Colombia fue en un momento la capital mundial del secuestro, con una tasa de ocho secuestros reportados al día, pero en los últimos 15 años ese número se ha reducido a menos de uno al día. ¿Cómo logró el país este notable cambio?
En el año 2000, Colombia era un país paralizado por la amenaza del secuestro. Grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización más pequeña, instalaban retenes en las carreteras principales y secuestraban a los viajeros en masa. Otras personas fueron objeto de secuestro por sus creencias políticas o por su riqueza, mientras que otros simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para empeorar las cosas, el Estado apenas hacía presencia en vastas extensiones del territorio nacional, por lo que los secuestradores podían mantener a sus víctimas cautivas por años.
En el año 2000 se registraron 3.572 personas secuestradas. Nadie sabe cuántos casos no fueron nunca reportados.
Al año siguiente los secuestros comenzaron a disminuir. Hacia 2005, los secuestros bajaron a menos de un tercio de sus niveles anteriores, y en 2010 se registraron solo 282 secuestros en Colombia. Esta cifra ha permanecido más o menos constante desde entonces, con cerca de 300 secuestros registrados en cada uno de los últimos tres años, según datos del Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de Colombia. Al 12 de diciembre de 2014, el Gaula había registrado 277 secuestros, lo que significa que las cifras serían ligeramente inferiores a las de 2013.
Ahora bien, cuando se presentan secuestros en Colombia, son muy diferentes de lo que eran en el año 2000. Mientras que los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN fueron responsables de un 58 por ciento de los secuestros entre 1970 y 2010, hacia el 2012 —año en que las FARC anunciaron que dejarían de secuestrar, como una de las condiciones para iniciar conversaciones de paz con el gobierno— aquella cifra había bajado a 14 por ciento.
La delincuencia común es ahora responsable de la inmensa mayoría de los secuestros: el 75 por ciento, según cifras del Gaula. Por su parte, los grupos armados derivados de los paramilitares de derecha, conocidos como Bacrim (de “bandas criminales”) realizan solo el 2 por ciento de los secuestros, mientras que las FARC y el ELN son responsables del 23 por ciento restante.
También ha cambiado el perfil de las víctimas típicas del secuestro. El director de la policía del Gaula, Coronel Fabio López, le dijo a InSight Crime que hace diez años los grupos criminales y los actores armados ilegales tendían a secuestrar principalmente a individuos ricos. “Antes era selectiva, [los criminales] escogían mejor la víctima”, señaló. “Hoy en día cualquier persona puede ser secuestrable y la exigencia no es tampoco grande”.
Patricia Rey —coordinadora de comunicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia— le dijo a InSight Crime que aproximadamente un tercio de los secuestrados rescatados por el CICR en 2013 eran miembros de las fuerzas de seguridad colombianas. Agregó que la gran mayoría eran ciudadanos colombianos, mientras que solo una pequeña porción eran trabajadores o turistas extranjeros.
Independientemente de la profesión o la nacionalidad de la víctima, las probabilidades de que permanezca cautiva por años, como ocurría hasta los primeros años del nuevo siglo, son bastante escasas. El coronel López le dijo a InSight Crime que de los secuestros ocurridos entre enero y el 4 de diciembre de 2014, unas 190 víctimas fueron retenidas durante 30 días o menos. De esas 190, el 68 por ciento fueron secuestradas solo por uno o dos días.
“Un ataque frontal al secuestro”
Según un informe del Ministerio de Defensa, gran parte del éxito de Colombia en la reducción de los secuestros se puede atribuir a las políticas del presidente Álvaro Uribe. “Sin duda”, dice el informe, “el factor clave que permitió [al país] alcanzar este éxito fue el liderazgo y la determinación demostrada por el Gobierno colombiano”.
El informe continúa enumerando una serie de factores —como el hecho de que las fuerzas de seguridad han recuperado el control de zonas previamente controladas por grupos guerrilleros, la creación de unidades antisecuestro, y la legislación en defensa de las libertades personales— que según el gobierno han contribuido a este gran logro en materia de seguridad.
El coronel López utilizó este mismo argumento. Dijo que el alto índice de secuestros a comienzos del siglo llevó a las fuerzas de seguridad a “adoptar unas medidas fortalecidas” y a lanzar una “lucha frontal” contra el crimen. También reconoció el aporte de la creación del Gaula en 1996.
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Sin duda alguna, estos factores cumplieron un papel significativo en la reducción de los secuestros. Una vez las fuerzas de seguridad retomaron el control de las carreteras principales, los grupos guerrilleros ya no pudieron realizar los secuestros masivos que llamaban “pescas milagrosas”. Este mayor control territorial también significó que a los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales les era más difícil esconder sus víctimas durante años. Los bombardeos aéreos hacían que los grupos guerrilleros tuvieran que huir permanentemente, por lo que cargar con un secuestrado se hizo cada vez más difícil.
Asimismo, el código penal colombiano amplió su definición de este crimen, lo que le permitió al poder judicial penalizar diferentes tipos de secuestro. En 2008, por ejemplo, un tipo de robo, conocido como el “paseo millonario” —en el que los delincuentes obligaban a los pasajeros de taxis a ir al cajero automático más cercano y retirar dinero— se reclasificó en la ley como “secuestro extorsivo”.
Diferencias en las cifras
Sin embargo, algunos críticos mantienen una mirada escéptica sobre el constante descenso de las tasas de secuestro en Colombia.
Hasta el año 2003, las cifras de secuestros eran compiladas y revisadas por un comité compuesto por representantes de la fiscalía, la desaparecida oficina de inteligencia conocida como el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), el ejército, la presidencia y la ONG País Libre.
Según la revista Semana, en 2003, a un año de iniciarse la presidencia de Uribe, el gobierno abandonó este sistema y adoptó una nueva política: considerar solo los secuestros registrados en las estadísticas oficiales cuando la fiscalía abría un caso. Pero, según la misma revista, los fiscales pueden tardar hasta cuatro años para abrir una investigación por un caso de secuestro.
Como resultado, las cifras de secuestros de la administración Uribe son considerablemente diferentes de las compiladas por una comisión gubernamental dedicada a investigar el conflicto armado en Colombia: el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Mientras que las cifras oficiales muestran un total de 9.382 secuestrados durante los ocho años de Uribe en la presidencia, dicha comisión registró 15.537 —lo que significa que casi el 40 por ciento de las víctimas no fueron incluidas en las cifras oficiales—. Mientras que la policía reportó 282 secuestros en 2010, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabilizó 1.252, y Fondelibertad (la desaparecida oficina del Ministerio de Defensa encargada en ese entonces de registrar las estadísticas de secuestros) contó 1.120
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El coronel López le informó a InSight Crime que las estadísticas sobre secuestros se calculan actualmente con base en delitos reportados, y que las cifras son revisadas por un comité conformado por representantes de varias entidades del gobierno. Al preguntarle por la metodología usada para la medición estadística de los secuestros entre 2003 y 2010, el coronel López respondió que los datos sobre los secuestros fueron tomados de casos reportados a las fuerzas de seguridad.
El secuestro disminuye; la extorsión aumenta
Otra razón para el descenso de la tasa de secuestros en Colombia es que los grupos armados ilegales y los delincuentes comunes tienen ahora menos incentivos para secuestrar personas. El secuestro no es tan lucrativo como el narcotráfico, es más riesgoso y requiere más recursos que otros delitos como la extorsión.
“Para secuestrar a alguien se necesita toda una infraestructura, incluyendo a las personas que ejecuten el secuestro y vigilen a la víctima, los lugares para esconderla, informantes, comida, etc.”; María Consuelo Jáuregui, directora de la ONG País Libre, le dijo a InSight Crime: “Para realizar una extorsión, todo lo que se necesita es un móvil desechable e información, nada más”.
Aunque Jáuregui cree que mejores medidas de aplicación de la ley han marcado una diferencia, señala que otro factor importante para la disminución de los secuestros es que los actores criminales y los grupos armados ilegales “ya prefieren otro tipo de crimen”.
“El secuestro ha migrado hacia la extorsión”, le expresó a InSight Crime.
Jáuregui explicó que cuando se presentan secuestros actualmente, a veces se utilizan como una manera de presionar a las empresas para que paguen las extorsiones, más que como un medio de generar ingresos de ellos. Indicó que en el departamento petrolero de Arauca ha habido casos recientes de empleados de compañías petroleras que son tomados como rehenes por grupos criminales, a fin de presionar a los empleadores para que paguen las extorsiones.
Esta evidencia anecdótica es apoyada por las cifras de País Libre sobre los secuestros “simples” (en los cuales no se exige ningún rescate) y los secuestros “extorsivos”. Aunque el número de secuestros se ha mantenido relativamente constante, el porcentaje de secuestros “simples” aumentó entre 2010 y 2013, después de haber disminuido significativamente en 2009.
En general, las estadísticas de País Libre muestran un número creciente de casos de extorsión en Colombia, así la ONG señale que dicho delito no se reporta en cerca de un 90 por ciento de los casos. Las cifras del Gaula (vea el gráfico) muestran que los casos de extorsión se cuadruplicaron entre 2008 y 2013, pasando de 830 casos a más de 4.800.
También el coronel López admitió que, de cierta manera, el secuestro en Colombia se ha transformado en extorsión. “La extorsión es más fácil de realizarce”, dijo, “entonces posiblemente haya mutado, de modo que se generan más extorsiones que secuestros y por eso es que se ve un aumento en las extorsiones en el país”.
Sin embargo, el coronel López también señaló que el evidente incremento también podría ser el resultado de la mayor confianza de los ciudadanos en la policía. “Puede ser que sea porque la gente ha perdido el miedo y está denunciando [la extorsión] más”, dijo.
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El Gaula se encuentra diseñando un portal virtual para que los colombianos puedan denunciar la extorsión en línea. Mientras tanto, País Libre está presionando para que se reclasifique la extorsión como un delito contra la libertad personal, más que como un simple delito contra el patrimonio de una persona. Esto influiría en las sentencias y convertiría a la extorsión en una actividad más riesgosa para los grupos criminales. Finalmente, como lo ha demostrado la gran disminución del secuestro en Colombia, los grupos criminales parecen tomar decisiones con base en un análisis de costo-beneficio. Como cualquier otra organización con ánimo de lucro, una vez una actividad se vuelve demasiado costosa, buscan una forma diferente de ganar dinero.
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