Las ganancias que ofrece el ecotráfico compiten con aquellas del tráfico de drogas, armas y la trata de personas, mientras las redes transnacionales detrás de éste corrompen las instituciones, destruyen los ecosistemas y arruinan el sustento. Así que ¿por qué Latinoamérica no toma el ecotráfico más en serio?
El ecotráfico en Latinoamérica no captura los titulares de los medios de comunicación mundiales de la forma en que lo hace en Asia y África, donde el comercio de marfil, animales majestuosos y grandes cazadores furtivos dan lugar a sorprendentes imágenes e historias.
Los mismos ecotraficantes no captan la atención de las autoridades latinoamericanas, que siguen enfocadas en el movimiento de narcóticos en lugar de la madera y la vida silvestre.
Esta es la segunda parte, de una serie de dos partes, sobre el ecotráfico en Latinoamérica. Vea la primera parte aquí.
Alrededor del mundo, el asunto del ecotráfico está llegando a un momento crítico y los gobiernos no están preparados, dicen los expertos, con el comercio ilegal de madera alimentando la deforestación desenfrenada y el tráfico de vida silvestre provocando la extinción de especies raras.
"Estamos aplicando estrategias anuales a una ola de crímenes de medio siglo, lo que rápidamente está devastando un proceso de evolución que ha tenido lugar durante más de 4 mil millones de años", señaló un nuevo informe sobre el delito ambiental, de Global Initiative on Transnational Organized Crime (pdf).
"El delito ambiental es crítico y más a menudo irreversible. Estamos en el punto de inflexión, donde cualquier esfuerzo puede ser demasiado tarde", agregó.
Sin embargo, en Latinoamérica, a menudo el desafío más grande para los activistas es obligar a los gobiernos a tomar en serio este asunto.
"Hay algunos países que tienen datos muy pobres, algunos tienen mejores registros que otros y algunos simplemente no quieren reconocer el impacto que esto está teniendo o el papel que el delito transnacional de vida silvestre juega en su país", dijo Jorge Ríos, quien encabeza el nuevo Programa Global (GP, por sus siglas en inglés) para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques, de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Medidas tentativas
En los últimos años, algunos países de Latinoamérica y las fuerzas de seguridad regionales han tomado medidas tentativas para combatir el ecotráfico.
En 2012, la agencia internacional de policía Interpol lanzó la primera campaña coordinada contra la tala de la región, en colaboración con las fuerzas de seguridad de 12 países de la región. "Operación Plomo" logró casi 200 arrestos y la incautación de cientos de millones de dólares producto de la madera, y fue seguida por otras operaciones centradas en Venezuela y Costa Rica.
Brasil, que es el epicentro de la tala ilegal en la región, también ha tomado medidas para combatir el comercio, incluido el despliegue de tropas en las regiones selváticas, el uso de aviones no tripulados (o drones) para vigilar la deforestación y la implementación de un sistema "cadena de custodia" que está diseñado para prevenir la exportación de madera difícil de rastrear (pdf).
Sin embargo, tras cuatro años de caer los niveles de deforestación, hubo un aumento del 28 por ciento en 2013, con 5.843 kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña talados -hasta un 80 por ciento de ésta ilegal, según estimaciones del gobierno.
Los esfuerzos para combatir el tráfico de vida silvestre han sido aún menos prometedores. Brasil es uno de los pocos países que han lanzado operaciones dirigidas específicamente al tráfico de animales, llevando a cabo redadas en coordinación con la Interpol en 2012. En otros países, las incautaciones tienden a ser más por suerte que por diseño, aunque eso no impidió que las autoridades confiscaran 46.000 animales traficados en 2012, sólo en Colombia.
Poca voluntad, menos poder
Los desafíos que enfrentan las autoridades de Latinoamérica son enormes, si quieren cambiar el rumbo del ecotráfico, y la voluntad, dicen los expertos, es débil.
"Es muy difícil cambiar algo cuando en realidad no hay comprensión de por qué ocurre y de cómo cambiarlo", dijo Bernardo Ortiz, responsable de la oficina de Suramérica del programa de monitoreo del comercio de vida silvestre Traffic.
Uno de los principales retos es proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para detectar e investigar el ecotráfico, lo cual no sólo requiere del conocimiento de las técnicas de tráfico, sino también del conocimiento técnico de los árboles y especies animales más cotizados, y sus hábitats.
Los activistas también están pidiendo el entrenamiento de fiscales y jueces, y reformas a los códigos legales para garantizar que el delito se tome en serio, lo que será una de las tareas del nuevo programa de la ONUDD.
"Se podrán hacer miles de millones de dólares, pero si usted es un traficante y lo capturan, en algunos países usted paga una multa civil", dijo Ríos. "Rara vez usted está pensando en pagar una pena en la cárcel, y si lo hace entonces es sólo una parte de hacer negocios y no es una gran cosa".
Incluso los mejores esfuerzos de los gobiernos mejor intencionados a menudo son obstaculizados por la corrupción, lo que facilita el ecotráfico de arriba a abajo. Mientras los traficantes de animales utilizan los contactos corruptos de una manera similar a los traficantes de drogas -para garantizar que su contrabando permanezca oculto- los traficantes de madera ilegal están moviendo un producto demasiado grande para ocultar, por lo que dependen de los contactos corruptos para mezclarla con el suministro legal.
"Hay tantas capas diferentes en estos países, equilibrios de poderes, que son aptos para la corrupción", dijo Ríos sobre el comercio ilegal de madera. "Cuanto más equilibrio de poderes, hay más corrupción y más dinero fluye alrededor- y hay mucho dinero para hacer".
En los países con una fuerte presencia del crimen organizado, en particular Colombia, el asunto de la corrupción es complicado por la dinámica de plata o plomo -la elección entre un soborno o la muerte. Según Ortiz, cuanto más lucrativo se convierte el comercio, más violento se vuelve.
"Se está volviendo más sofisticado, más complicado y más amenazante para las autoridades que están dispuestas a hacer algo", dijo.
Uno de los principales obstáculos, tanto para la construcción de capacidad como para la lucha contra la corrupción, se encuentra en la misma naturaleza del delito -una de las razones por las cuales la madera y la vida silvestre alcanzan un precio alto es porque se encuentran en zonas remotas, en regiones de difícil acceso.
"No hay una presencia institucional en estos lugares -por definición la valiosa madera y la vida silvestre se encuentra en los lugares donde las autoridades tienen poca presencia", dijo Ortiz.
Esta falta de presencia en las zonas críticas aumenta la brecha entre las palabras y las intenciones presentadas por los gobiernos en los convenios internacionales y en las declaraciones de política nacional, y la situación en el terreno.
"No importa lo mucho que se diga y haga en el plano internacional con las políticas y las declaraciones y la firma de documentos, etcétera, en el terreno las cosas siguen siendo las mismas de siempre", dijo Ortiz.
¿Una guerra contra el ecotráfico?
A pesar de sus llamados a la acción, los ambientalistas advierten sobre una "guerra contra el ecotráfico", inspirada en el comercio de drogas, enfocada en las incautaciones y las interdicciones y caracterizada por las operaciones de seguridad militaristas.
"Los militares desplegados contra los cazadores furtivos y las unidades de guardabosques armados, enviadas a combatir la tala ilegal, están creando una "guerra contra el delito ambiental", que, al igual que muchas de nuestras guerras autodeclaradas, está condenada a perderse", afirma el informe de Global Initiative.
Los expertos que compilaron el informe también creen que los esfuerzos de las fuerzas de seguridad actualmente están enfocadas en el enlace equivocado de la cadena del ecotráfico.
"La guerra se está librando en el nivel equivocado. Perseguir implacablemente al "ejército de hormigas" -los cazadores individuales, transportistas, funcionarios corruptos de aduanas- tiene poco impacto en el comercio global de productos ambientales ilícitos", señala el informe.
En lugar de ello, los expertos dicen, las fuerzas de seguridad deben centrarse en lo que Global Initiative llama "los controladores," aquellos que supervisan todo el proceso, llegando a acuerdos, y organizando el tráfico y las ventas finales.
"Este grupo de delincuentes existe en el centro de los delitos ambientales y es el eje central dentro de las redes de individuos en todo el mundo que cometen actos criminales individuales en varios nodos de la cadena", según el informe.
Sin embargo, los expertos están de acuerdo en que incluso si las fuerzas de seguridad mejoran sus esfuerzos, esto por sí solo no puede controlar el ecotráfico, sobre todo porque estos "controladores" a menudo disfrutan de una amplia protección de las élites políticas y económicas corruptas.
Según Ortiz, para que haya progresos sustanciales, los ataques contra las redes de ecotráfico deben complementarse con programas severamente regulados del manejo sostenible de los recursos.
"[Necesitamos algo que] lleve esto más allá del ámbito de lo legal frente a lo ilegal. En este momento el único instrumento que hay es ponerlo en manos de la policía y confiscar cosas", dijo.
Sin embargo, los actuales intentos para regular el comercio son a menudo contraproducentes, según Ortiz, porque lo legal es más costoso -y arriesgado- que operar en el hampa.
"En muchas situaciones las autoridades solamente controlarán a los que están registrados como legal, si usted es completamente ilegal, nadie lo mirará", dijo.
Los expertos coinciden en que una parte fundamental de las operaciones de seguridad y de regulación y la gestión llegará a las comunidades en el terreno -que en muchos casos representan el primer eslabón en la cadena del ecotráfico.
"Las únicas personas que pueden ver realmente que algo está sucediendo son las comunidades, ya usted está ocho horas en el monte, no hay gobierno, no hay estado de derecho", dijo Ríos.
Sin embargo, cualquiera que sea el papel que las comunidades y la sociedad civil puedan desempeñar, al final, la responsabilidad de actuar recae en el gobierno, dice Ríos, y la lista de acciones que la ONUDD quiere ver de las autoridades es larga.
"Los gobiernos tienen que tomarlo en serio", dijo. "Ellos tienen que poner los fiscales, tienen que entrenarlos, tienen que reducir la demanda, necesitan traer a las comunidades y necesitan hacer de él un delito grave".
Esta es la segunda parte, de una serie de dos partes, sobre el ecotráfico en Latinoamérica. Vea la primera parte aquí.
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