En lo que parece una vuelta al apoyo más decidido de Washington a la lucha anticorrupción en Guatemala, el Secretario de Estado de Donald Trump anunció la suspensión de visas a Felipe Alejos Lorenzana, vicepresidente del congreso guatemalteco y señalado en casos de corrupción, a otra exdiputada y a los familiares de ambos.
A través de un trino publicado el 28 de octubre, el secretario de estado Mike Pompeo anunció las medidas y aseguró que los “actos corruptos” de la exdiputada Delia Bac y de Alejos Lorenzana “afectaron al estado de derecho en Guatemala”.
Bac fue diputada hasta enero de este año y ha sido acusada de malversar cerca de dos millones de quetzales (unos US$256,000) para construir una carretera hacia un spa propiedad de su familia en el departamento de Sacatepéquez. Aunque ya no tiene inmunidad, una resolución de la Corte Suprema de Justicia sigue protegiendo a Bac de la persecución penal en Guatemala.
El caso de Alejos Lorenzana tiene más aristas políticas y está directamente relacionado con el boicot que las elites guatemaltecas han hecho a los mecanismos anticorrupción como la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
CICIG y FECI investigaron a Alejos Lorenzana entre 2016 y 2018 por su presunta participación en un esquema masivo de corrupción que involucró el cobro de comisiones ilegales a grandes empresarios para acelerar el pago de desembolsos en contratos de obras públicas. Este expediente, bautizado como Traficantes de influencias, es uno de los tantos que se desprendieron del caso La Línea, que en 2015 descubrió corrupción en el estado guatemalteco y obligó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.
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FECI pidió en cuatro ocasiones distintas el antejuicio de Alejos Lorenzana para despojarlo de la inmunidad que tiene como diputado. En todas las ocasiones, la Corte Suprema de Justicia, que conoció las peticiones en última instancia, protegió al legislador, quien el año pasado logró reelegirse y volvió a ser nombrado vicepresidente del Congreso.
El rol de Alejos Lorenzana fue esencial para proteger a otro de los funcionarios más prominentes investigados por la CICIG y FECI: el expresidente Jimmy Morales, quien también era señalado por supuestos actos de corrupción y presunto financiamiento electoral ilícito. De acuerdo con una investigación de No Ficción, Alejos fue uno de los diputados que maniobró para lograr que el Congreso protegiera a Morales.
Morales y Alejos Lorenzana fueron, además, dos de los funcionarios más activos en la embestida emprendida desde el estado guatemalteco para deshacerse de la CICIG, lo que el expresidente logró a finales de 2018.
Tras la salida de CICIG, a la que había apoyado política y financieramente desde su instalación en Guatemala en 2006, Washington había guardado silencio político sobre estos casos. Hasta ahora.
Análisis de InSight Crime
La decisión anunciada por el secretario Pompeo de suspender las visas de los dos funcionarios guatemaltecos, sobre todo la del diputado Alejos Lorenzana, puede marcar un cambio de enfoque de Washington en Guatemala.
Tras la salida de CICIG, las elites políticas y económicas investigadas por corrupción y otros crímenes han aprovechado el vacío para intentar terminar con FECI, pero también para apoderarse definitivamente de las altas cortes a través de procesos de selección de magistrados que están viciados, según las mismas investigaciones del Ministerio Público.
Desde el Congreso, Alejos Lorenzana también ha buscado intervenir en la selección de las altas cortes, según recoge un documento de WOLA.
Hasta ahora, el silencio de la embajada estadounidense en torno a estos temas se había interpretado como una concesión de la administración Trump a la de Morales, que luego se extendió a la presidencia de Alejandro Giammattei, quien asumió como presidente a principios de este año y también había sido mencionado en investigaciones de CICIG.
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Algunos analistas entienden que estas concesiones se deben a la disponibilidad de Guatemala de ejecutar las políticas migratorias que han sido parte esencial de la política de Trump. En julio de 2019, Morales firmó el llamado acuerdo de tercer país seguro, un instrumento con el que Estados Unidos ha pretendido detener los flujos migratorios centroamericanos. Giammattei mantuvo la medida.
Stephen McFarland, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, cree que esta visión de Trump ha estado influenciada en parte por “la preferencia política de enfocarse solo en un acuerdo migratorio de corto plazo”, según dijo a título personal en conversación con InSight Crime.
El señalamiento directo que hizo el secretario de Estado Pompeo a Alejos Lorenzana en Guatemala parece ser un pequeño viraje de esa complacencia con la corrupción. “Esta nueva posición es más cercana a la política bipartidista tradicional de Estados Unidos, enfocada en el crecimiento, la seguridad y la transparencia en la región”, dijo McFarland.
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