El caso por terrorismo abierto por el gobierno de Estados Unidos contra líderes de la MS13 inaugura una nueva frontera en la lucha contra las pandillas callejeras en el ámbito internacional.
El 14 de enero, el Distrito Este de Nueva York hizo público el pliego de cargos presentado por los fiscales federales el pasado 20 de diciembre contra varios líderes de la Mara Salvatrucha (MS13), 11 de los cuales están presos en cárceles de El Salvador. La fiscalía estadounidense los acusa de: 1) conspiración para prestar apoyo material y recursos a terroristas; 2) conspiración para cometer actos terroristas; 3) conspiración para financiar el terrorismo; 4) narcoterrorismo.
Esta es la segunda imputación por terrorismo contra miembros de la MS13. La primera, contra Armando Eliú Melgar Días, alias “Blue”, se hizo pública en julio de 2020. Pero esta última es mucho más ambiciosa, pues apunta a la jerarquía de la pandilla.
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La imputación reciente afirma que las actuaciones de estos líderes pandilleros iniciaron en 2002, cuando crearon el organigrama de la MS13 mientras estaban recluidos en prisiones salvadoreñas. Para entonces, la pandilla llevaba mucho tiempo organizada por clicas, que para entonces se extendían principalmente por El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.
En 2002, los líderes crearon lo que llamaron la “ranfla nacional” y los “programas”, que agruparon a numerosas clicas bajo un mismo paraguas y un solo “corredor” (líder). Con el paso del tiempo, hubo programas a lo largo de esa extensión geográfica, incluyendo los programas de la Costa Este, Nueva York y Los Angeles.
El nuevo sistema dio a estos líderes dominio y control de muchas partes de la pandilla, según reza la imputación, lo que les permitió realizar los mencionados actos terrroristas, principalmente desde El Salvador, pero también en lugares como México, donde los líderes habían hecho contactos con organizaciones criminales, como Los Zetas y el Cartel del Golfo.
De manera específica, el pliego de cargos alega que los pandilleros recurrieron a la violencia para “obtener concesiones del gobierno de El Salvador, alcanzar metas políticas y actuar en retaliación por las acciones del gobierno contra miembros y líderes de la MS13”.
Según la acusación, el grupo organizó adiestramiento especial; recogió dinero para la compra de una amplia variedad de armas, incluyendo “lanzacohetes”; desarrolló artefactos explosivos improvisados (AEI); “emprendieron campañas de relaciones públicas, así como control de barrios y actos de violencia y homicidio selectivos en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares”.
Más aún, el pliego de cargos señala que los líderes de la MS13 usaron su poder para “ejercer retaliaciones contra Estados Unidos por acciones realizadas o percibidas en perjuicio de la MS13 y sus líderes”.
La imputacion menciona “la tregua”, un cese al fuego parcial y provisional entre las principales pandillas de El Salvador negociadas por el gobierno a comienzos de 2012. La tregua tuvo como resultado una reducción de los índices de violencia, pero dio pie a concesiones a los líderes de la pandilla, incluidos los miembros de la ranfla, como los traslados de prisiones de máxima seguridad, visitas conyugales, fiestas sin control y posiblemente pagos en efectivo.
La tregua comenzó a deteriorarse en 2013 y se destruyó por completo en los meses siguientes. Las acusaciones señalan que terminó en 2015, y menciona que “la ranfla nacional culpó del fin de ‘la tregua’ a Estados Unidos”, país que en opinión de los líderes “presionó al gobierno de El Salvador a acabar… como condición para el envío de dineros de Estados Unidos”.
Aunque la imputación se extiende en las acusaciones, no ahonda en los detalles, de modo que describe pocos aspectos de los actos delictivos puntuales en el documento de 30 páginas. Sin embargo, sí describe los esfuerzos por crear una unidad de fuerzas especiales para atacar a las autoridades, además de las interacciones de la pandilla con los principales partidos políticos del país para conseguirles votos.
Análisis de InSight Crime
Por muchas razones, los cargos por terrorismo abren una nueva puerta a los fiscales estadounidenses en la judicialización de las pandillas callejeras internacionales.
La primera, no hay un estatuto de limitaciones sobre los cargos por terrorismo, “si la comisión de dicho delito dio como resultado, o creó un riesgo previsible de, muerte o lesiones corporales graves a otra persona”. Esto es justamente lo que alega Estados Unidos (y en este caso, data la comisión de estos delitos desde 2002).
Segunda, los casos de terrorismo tienen penas más severas. Dependiendo de los delitos subyacentes en cuestión, las directrices de formulación de sentencias piden un “punto de partida alto”, que puede equipararse a más años en prisión. Es más, queda la pregunta de dónde pueden purgar su tiempo en prisión los sospechosos o los sentenciados. Los acusados y convictos por terrorismo han sido privados de la libertad en condiciones extraordinarias, como aviones, barcos o una prisión en Cuba. Sacar a la ranfla del sistema penitenciario salvadoreño sería un mensaje por sí mismo; sacar a la ranfla y ponerla en prisiones extraordinarias podría enviar a casa un mensaje aún más fuerte.
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Tercera, el cargo podría facilitar la extradición en parte porque la misma Corte Suprema de El Salvador declaró a la MS13 como grupo terrorista en 2015. Es seguro que esa designación pesó en la decisión estadounidense de emprender esta nueva estrategia legal, que comenzó a incubarse cuando el fiscal general estadounidense William Barr visitó El Salvadoren mayo de 2019, poco después de ser nombrado en su cargo. El Salvador es conocido por su mayor reticencia —o al menos su menor agilidad— en casos de extradición. Un reciente informe del Departamento de Justicia estadounidense señalaba que, entre 2016 y 2020, El Salvador extraditó a 13 integrantes de la MS13. En comparación, Guatemala extraditó a 35 sospechosos de pertenecer a la MS13 en ese mismo periodo.
Cuarta, los casos por terrorismo abren la puerta a investigaciones más directas de Estados Unidos. Específicamente, las autoridades pueden usar órdenes de vigilancia electrónica con fines de inteligencia extranjera dentro de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA), lo que significa que Estados Unidos puede trabajar directamente en los casos en lugar de depender de la evidencia e interceptaciones de otros.
Quinta, Estados Unidos no ha tenido mucho éxito en sus señalamientos contra la MS13 por narcotráfico internacional. Esto se debe a que la MS13 no es una organización narcotraficante internacional. El terrorismo expone más a los líderes de la pandilla a cargos en Estados Unidos.
Sexta, los fiscales estadounidenses parecen estar posicionándose para más procesos contra pandillas transnacionales usando los estatutos de terrorismo. Dichos estatutos son generales, y aunque van paralelos a instrumentos legales, como los estatutos de corrupción (conocidos por su acrónimo RICO), quienes los usan los consideran más acomodables a sus necesidades. “RICO-light” fue como me lo describió un investigador. Los blancos de estas investigaciones incluirían no solo la MS13, sino también su principal rival, el Barrio 18, y las pandillas carcelarias establecidas en México y Estados Unidos, como la mafia mexicana.
*Dudley es codirector de InSight Crime y autor de “MS13: The Making of America’s Most Notorious Gang” (HarperCollins, 2020).
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