Disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas venezolano

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Su verdadero nombre es Miguel Díaz Sanmartín, pero en realidad todos lo conocen como “Julián Chollo”, el alias que le dieron cuando ingresó en 1996 a las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con apenas 20 años de edad. De no ser por su marcado acento y el uniforme verde oliva sin insignias que viste aún después de haberse desmarcado del acuerdo de paz, firmado por el grupo guerrillero en noviembre del 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos, pasaría por un indígena más del Amazonas venezolano, uno de los estados fronterizos con Colombia donde Julián controla todo lo que entra, se produce y sale de las minas ilegales de oro que devoran el corazón del Parque Nacional Yapacana.

Aun cuando cuenta con un anillo de seguridad que lo sigue a todos lados Julián es percibido como un “lobo solitario”, lo que sumado a su carrera de ex guerrillero ayudó a tejer a su alrededor temor y respeto entre quienes lo conocen o solo han escuchado hablar de él.

De baja estatura, piel mestiza y ojos rasgados característicos de los indígenas descendientes de los gorrones que habitaron El Dovio, un municipio de Colombia situado al sur- oeste de ese país, Julián inició su trayectoria guerrillera en el Frente 40 Jacobo Arenas y luego en el Acacio Medina, donde figuró apenas en el 2012 en los organigramas como cuarto “reemplazante”, sin volver a cambiar de posición. A pesar de haber tenido un mando medio en la guerrilla su nombre resonó cuando el Estado Mayor Central de las FARC, lo expulsó de la organización junto a cuatro comandantes que lideraban las disidencias “por entrar en contradicción con la línea política” del ahora partido.

*Este artículo fue publicado originalmente en Armando.Info. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

Géner García Molina, alias “John 40”, el máximo comandante del Frente Acacio Medina; Miguel Santanilla Botache, alias “Gentil Duarte”; Ernesto Orjuela Tovar, alias “Giovanni Chuspas”, jefe del Frente 16; y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante del Frente Primero, son los cuatro renegados que junto a Julián Chollo dieron la espalda al proceso de paz en Colombia y encabezan el reacomodo criminal de la disidencia guerrillera. Estos cinco hombres con recorridos que superan los 20 años y un amplio conocimiento militar, tienen algo en común, todos lideraron frentes integrantes del Bloque Oriental, la estructura financiera de las FARC vinculada a la producción de coca y eje sobre el que se movió esta guerrilla entre 1993 y 2002, cuando alcanzó su mejor momento.

La herencia                                                                                                                   

“Al principio ellos entraron a territorio venezolano en busca de refugio (…) Desde la desembocadura del río Meta, hasta el Cerro el Cocuy en frontera con Brasil, había presencia de guerrilla, especialmente de la FARC”, cuenta el indígena Baniva Liborio Guarulla Garrido, gobernador durante 17 años -hasta octubre de 2017- del estado Amazonas. “Era tan evidente que a uno que le tocaba atender comunidades indígenas de lado y lado, a veces teníamos que ver sus banderas, sus efectivos y pues no hubo problema, hasta que llego Uribe”.

Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia de Colombia gracias a la promesa de “devolver la tranquilidad a los colombianos” con un programa de gobierno denominado política de “seguridad democrática”, centrado en recuperar el control del territorio y atacar las retaguardias de la guerrilla. Corría el año 2002 cuando la nueva política de seguridad, que contó con el apoyo financiero de Estados Unidos a través del “Plan Colombia”, garantizó el despliegue de una ofensiva militar que intensificó los ataques sobre las posiciones insurgentes y proporcionó al Estado colombiano una victoria táctica sobre los principales focos guerrilleros, hasta conseguir su repliegue.

Esto obligó a los insurgentes a diversificar su portafolio de economías criminales que, para su suerte, coincidió con el aumento de los precios internacionales del oro y las materias primas, convirtiendo a la minería ilegal en una importante fuente de financiación. Sólo entre 2007 y 2012 la minería ilegal de oro había crecido en Colombia inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca, que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99.000 en 2007 a alrededor de 47.000 en 2012. El oro desplazó al narcotráfico como el negocio más rentable para la guerrilla y el crimen organizado.

Fue entonces, entre 2011 y 2012, cuando se vio un gran campamento de la FARC en las riberas del rio San Miguel del municipio Maroa, que según Guarulla luego trasladaron a la carretera Javita Maroa, donde establecieron un aeropuerto más grande que el del propio poblado, “tenía hasta iluminación para la noche”, recuerda.

Registros de inteligencia en Colombia coinciden con la versión de Guarulla. El 10 de junio de 2011 en la vereda del Danubio, municipio Puerto Rico, departamento de Caquetá, se realizó una reunión en la que participaron los comandantes Mauricio Jaramillo “El Médico”, miembro del secretariado de las FARC, quien asumió la jefatura del Bloque Oriental tras la muerte del “Mono Jojoy”, y los ahora disidentes Gentil Duarte y Jhon 40. En el encuentro se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de oxigenar al debilitado Frente 16 que había pasado de contar con 360 combatientes en 2002 a apenas 76 en 2011. La conformación del Acacio Medina se oficializó en 2012 a las orillas del Rio San Miguel del municipio Maroa, territorio venezolano, con Jhon 40 de cabecilla.

La exploración del Acacio Medina en Venezuela conectó seguidamente con el río Casiquiare, un cuerpo de agua de 326 kilómetros que es afluente del Orinoco. En su avance, el Acacio Medina penetró el río Atabapo y tomó el control de los yacimientos auríferos que reposaban en los suelos del parque nacional Yapacana.

Los objetivos del Frente Acacio Medina eran financieros y ya entonces había incursionado en minas de oro y coltán en el vecino municipio de Guainía de Colombia, donde la actividad minera se remonta a media década. A mediados de 2015 y según un informe de la policía colombiana elaborado luego de ejecutar la “operación Arpón” el frente contaba

Eduardo Álvarez Venegas, director del área de dinámicas de conflicto y negociación de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), una ONG colombiana que estudia la trayectoria de las disidencias desde la firma del acuerdo de paz explica que la creación del Frente Acacio Medina formó parte de toda una estrategia de finanzas y de políticas de frontera que nació en la octava conferencia celebrada en abril de 1993 en el Guaviare, en el que las FARC diseñó un plan de economía de guerra de las FARC para diversificar sus finanzas y un posible repliegue estratégico a otros países.

Aunque se aplicó mucho después, el investigador señala que las FARC encontraron en Venezuela a un gobierno favorable para ese repliegue. “La FARC se dijo: ‘puede que podamos explotar nuevas economías criminales, tenemos un gobierno que nos brinda resguardo y refugio’. A raíz de allí se empieza a dar una especie de adaptación a la estrategia militar del Estado colombiano, que claramente logra derrotar estratégicamente a la guerrilla de la FARC más no tácticamente. Eso fue parte de la aceptación que permitió que se sentaran a conversar en La Habana, pero parte de estar a flote tácticamente fue poder crear estructuras como el Acacio Medina, para asegurar otros espacios aún muy alejados de cualquier tipo de intervención estatal y militar en términos de control territorial”, señala.

Un matrimonio perfecto

El Parque Nacional Cerro Yapacana se localiza en el sector suroeste del escudo guayanés, en la región centro occidental del estado Amazonas. En la reserva natural de 230 mil hectáreas, que cuenta con una categoría de área protegida desde 1978, por su gran valor paisajístico y científico, habitan más de 8 mil venezolanos, colombianos, brasileros y ecuatorianos, que explotan día y noche siete yacimientos de oro bautizados con los nombres de Cacique, La 40, La 44, La 50, Fibral, Jerusalén y Moyo. Esta última, la más antigua y de mayor tamaño.

Así lo reveló una actuación levantada en 2017 por la Defensoría del Pueblo de Inírida en Colombia, tras un desplazamiento de mineros que produjo la activación de una alerta naranja en ese municipio, situado apenas a 40 minutos de San Fernando de Atabapo. Al menos 600 personas atravesaron la selva caminando para ponerse a salvo en Inírida. Unos papeles lanzados desde un avión militar que los instaba a tomar medidas terminaron siendo interpretados como un futuro bombardeo a las minas, lo que impulsó a miles de personas a caminar durante días y noches enteras por trochas improvisadas para evitar las requisas y extorsión en los puntos de control militar venezolano dispuestos en las vías fluviales.

Muchas versiones surgieron como razones del desalojo de la mina, pero dos acontecimientos previos registrados en el estado cedieron a la idea sobre la fuerte presión que desde el gobierno central venezolano, se estaba imprimiendo a lo interno de las fuerzas de seguridad: la desaparición por más de cuatro meses de un helicóptero tipo MI17V5 con 13 personas a bordo, entre ellos cinco civiles y un niño de 4 años y el asalto a un puesto militar en el sector “El Suspiro” del Orinoco, por hombres identificados como miembros de las FARC, quienes cargaron con armas y celulares en presunta venganza por un decomiso realizado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

La explotación de oro venezolano da empleo a miles de colombianos desde hace varios lustros. Julián Mancera, responsable de la oficina de Migración Colombia en Puerto Inírida así lo explica. “Las minas son un modo de sustento económico para las familias, aquí no hay oportunidades más que trabajar para el Estado, pero generación de empleo no hay, entonces la mina se convierte en el único modo de subsistencia”.

Sentado en su escritorio de caoba oscura y dando la espalda al logo de la Alcaldía de Inírida que viene acompañado con la frase volvamos a creer, Camilo Andrés Puentes Garzón el intendente más joven que ha tenido en la historia ese municipio colombiano, extiende una sonrisa y dice sin rodeos. “La verdad es que los ciudadanos colombianos viven, trabajan y explotan una mina que queda en Venezuela. Nosotros tenemos conocimiento y ellos mismos nos comentan que hacen acuerdos de pago o como llamamos nosotros aquí dan vacunas, para poder trabajar y pasar elementos y poder extraer oro de allá”.

Pero no deja pasar la oportunidad para lanzar una queja unánime: el evidente maridaje entre los grupos irregulares y las autoridades venezolanas.

—¿Quién media entre las autoridades venezolanas y los mineros?

—Ellos nos cuentan que las guerrillas supuestamente son quienes los protegen de la guardia, que son ellos quienes negocian directamente”.

—¿La guerrilla tiene el control de las minas?

—Tienen el control de las minas.

—¿Cuál guerrilla?

—Las FARC.

—¿Disidentes?

—Si, los disidentes, porque ya se acabó la FARC. Aunque bueno, eso es muy sencillo se cambiaron el brazalete y ahora se pueden llamar ELN -hace una pausa antes de terminar y agregar- yo te voy a decir algo, el ejército aquí va a acabar con las disidencias, pero si están en Venezuela imposible.

Reclutando entre trochas

En Atabapo el 90 por ciento de la población es indígena y vive en situación de pobreza. Camilo Silva, es educador jubilado y capitán de la comunidad piaroa San Juan de Puruname, tiene 61 años y hace frente a la situación intentando convencer a los jóvenes de no abandonar sus prácticas económicas como el conuco y la pesca, instando a que se dispongan a participar en la economía de la mina con la venta de sus productos. Junto a uno de sus hijos, creó una cooperativa turística que promueve la pesca deportiva en el río Atabapo, pero durante todo el año 2017 el campamento apenas recibió a dos grupos de turistas, todos nacionales, “los turistas extranjeros dejaron de visitar el estado por la inseguridad”.

Esta inseguridad es generada por la certeza de que el territorio está tomado por ex guerrilleros colombianos con amplia trayectoria en secuestros y crímenes contra la población civil. Pero a lo interno de la mina la guerrilla es fuente de temor porque representa el orden y la ley. “Son guerrilleros de las FARC quienes tienen el control de la mina, pero ahí no se te pierde ni una aguja”, cuenta Junior, un joven colombiano de 19 años que trabajó en la mina atendiendo un puesto de expendio de víveres.

Una actividad asociada al desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos criminales, que preocupa especialmente a la organización de mujeres indígenas Warelelu, es el establecimiento de alianzas con otras actividades criminales, como la explotación sexual, y el reclutamiento y utilización de menores en estructuras improvisadas, llamadas “currutelas” donde traen a pequeñas para el entretenimiento sexual.

Mientras Warelelu denuncia la posible existencia de redes de trata, para la Organización Indígena Piaroa Huottuja del Sipapo (OIPUS), del municipio Autana, la principal angustia es el reclutamiento de jóvenes indígenas. Carlos Morales Peña, sub-coordinador de OIPUS y poblador de la comunidad Caño Uña, afirma que los jóvenes indígenas se están yendo a trabajar con los guerrilleros atraídos por el dinero. “En estos días en mi comunidad ofrecieron balones de fútbol, mallas de voleibol y también combustible de gasoil para la planta eléctrica. Les ofrecieron cosas que necesitan y los muchachos los recibieron, así captan a los jóvenes”.

Fue a través de un indígena reclutado por la guerrilla que OIPUS recibió la primera comunicación oficial de las FARC en la que le invitaban a discutir sobre su presencia en territorio Piaroa. La misiva confirmó los rumores de esa penetración guerrillera cuando empezaron a notar un inusual tráfico fluvial en la madrugada, huellas de botas y desmonte de espacios que parecían campamentos itinerantes, por caminos y ríos donde se asientan. La comunicación recibida por Otilio Santos, coordinador general de OIPUS, en 2013, no dejó espacio para la suposición: las FARC invitaban a las comunidades de los afluentes del río Sipapo a una reunión para tratar como primer punto su presencia en Autana.

Esa fue la primera de tres reuniones a las que fueron convocados los pueblos y comunidades indígenas del municipio, con miembros de la FARC y luego del ELN. A través de sus organizaciones los indígenas de Autana se opusieron a la presencia de estos invasores en sus territorios.

Pero no hubo caso y hoy en Autana los irregulares se exhiben públicamente. Las comunidades los ven pasar en sus lanchas y luciendo sus armas. “Antes no se dejaban ver, se movían de noche (…) pero después que los descubrieron no les importa nada, los ves a cualquier hora en los puertos, armados, trasladando mercancía, visitando comunidades para comprar comida”.

Lo que el coordinador de OIPUS denuncia también ocurre en los municipios Atabapo y Manapiare, donde líderes y autoridades indígenas aseguran que en casi todas las vías fluviales hombres y mujeres vestidos de uniforme militar, patrullan a orillas del río con fusiles terciados a la espalda. Los pobladores los identifican como miembros de las guerrilleras de la FARC, y a pesar del proceso de paz, para ellos siguen siendo la FARC y los disidentes que penetraron el estado Amazonas siguen enarbolando la marca del grupo armado.

Lissa Pérez presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume del municipio Manapiare se encontró cara a cara con un grupo comando que rodeó su bongo, cuando navegaba las aguas del río Ventuari rumbo a Valle Guanay. Después de un breve careo, Lissa encendió de nuevo los motores de su bongo y siguió su camino, pero lo que nunca se esperó fue encontrarlos de nuevo en el puesto militar de la Guardia Nacional en el muelle de San Juan de Manapiare, donde también la retuvieron para revisar su bote, “llegaron saludando muy tranquilos a los militares, hasta se dieron la mano”, detalla.

Nuevo objetivo, el arco minero

Los guerrilleros también se desplazan hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO) -un mega proyecto impulsado por el estado venezolano-, que cuenta con 7 mil toneladas se reservas de oro, cobre, diamante coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

Camuflados en la selva, llegaron por una trocha que conecta el municipio Manapiare del estado Amazonas con el estado Bolívar, donde se encuentra un yacimiento ilegal de coltán a cielo abierto controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La presidenta de la organización de mujeres indígenas Cherejume, vio los campamentos guerrilleros en el municipio Cedeño cuando viajó a Sabana Cardoza, un poblado indígena ubicado en linderos del arco minero en el estado Bolívar. Junto a su familia caminó durante una semana por la misma trocha utilizada por los irregulares. “El trayecto caminando fue abierto y adaptado para que transiten vehículos doble tracción”, asegura.

“Vi sus campamentos, sus carros, sus motos, había un montón de tambores de gasolina.  Cerca de las seis de la tarde llegó la gente, parecían militares. Todos mis parientes decían esa era la guerrilla. Todos decían, esa gente trae medicina, comida, todo, no hace falta ni gasolina ni gasoil”. Hace una pausa para agregar “ahí todos están trabajando con esa gente”.

Lo que aún se está por conocer es la relación entre los “farianos” y sus primos “elenos”, quienes mandan en los suelos repletos de coltán.

Los “pata e’goma”

Puerto Ayacucho es la capital del estado Amazonas y sede de los poderes públicos del estado, los comercios cierran entre 12:00 y 3:00 pm y durante ese tiempo el bullicio del mercado se apaga y la ciudad queda desierta y sumergida en una ola de calor acompasado y polvoriento, que contraviene con la imagen de un lugar que ostenta la cifra de 214 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Tanta violencia junta en un apacible pueblo a orillas del río Orinoco apenas fundado en 1924, atornilló el pánico entre sus habitantes que aún no pierden su capacidad de asombro al conocer que cada fin de semana la cifra superaba al anterior. En una oportunidad se hallaron los cadáveres de seis personas en el sector Los Caobos juntos en un mismo lugar, después un grupo de siete en el sector la campiña de San José en Cataniapo y en otra oportunidad otros dos con signos de tortura en el sector Payaraima.

Ante el silencio de las autoridades policiales, Rowinson León, quien ocupó el cargo de Secretario de Política y Asuntos Fronterizos en la Gobernación de Amazonas durante tres años, se dispuso a llevar un registro de muertes violentas. El trabajo reflejó que en tres años la cifra de asesinatos fue siempre en ascenso, pasó de 38 muertes violentas en 2014, a 214 en apenas dos años sólo en el Municipio Atures.

La iglesia, autoridades locales, la oficina de derechos humanos, los trabajadores de la radio comunitaria Raudal Estéreo, el taxista y hasta el vendedor de chucherías en la Plaza Bolívar, coinciden en señalar que las muertes que convirtieron a ese apacible pueblo de 100 mil habitantes en la tercera ciudad más violenta del país -según el Observatorio Venezolano de Violencia- están asociadas a la presencia de la guerrilla en el lugar.

Los identifican como “los pata e´goma”, un seudónimo acuñado por el uso de botas de hule incorporadas a la indumentaria militar. Se trata de miembros del ELN, la última guerrilla activa de Colombia.

El ex gobernador de Amazonas, testigo durante 17 años de la llegada y establecimiento de guerrilleros colombianos en esa parte del país, asegura que la presencia del ELN se evidenció cuando el gobierno venezolano decretó en mayo del 2016 un estado de excepción que se mantiene en vigencia. Esta figura permitió reemplazar a la autoridad civil por el estamento militar, “es en ese momento que toman el control de todos los puertos del municipio, controlando el negocio del contrabando de la droga, de la gasolina, pero además el tema la seguridad”.

El ELN logró en Puerto Ayacucho cimentar lo que llaman “poder criminal”, una acción que no se limita a la esfera económica, sino que también incluye lo social y político, ejerciendo funciones similares y paralelas a las del Estado pero bajo sus propias reglas de juego.

Todas las denuncias apuntan a que son los “elenos” los responsables de los múltiples asesinatos en la ciudad. Jhonny Eduardo Reyes Sequera, Obispo titular del Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho, asegura que estos grupos ejercen un papel de limpieza delincuencial.

Noraima Ángel, coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho, una ONG que realiza trabajo en campo con las comunidades indígenas ubicadas al norte del municipio Atures revela que los guerrilleros también han llegado a las comunidades indígenas ofreciendo ayuda en la organización comunal, “encargándose de poner al día a los muchachos que tengan mal comportamiento, problemas de conducta, que estén consumiendo algún tipo de droga o roben en la comunidad”, afirma.

Betania Topocho es una comunidad piaroa ubicada a 44 km por vía terrestre de Puerto Ayacucho y políticamente emblemática por fungir como piloto en la implementación de programas sociales promovidos desde del gobierno nacional. Los pobladores de esa comunidad han sido beneficiados con una planta procesadora de frutas, una radio comunitaria, un ambulatorio, una escuela, un estantero del Gas Comunal y créditos para emprendimientos económicos y sociales. Irónicamente también es una metáfora de la penetración de los grupos guerrilleros en la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas de Amazonas.

Allí han surgidos desacuerdos entre directores de la escuela que condenan a los líderes comunitarios por endosar aspectos sobre el orden comunal a los grupos armados. “Un profesor nos contó que un día los ‘pata e´goma’ llegaron a un salón de clases diciendo ‘a ver quiénes son los que se portan mal’. Esto frente a unos chamitos de 16 y 17 años, entonces llamaron a un grupito de tres por sus nombres, sacaron la pistola y dijeron ‘vamos a matarlo, aquí mismo delante de todo el mundo para que aprenda’. Todos quedaron petrificados, pero lo más desconcertante es que la gente en la comunidad decía ‘si, si es verdad pa´que aprendan’”, narra Noraima Ángel.

Los “elenos” se han convertido en Puerto Ayacucho en un “para-Estado” instalando una funcionalidad paralela donde no queda muy claro el nivel de acoplamiento de las autoridades nacionales. Lo llamativo, como señala la coordinadora general de la Oficina de Derechos Humanos, es que los guerrilleros que han penetrado las comunidades aseguran que su papel es de resguardo a la frontera “porque si llegara a pasar algo, tipo un golpe de estado contra el gobierno actual ellos van a intervenir, ellos van a defender, ellos están ahí para proteger la revolución bolivariana, eso es lo que dicen en las comunidades”.

Revolucionarios y maduristas

A 180 kilómetros de Puerto Ayacucho, en San Fernando, un grupo de habitantes fue convocado a una reunión en el Fundo de Don Ramón Brisa. Al profesor José Lima, contralor social ad honorem juramentado por la cámara municipal, dos hombres vestidos de civil lo fueron a buscar a la puerta de su casa. “No se identificaron, solo dijeron que había una reunión a la que debía asistir, pararon una moto taxi y le indicaron a donde debían llevarme”.

“Cuando llegué al fundo vi como 15 motos y la presencia de unos concejales, entonces pensé que debe ser una reunión muy importante que estamos rodeados de puros guardias, pero no eran guardias, eran ellos, los guerrilleros, con toda su indumentaria, uniformados, con su brazalete y un número en la espalda de la camisa. Unos estaban de seguridad, otros se encargaban de repartir refresco y pancito. En ese momento me dije ‘no, esto no se trata de una reunión con algún militar de aquí’. Y ya cuando me disponía a entrar me preguntaron:

—Señor ¿de dónde viene usted?

—¿Soy el contralor social?

—Ah sí, usted es el señor Lima, pase pase, ¿trajo celular?

—Sí.

—Muéstremelo.

Lima indica que en el salón cerrado habría cerca de 80 personas entre pobladores y autoridades municipales. Los asistentes más destacados fueron el presidente de la Cámara Municipal, José Yavinape; la entonces candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Belsbeth Lima; el presidente de las comunas, Rodolfo Mirabal; ocho representantes de Consejos Comunales y el responsable de la oficina de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Atabapo.

La situación solo daba para observar al cabo de un rato un hombre alto, delgado y vestido de militar que se paró frente a todos y sin mayor protocolo dijo “yo soy el comandante Jimmy del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, nosotros venimos a poner orden aquí, nosotros somos revolucionarios, estamos con la revolución y venimos apoyados por el gobierno de Maduro”.

Durante el derecho de palabra hubo personas que manifestaron su apoyo, entre ellos el representante de la CVG y Rodolfo Mirabal, presidente de las comunas. “Luego nos enteramos que Mirabal fue el responsable de organizar todo. En la reunión se hablaban de camarada. Hasta que una maestra intervino y dijo que no estaba de acuerdo que tenían que irse del pueblo porque nosotros teníamos nuestras autoridades”, contó José Lima.

“Yo me quise ir y me dijeron que no podía, que tenía que quedarme escuchando las cosas que se estaban hablando, después querían organizarnos en mesas de trabajo para discutir los problemas del pueblo. ¿Cómo íbamos a participar en esa locura? Ellos lo que querían era que los consejos comunales agarraran firmas, redactaran un documento de reconocimiento de la presencia de esta gente. Ellos lo que andan buscando acá es como un refugio porque para allá ya no pueden pasar, allá la Fuerza Armada colombiana los persigue”.

Dos días antes de la reunión en San Fernando encontraron muerto a dos muchachos en plena calle. Se trató del único hecho violento que se registró en todo el 2017. Uno al lado del otro con disparos en la cabeza y en el rostro.

“Aquí lanzaron un panfleto subversivo que decía que no querían ver delincuentes, que a partir de las nueve de la noche no querían ver a personas en la calle y lo firmaban los del ELN, pero en la reunión negaron la autoría de los panfletos”.

“Mi mayor temor es que se vayan a apoderar nuestros hijos de nuestros nietos, ellos también necesitan reforzar su batallón y ya hay varios muchachos que los han reclutado. Ellos tienen su campamento grande por la carretera en el sector  Cayo Viejita, vía Santa Bárbara del Orinoco, dentro de una selva, tienen planta eléctrica y ya mandaron a hacer parrillas para meter ollas grandes, porque son bastante, son más de 100. Tienen dinero para todo”.

En San Fernando hay quienes han cedido al ofrecimiento de protección y servicios que ofrecen los guerrilleros, “ahora aquí te roban algo y la gente dice ‘vamos a decirle a los pata e´goma’, la gente recurre a ellos más que a los guardias o la policía. Hace un año y pico que ya se sabe que ellos andan por aquí, ellos al tiempo se van a radicar aquí como dueños de esto y entonces para vender un mañoquito tendremos que pagar impuesto, no hay una manera que ellos se vayan de acá a menos que cambie el gobierno, porque el mismo gobierno los tolera ”.

Mientras Colombia celebra el fin de una guerra que se prolongó por seis décadas con un saldo que supera los ocho millones de víctimas y se prepara para una contienda electoral con Rodrigo Londoño Echeverri, ex número 1 de la más grande guerrilla de América Latina, como candidato presidencial, Venezuela se enfrenta a las consecuencias de un conflicto heredado que cuenta con el maridaje de las autoridades locales y nacionales, que apunta a indicar que la paz no cruzara la frontera.

*Este artículo fue publicado originalmente en Armando.Info. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

 

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