Estados Unidos ha incluido a casi todos los países latinoamericanos en su lista negra de lavado de dinero en 2017. InSight Crime explora los motivos de dicha decisión y analiza algunos de los logros y fracasos de las estrategias regionales contra el blanqueo de dinero durante el año pasado.
De los 88 países y territorios incluidos en la lista de “Principales países blanqueadores de dinero” (Major Money Laundering Countries), publicada anualmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, 37 (es decir, el 42 por ciento) se encuentran en Latinoamérica. En comparación con 2016, este año hay 17 jurisdicciones latinoamericanas más en la lista, publicada como parte del Informe de la Estrategia de Control de Narcóticos Internacionales (INCSR por sus iniciales en inglés), de Estados Unidos, y cuya copia se puede consultar al final de este artículo. De las jurisdicciones del Caribe incluidas en la lista, 11 (6 de las cuales eran nuevas en 2016) no pudieron señalarse en el mapa que se presenta abajo.
Por otro lado, el número de países y territorios no latinoamericanos incluidos en la lista pasó de 47 a 51.
Según funcionarios del Departamento de Estado a quienes InSight Crime solicitó información, esto no corresponde a un empeoramiento en las actividades de lavado de dinero en los territorios agregados recientemente (como Cuba, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago), sino a un cambio en la metodología, que llevó a hacer más énfasis en la preocupación central de los informes de INCSR: el tráfico de drogas.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero
Esto significa que los países que más preocupan se seleccionan según su importancia en el comercio internacional de drogas —un proceso que tiene en cuenta, principalmente, si están incluidos en el primer volumen del informe de INCSR, sobre “Control de Drogas y Químicos”—. Esto contrasta con el método de años anteriores, cuando las jurisdicciones se seleccionaban por su participación en el blanqueo de dinero procedente de otros delitos graves.
Los funcionarios del Departamento de Estado señalaron que la decisión de modificar la metodología del informe se tomó antes de que la nueva administración estadounidense asumiera el cargo.
Análisis de InSight Crime
A pesar de que la nueva clasificación del Departamento de Estado quizá no hace referencia a un peor desempeño, sí envía un mensaje a Latinoamérica en particular: que los países más afectados por el narcotráfico deben concentrar sus esfuerzos no sólo en incautar cargamentos, sino también en identificar a dónde van los dineros de la droga. Aunque ir tras las finanzas de las redes de narcotraficantes siempre ha sido un esfuerzo crucial de las autoridades, ha adquirido mayor importancia en los últimos años.
En primer lugar, llama la atención que INCSR haya hecho énfasis en los territorios latinoamericanos precisamente en el mismo año en el que se presentaron los “Papeles de Panamá” (una serie de documentos confidenciales cuya identificación puso en evidencia a las élites que dirigían una gran cantidad de empresas fachada). Aunque dichas actividades no necesariamente implican acciones ilegales, su clandestinidad les permite ser utilizadas por organizaciones criminales o por individuos corruptos para ocultar las ganancias mal habidas.
Dicho escándalo volvió a despertar el interés internacional por investigar las actividades sospechosas en los “paraísos financieros”. Y además llevó a Panamá a mejorar sus procedimientos de transparencia, es decir, a cumplir con los estándares de intercambio de información tributaria. Sin embargo, INCSR señala que las corporaciones financieras le continúan dando prioridad a la confidencialidad de los clientes, por encima de la cooperación con las autoridades, las cuales todavía carecen de los recursos necesarios para monitorear eficazmente las actividades ilegales.
Muchos territorios del Caribe son considerados “paraísos” para realizar actividades bancarias en el exterior, y su proximidad a Estados Unidos aumenta el riesgo de que sean usados para lavar dinero estadounidense. La lista de INCSR en 2017 ha puesto en la mira a muchas de estas islas, como San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas, por lo que sus gobiernos podrían sentir más presión para tomar medidas contra la confidencialidad bancaria.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Panamá
En Colombia, las finanzas criminales también han sido un objetivo primordial: el año pasado, el gobierno exigió que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaran todos sus bienes si querían beneficiarse del acuerdo de paz firmado a finales del año. Pero es posible que los guerrilleros no sean totalmente transparentes con respecto a sus enormes riquezas, por lo que la Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas adicionales para identificarlas y confiscarlas. Dichas medidas incluyen un nuevo acuerdo de intercambio de activos firmado con Estados Unidos en noviembre de 2016, como lo señala INCSR, el cual deberá facilitar la cooperación en torno a los activos colombianos lavados en el extranjero. Un acuerdo similar entre Colombia y Costa Rica permitió que se llevara a cabo, a finales de 2016, lo que al parecer fue la primera confiscación de activos de las FARC en el extranjero.
Pero la nueva metodología del Departamento de Estado también ha llevado a que se incluyan algunos países que no parecen tener un papel “importante” en el movimiento de fondos ilícitos. Cuba, por ejemplo, fue incluida en la lista de 2017, a pesar de que el país presenta un perfil favorable en este sentido. El informe dice que “el riesgo de lavado de dinero [en Cuba] es bajo”, pues el gobierno ejerce un firme control, lo que hace que el país sea “un lugar poco atractivo para el blanqueo de capitales a través de las instituciones financieras”.
Informe del INCSR, del Departamento de Estado, en 2017, volumen 2: