El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México sigue sin resolver después de dos años, lo que pone de relieve las razones de la profunda desconfianza que albergan muchos mexicanos hacia su gobierno en temas de crimen y seguridad.
La noche del 26 de septiembre de 2014, la policía de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, atacó a un grupo de estudiantes normalistas en la ciudad vecina de Ayotzinapa. En el transcurso de unas horas, la policía, junto con varios pistoleros no identificados, mataron a seis personas, hirieron a docenas más, destruyeron varios vehículos y detuvieron a 43 estudiantes, ninguno de los cuales ha sido visto con vida desde esa noche. (Vea abajo la línea cronológica que hace InSight Crime sobre el caso).
La investigación oficial del gobierno mexicano concluyó en enero de 2015 que la policía había entregado a los estudiantes a un grupo criminal local conocido como Guerreros Unidos, que los había confundido con integrantes de una banda rival. El supuesto líder de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Terco" o "El Cepillo", declaró que ordenó que ejecutaran a los estudiantes y se incineraran sus cuerpos en un basural de la ciudad vecina de Cocula.
Pero investigaciones posteriores adelantadas por expertos independientes han refutado esta versión de la historia. Las declaraciones de los testigos del gobierno presentaban inconsistencias —algunos fueron torturados— y la evidencia forense contradijo la afirmación de que los restos de los estudiantes hubieran sido incinerados en el vertedero.
A dos años de la desaparición de los estudiantes, siguen sin respuesta muchas preguntas sobre los hechos de esa noche. Uno de los mayores misterios sin resolver tiene que ver con las motivaciones del ataque. Aun cuando el gobierno ha alegado que la matanza de los estudiantes fue un caso de identidad equivocada, una teoría planteada por los investigadores independientes sugiere que las fuerzas de seguridad locales pueden haber estado tratando de proteger un cargamento de droga oculto en uno de los autobuses tomados por los estudiantes.
Otra pregunta importante sin resolver involucra el papel del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes. En un libro de publicación reciente, los reporteros Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado revelaron evidencia de llamadas sospechosas a un teléfono celular perteneciente a uno de los estudiantes —Julio César Mondragón Fontes, a quien se encontró muerto y mutilado el día después del ataque—. Se dice que meses después de su asesinato el teléfono de Mondragón recibió llamadas, algunas de las cuales situaban el dispositivo cerca de una base militar de Iguala y cerca de la sede del organismo de inteligencia civil de México, conocido como CISEN.
Inexplicablemente, el teléfono y los registros de llamadas no se incluyeron en la evidencia que entregó el gobierno a un grupo de expertos independientes a los que se asignó la tarea de prestar apoyo en el caso. No es claro porqué el gobierno no entregó esta evidencia al parecer crucial, pero Cruz ha aseverado que existe una "conspiración de silencio para proteger a las fuerzas armadas", a las que describió como "intocables en este país".
En julio, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) anunció que designará a por lo menos dos asesores especiales para supervisar la investigación del caso que adelanta el gobierno.
Análisis de InSight Crime
En distintas ocasiones, se ha acusado a las fuerzas de seguridad mexicanas de graves abusos contra los derechos humanos en otros casos en los últimos años. Pero pocos de ellos han tenido el mismo impacto que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La noticia de los hechos de Iguala despertó la indignación en México, donde muchos manifestantes culparon directamente al gobierno —como lo muestra el dicho común: "fue el estado"—.
Recientes sondeos de opinión pública han mostrado que pocos mexicanos se sienten seguros en sus comunidades, y que confían aún menos en sus fuerzas de policía locales. El caso de Iguala contribuyó en gran medida a erosionar la confianza del público en las autoridades. A esto contribuyen diversos factores, entre ellos las señales continuas de corrupción entre las fuerzas de seguridad, una falta generalizada de rendición de cuentas ante los abusos de las fuerzas de seguridad, altos índices persistentes de violencia, y la visible incapacidad o falta de voluntad del gobierno por hacer esfuerzos sinceros para determinar el paradero de miles de personas dadas por desaparecidas en el país. De hecho, a la fecha solo se ha encontrado a dos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ambos muertos.
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Por todo lo anterior, no sorprende la falta de confianza de los ciudadanos mexicanos en las autoridades que se supone deberían velar por su seguridad. El fracaso del gobierno mexicano por cerrar el caso para las familias de las víctimas del episodio de Iguala pone de relieve esta dinámica. Y con el aumento de los índices de criminalidad en muchos lugares el país, los agentes de seguridad deberían ser conscientes de las consecuencias de esta falta de confianza. En varios lugares de México que afrontan crisis de seguridad graves, como Guerrero y el vecino estado de Michoacán, los ciudadanos han tomado la justicia en sus manos, en algunos casos exacerbando problemas de seguridad ya complejos y creando difíciles dilemas para las autoridades locales.
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