Las recientes sanciones de Estados Unidos a cuatro colaboradores cercanos y altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos la primera dama de ese país, suman nuevos elementos que parecen ratificar la condición de Venezuela como Estado mafioso.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes 25 de septiembre la sanción a Cilia Flores, esposa del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntamente apoyar acciones orientadas a mantener en el poder a su esposo, quien ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos, corrupción y lavado de dinero.
"El presidente Maduro depende de su círculo interno para mantenerse en el poder, mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Seguiremos designando a los leales que permiten a Maduro consolidar su poder sobre el ejército y el gobierno mientras el pueblo venezolano sufre", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y agregó que su departamento “continuará imponiendo un gravamen financiero a los responsables del trágico declive de Venezuela, y a las redes y testaferros que usan para enmascarar su riqueza ilícita".
Flores quien ha ejercido como parlamentaria, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (considerada ilegal), procuradora General de la República, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, es también la tía de Franqui Francisco Flores de Freitas y de Efraín Antonio Campo Flores, quienes cumplen una condena de 18 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para introducir drogas a ese país.
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Las más recientes sanciones del gobierno de Donald Trump también alcanzaron al ministro de Defensa Vladimir Padrino, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y a su hermano y ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. Todos fueron penalizados por apoyar la permanencia de Maduro en el poder.
La medida también toca a José Omar Paredes y a Édgar Sarria Díaz, hermano del empresario Rafael Sarria (sancionado en mayo de 2018), uno de los testaferros del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y segundo hombre fuerte del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, también señalado por corrupción y narcotráfico. Entre los bienes incluidos en la lista de la OFAC se cuentan tres empresas y una aeronave de propiedad de Sarria.
Análisis de InSight Crime
Con las recientes sanciones, la lista de funcionarios y militares del gobierno de Maduro sindicados por Estados Unidos asciende a 66 personas, incluido el propio mandatario venezolano. Aunque en algunos casos la medida responde a señalamientos por violaciones a los derechos humanos o por atentar contra la democracia, una gran cantidad de funcionarios de Venezuela han sido incluidos en la lista OFAC acusados de participación en narcotráfico y corrupción.
En el caso de la primera dama, la sanción se fundamenta en que secunda las acciones de su esposo en la conducción del país, con prácticas que encajan en las características de Estado mafioso, según lo revela una investigación realizada por InSight Crime. Al conocer la medida, Maduro se pronunció en defensa de su pareja: “No se metan con Cilia. No se metan con la familia. No sean cobardes! (...). Su único delito: ser mi esposa”, dijo en una alocución televisada.
Flores es considerada una pieza clave, con mucho poder dentro del régimen de Maduro. Aunque no ha sido señalada directamente en investigaciones de tráfico de drogas o corrupción, sí fue denunciada por nepotismo durante su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional en Venezuela por incluir en la nómina de esta institución a una gran cantidad de sus familiares.
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Por otra parte, se determinó que sus sobrinos (uno de los cuales había sido criado por ella), quienes cumplen condena en Estados Unidos, estuvieron dedicados al narcotráfico por 12 años y mantuvieron vínculos con las FARC. También, recientemente el Departamento del Tesoro y el gobierno de Panamá sancionaron por corrupción a otro de los sobrinos más cercanos de Flores, Carlos Erick Malpica Flores, quien fue tesorero de la Nación y vicepresidente de Finanzas de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Adicionalmente, los tres hijos de un matrimonio anterior de Flores fueron mencionados en una investigación —que adelanta una fiscalía estadounidense— como supuestos destinatarios de unos US$200 millones producto de una operación de lavado de capitales por más de US$1.200 millones de PDVSA, caso que se conoce como la Operación Fuga de Dinero.
De esta manera, con la sanción a Flores, el gobierno de Estados Unidos no solo afecta el entorno íntimo del presidente Nicolás Maduro, sino que además permite visibilizar a otros personajes claves de los gobiernos chavistas que pudieran haber contribuido a convertir a Venezuela en un Estado mafioso.
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