostiene que sólo un 5 por ciento de las extorsiones son realizadas desde las prisiones.

Según informes policiales, la mayor parte -cerca de 70 por ciento- de los casos de extorsión denunciados entre 2011 y 2014 tuvieron como objetivos casas de familia, mientras que el 23 por ciento de las empresas fueron víctimas de extorsión y el 6 por ciento estuvo concentrado en el sector del transporte.

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Lo que sí dejan claro tanto las cifras de la PNC como las del MP es que después de 2004 hubo un aumento en los reportes de extorsión, aunque se ha producido un ligero descenso en los últimos dos años. CIEN plantea la hipótesis de que el aumento especialmente dramático después de 2008 se pudo deber a las nuevas medidas contra la extorsión que animaron a la gente a denunciar el delito. Estas incluyen una reforma realizada en 2009 a la ley existente que definía el delito de extorsión y sus sanciones; y la creación en 2009 de el Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (PANDA) de la PNC -dedicado a la investigación de las pandillas y la extorsión- y de una unidad antiextorsión en el MP.

A pesar del incremento en los casos reportados, sólo 7.622 casos de extorsión llegaron al sistema judicial entre 2005 y 2014, y 1.838 resultaron en una condena.

Análisis de InSight Crime

El informe de CIEN pone de relieve cómo la llamada “cifra negra” -el número de delitos que no se denuncian, debido a factores como miedo a las repercusiones o la creencia de que reportar no producirá resultados- oculta la verdadera magnitud de la extorsión en Guatemala. Con sólo el 15 por ciento de los casos reportados -e incluso una cantidad menor que entran al sistema judicial- y menos del 4 por ciento resuelto a favor de la víctima, no es difícil entender el por qué de la existencia de esta brecha en los informes.

Algunas cifras no oficiales ayudan a dar una idea de la magnitud del subregistro.

En un país de poco más de 14,5 millones de habitantes, las estadísticas oficiales indican que incluso en 2010 -el año con el mayor número de denuncias de extorsión, según el MP- seis de cada 10.000 guatemaltecos fueron víctimas del delito. Y, sin embargo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cifras de encuestas a lo largo de Latinoamérica indican que la extorsión se produce en más de 10 veces esta tasa, u ocho casos por cada 1.000 habitantes (pdf).

Hay varias indicaciones de la inseguridad causada por la extorsión en Guatemala. Según una ONG, 700 guatemaltecos fueron asesinados por extorsionadores entre enero y julio de este año. Presuntamente los sectores más vulnerables a este crimen serían las pequeñas empresas, las pequeñas granjas y los mototaxis. En agosto de este año un centro comercial entero fue cerrado en Mixco, a las afueras de la ciudad de Guatemala, después de que extorsionadores dijeran a los propietarios de las tiendas que cada uno tendría que pagar regularmente unos US$655 dólares para poder seguir operando. La amenaza de la extorsión también ha dado lugar a la suspensión de las principales rutas de autobús, mientras que cerca de 100 conductores de transporte público fueron asesinados en el primer semestre de 2013 -muchos probablemente en asesinatos relacionados con extorsión.

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Se cree que los grupos dedicados a esta actividad ganan unos US$61 millones al año -una cifra que, como el resto de las estadísticas del gobierno con respecto a la extorsión, podría estar siendo significativamente subestimada.

Y las pandillas callejeras “maras” del país -como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13)- no son los únicos grupos que se aprovechan del comercio. De hecho, el gobierno estima que las pandillas callejeras son responsables de alrededor de un tercio de los casos de extorsión, con una gran cantidad de grupos de extorsión a pequeña escala que componen el otro 65 por ciento. Agentes corruptos de la policía también contribuyen: según el ministro del Interior de Guatemala, más de 1.000 policías han sido retirados de la fuerza desde 2012 por delitos como secuestro y extorsión.

El informe de CIEN se presenta pocos meses después de que el gobierno de Guatemala anunciara un nuevo plan de lucha contra la extorsión que involucra una línea telefónica para que las víctimas denuncien el delito a un grupo especializado de fiscales.

Pero para poder animar a los ciudadanos a denunciar la extorsión -un primer paso hacia una solución adecuada del problema- las autoridades primero tendrán que ganar su confianza. El paso más obvio en este sentido sería demostrar que el sistema judicial es capaz de procesar con éxito los casos de extorsión. Guatemala ya ha experimentado con procesamientos masivos -como en un caso histórico que vio a 86 pandilleros condenados en un juicio conjunto- aunque esto estaría acompañado de cuestiones de Derechos Humanos.

CIEN señala la necesidad de una política integral de lucha contra la extorsión y la creación de un organismo único responsable de la coordinación de las investigaciones y la recopilación de datos sobre el crimen, en lugar de varias unidades que dependen de diferentes organismos gubernamentales y de seguridad.

Como medida de corto plazo, la agencia propone la realización de encuestas de victimización para tener una idea del verdadero alcance e impacto de la extorsión.

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