Un senador estadounidense ha advertido a Guatemala con limitar los fondos de cooperación si el presidente de ese país, Jimmy Morales, insiste en pedir la remoción de Iván Velásquez, jefe de la CICIG. Es la última en una serie de advertencias y mensajes llegados desde Washington a las capitales de Guatemala, Honduras y El Salvador, países en que la lucha contra la impunidad, el crimen organizado y la corrupción es el pilar de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos.
La advertencia más reciente vino del senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont y segundo al mando del poderoso comité senatorial de Apropiaciones, quien en un comunicado emitido el 22 de marzo pasado cuestionó el intento del presidente guatemalteco Jimmy Morales de remover a Iván Velásquez.
Leahy también incluye en su mensaje el apoyo a la fiscal general de ese país, Thelma Aldana, quien junto a Velásquez y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han investigado y llevado a los tribunales casos que han destapado la relación entre el crimen organizado y lo más alto del poder político guatemalteco.
En 2016, el Ministerio Público (MP) de Aldana y la CICIG de Velásquez dieron a conocer el caso conocido como "La Línea", una trama de corrupción y connivencia con estructuras criminales en la que están implicados el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidente Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla; los tres están presos.
"Si los líderes de Guatemala apoyan a Thelma Aldana y a Iván Velásquez… haremos nuestra parte apoyando la Alianza para la Prosperidad. Pero si hay intentos por socavar o acortar el trabajo de estos dos excepcionales funcionarios, entonces los líderes de Guatemala deberán buscar apoyo en otro lado", escribió Leahy en un pronunciamiento, según reportó Revista Factum.
Aunque el senador, quien es uno de los más influyentes en temas relacionados a Centroamérica, se dirige a los "líderes de Guatemala" en general, su mensaje menciona explícitamente al Presidente Morales: “[Aldana y Velásquez] han recibido amenazas anónimas e intentos por intimidarlos, y hay preocupación de que el Presidente Morales se oponga a la renovación del nombramiento de Velásquez -cuyo periodo culmina en septiembre-, o que pida al Secretario General de Naciones Unidas que lo remueva", dice Leahy.
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En Washington persiste, desde hace al menos tres años, la idea de que los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica son incapaces de combatir por sí solos al crimen organizado y la impunidad. En sus informes anuales sobre la situación del tráfico de drogas en el mundo, además, el Departamento de Estado suele listar a Guatemala, Honduras y El Salvador como países con problemas graves de narcotráfico y lavado de dinero.
En 2014, tras el aumento de flujos de migrantes indocumentados provenientes del Triángulo Norte, la administración Obama concluyó que la violencia provocada por organizaciones criminales y pandillas era uno de los principales motivos de migración, por lo que lanzó el plan Alianza para la Prosperidad.
Luego, el comité de Apropiaciones del Senado, empujado en gran medida por Leahy, aprobó más de 750 millones de dólares para financiar la Alianza. Los desembolsos de dinero dependen en parte de la aprobación del comité en el que el senador por Vermont es el segundo al mando. Por eso, su advertencia a Guatemala no es una sin peso político.
Antes de Leahy, doce representantes de la Cámara Baja, demócratas y republicanos, también habían apoyado a Aldana y a los fiscales generales de Honduras y El Salvador en un tono similar al utilizado por Leahy.
"Los recientes esfuerzos en la región, tendientes a interpelar o remover a los fiscales generales –o a reducir sus periodos en el cargo- envían un mensaje inquietante… Nuestro Congreso ve con escepticismo las maniobras para remover fiscales generales que están claramente comprometidos con el combate a la corrupción y al crimen organizado", dice una carta firmada por la representante republicana Ileana Ros Lethinen y el demócrata Eliot Engel, primera y segundo al mando del comité de Exteriores de la Cámara Baja, y por otros diez congresistas.
La próxima semana, los tres fiscales centroamericanos llegarán a la capital estadounidense a cumplir una agenda confeccionada por el Departamento de Estado, en específico por el Buró Internacional contra la Droga y para la Aplicación de la Ley (INL por sus iniciales en inglés), según confirmaron a InSight fuentes legislativas en Washington y del Ministerio Público en San Salvador. Se trata, según dijo un funcionario del Ejecutivo que habló bajo condición de anonimato, del primer espaldarazo de la administración Trump.
Análisis de InSight Crime
Las nuevas advertencias del Legislativo estadounidense llegan en un momento complicado para los gobernantes del Triángulo Norte, y hacen referencia a la incomodidad de las élites políticas locales cuando una comisión internacional con capacidad de investigación criminal o las propias fiscalías les cuentan las costillas.
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Al presidente Morales, sujeto explícito de la carta del senador Leahy, la advertencia le llega luego de que el MP y CICIG dijeran que investigan a su hijo por supuesto tráfico de influencias. Después de eso, el mandatario dijo que no defendería a CICIG de "rumores" que relacionaban a la Comisión con supuestos intentos de golpe de Estado. Morales se refería a una campaña apócrifa de ataques a CICIG y a Velásquez, sobre todo en redes sociales, la cual generó incluso una reunión de la ONU en Nueva York en apoyo al comisionado.
Juan Orlando Hernández, el mandatario hondureño, acaba de viajar a Washington, justo después de que un narcotraficante confeso dijera en una corte de Nueva York que Tony Hernández, hermano del presidente, tenía vínculos con la banda criminal conocida como Los Cachiros.
Y en El Salvador, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se ha negado de lleno a apoyar la llegada de una comisión similar a CICIG, y miembros de su partido también han acusado a Douglas Meléndez, el fiscal general de ese país, de tener una agenda de oposición política y de ser parte de una trama para orquestar un “golpe suave”.
En el caso salvadoreño, el vicepresidente Óscar Ortiz ha sido vinculado con José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” y supuesto líder del Cartel de Texis, organización de narcotraficantes relacionada con proveedores colombianos de cocaína.
Desde los días de la administración Obama en Estados Unidos, el combate al crimen organizado y la incapacidad de los Estados nacionales para hacerlo solos ha guiado las aproximaciones políticas del Legislativo y Ejecutivo estadounidenses al Triángulo Norte centroamericano, una de las regiones más violentas del mundo. Las recientes advertencias senatoriales son un capítulo más de esa tensión, y un recordatorio de que en Guatemala, Honduras y El Salvador la relación entre política y crimen organizado sigue siendo una constante.
* Por un error de interpretación el autor atribuyó al presidente Jimmy Morales acusaciones a CICIG de estar tras un intento de golpe de Estado en Guatemala. Esto no es así. El presidente Morales sí dijo que investigaba un supuesto intento de golpe de Estado contra su gobierno y que no defendería a CICIG de rumores según los cuales la Comisión estaba relacionada con esos intentos. InSight Crime lamenta el error.
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