Un reciente informe describe una serie de recomendaciones dirigidas a reducir la impunidad y la inseguridad en Guatemala en los próximos diez años. Sin embargo, el inadecuado financiamiento levanta dudas sobre si las propuestas realmente serán ejecutadas.
El 10 de noviembre, representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron un informe conjunto titulado “Un camino para la justicia” (pdf), que incluye recomendaciones para mejorar la seguridad y reducir la impunidad en Guatemala entre 2014 y 2023.
Según el informe, los casos de homicidios en 2012 tuvieron una tasa de impunidad del 72 por ciento (una disminución con respecto al 95 por ciento de 2009). Por otro lado, de más de 520.000 casos judiciales, sólo el 8,7 por ciento terminaron en condenas.
Uno de los problemas que identificó el informe es la falta de policías en Guatemala. En 2013 había sólo 1,8 policías por cada 1.000 personas, muy por debajo del estándar recomendado internacionalmente de 4 policías por 1.000 habitantes. El informe señala entonces que es necesario desplegar 40.000 policías más (de modo que la tasa ascienda a 3,5 por cada 1.000 habitantes).
Además, el informe hace un llamado a mejorar el sistema penitenciario del país, que tiene una tasa de sobrepoblación del 228 por ciento; extender las fiscalías municipales al 53 por ciento de los municipios, y crear un instituto para las víctimas de la violencia, el cual proporcionaría asistencia jurídica a quienes carecen de recursos suficientes. El informe también recomienda mejorar la tasa de un juez por cada 18.400 ciudadanos en Guatemala, que es la peor tasa en Centroamérica.
Se prevé que llevar a cabo los pasos de la reforma judicial propuesta para 2023 costaría alrededor de US$1,38 mil millones.
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Sin embargo, el informe hace énfasis en que el Ministerio Público no puede operar eficientemente por falta de recursos. Durante la presentación del informe, Mayra Veliz, secretaria general del Ministerio Público, señaló que, pese a que el Congreso aprobó un presupuesto de más de US$143 millones para 2015, el Ministerio Público había recibido hasta ahora solamente unos US$94 millones de estos fondos.
Análisis de InSight Crime
El informe menciona las dificultades que enfrenta el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, para mejorar la seguridad y la justicia en Guatemala.
No está claro de qué manera su gobierno encontrará los fondos necesarios para llevar a cabo las reformas propuestas. En 2013, Guatemala invirtió 1,6 por ciento de su PIB en el orden público y la seguridad —cifra que se considera el menor porcentaje del PIB invertido en esta área, en relación con los demás países de Centroamérica—. Sin embargo, esta pequeña porción del presupuesto del gobierno palidece en comparación con el casi 8 por ciento del PIB que se estima que Guatemala invierte para enfrentar la violencia y la inseguridad cada año (aproximadamente US$7 mil millones).
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Con el fin de recaudar los fondos necesarios, Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, ha propuesto crear un impuesto temporal sobre los activos que sobrepasen cierto valor. Sin embargo, la importante asociación empresarial guatemalteca Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) no tardó en criticar las recomendaciones de Velásquez, diciendo que el país debe implementar una reforma fiscal para evitar la supuesta malversación de US$2,6 millones de fondos del gobierno cada año.
Esto recuerda las antiguas conversaciones sobre impuestos para la seguridad que nunca se implementaron, y que se vieron congeladas por el riesgo de dañar las relaciones entre el gobierno y el sector empresarial privado. Tales propuestas de un impuesto de seguridad también han provocado controversia en países vecinos de Guatemala, como Nicaragua y El Salvador.
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