El asesinato de un desmovilizado de la exguerrilla de las FARC en un espacio de reincorporación a manos de un cadete del Ejército de Colombia se suma a otras denuncias de inseguridad física y jurídica y visibiliza los riesgos para uno de los eslabones más volátiles del proceso de paz.
El 22 de abril, el exguerrillero desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Dimar Torres fue asesinado por un militar que le propino cuatro tiros de fusil en las inmediaciones del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Campo Alegre, en el municipio de Convención, en la convulsa región del Catatumbo.
El ministro de Defensa Guillermo Botero inicialmente repitió la versión del cadete y dijo que la muerte había sido “accidental” y que había sucedido en medio de un forcejeo, cuando el desmovilizado supuestamente le intentó robar el fusil al militar.
Sin embargo, luego de una visita a la zona el 27 de abril donde se realizó una audiencia pública que contó con la participación de más de mil personas, la Comisión de Paz del Senado catalogó el crimen de “ejecución extrajudicial”.
Uno de los integrantes incluso dijo que el asesinato era un “crimen contra el acuerdo de paz” y otro señaló que durante la visita habían identificado una fosa donde miembros del ejército tenían planeado enterrar a Torres.
Durante la visita, la comisión recibió otras denuncias de violencia y abusos de la fuerza pública en la zona, como el caso de dos niñas de entre 6 y 7 años de edad heridas en sus brazos por un fusil.
Durante el evento, el general Diego Luis Villegas de la Fuerza de Tarea Vulcan encargada de la zona pidió perdón a la comunidad. Villegas es uno de los militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales sobre cuyo asenso Human Rights Watch y otros advirtieron sin éxito al Congreso en diciembre pasado.
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Días antes de la ejecución, líderes de 15 de los 24 ETCR que hay en el país, denunciaron las principales amenazas en los espacios, incluyendo asesinatos y otros tipos de violencia y la inseguridad jurídica para el proceso de reincorporación.
Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), de los casi 14.000 exguerrilleros inscritos, menos de 400 se han beneficiado de esos proyectos.
La figura jurídica de las ETCR expira legalmente en agosto y no hay claridad sobre el futuro de los espacios de reinserción donde se desarrollan muchos de estos proyectos, pensados para ser una fuente de ingresos para los exguerrilleros como parte del proceso de reinserción.
Análisis de InSight Crime
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la Fiscalía ha recibido casi 130 denuncias de asesinatos y desapariciones de desmovilizados de la guerrilla o sus familias. También han sido asesinados casi 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos y del proceso de paz, cuyos casos fueron llevados recientemente a la Corte Penal Internacional (CPI).
Una semana antes del asesinato de Dimar, una pareja de exguerrilleros y su hijo de siete meses fueron asesinados por hombres que hasta la publicación de este artículo no habían sido identificados.
También se han hecho públicas denuncias que van desde la irrupción violenta de la Policía en un ETCR, hasta amenazas de grupos criminales y enfrentamientos.
Uno de los jefes negociadores del acuerdo, quien actualmente se desempeña como líder del ETCR de Pondores, en La Guajira, donde es candidato a la gobernación, denunció recientemente ante la Procuraduría hostigamientos por miembros de Inteligencia Militar, a quienes señaló de haberle propuesto que se “involucre con acciones ilegales.”
La ejecución de Dimar a manos de un cadete cuyo superior fue ascendido -a pesar de ser investigado por “falsos positivos”- evoca un fantasma de impunidad en torno a estas prácticas de violencia y abusos.
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Aunque el cadete implicado fue enviado a la cárcel con sorprendente celeridad, las declaraciones del ministro de Defensa y de otros altos funcionarios, como el consejero para la paz Emilio Archila, quien calificó el caso como un “hecho aislado”, apuntan a naturalizar el hecho.
Los temores por el futuro de la ETCR y de la tierra donde los desmovilizados están concentrados actualmente y donde se suponía iban a desarrollar sus proyectos productivos también parecen estar bien fundamentados.
En una carta al ente legislativo, los integrantes de la ETCR de todo el país, aseguran que han sido “excluidos” del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con el cual el gobierno ha sido señalado de impulsar proyectos que bloquean el acceso a la tierra a las comunidades rurales para favorecer los intereses de grandes terratenientes.
Tal vez siguiendo el ejemplo de sus antiguos líderes, muchos guerrilleros que se habían desmovilizado han preferido dejar las zonas, vulnerables antes de ser víctimas de reclutamientos o ataques, o dispuestos a unirse a grupos criminales como disidencias de las FARC, grupos guerrilleros, paramilitares, entre otros.
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