Un informe que involucra a altos oficiales del ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados muestra que los criterios utilizados para medir el éxito en la lucha contra los grupos criminales pueden conducir a abusos generalizados —un fenómeno que se presenta en otras partes de Latinoamérica—.
El 24 de junio, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que involucra a oficiales del ejército colombiano en el escándalo de “falsos positivos”. Human Rights Watch define los “falsos positivos” como “homicidios ilegítimos que el personal militar arregló para que parezcan legítimos—y que sean oficialmente registrados como tales— en la lucha contra guerrilleros, paramilitares o criminales”. La mayoría de las víctimas de estos asesinatos fueron civiles.
En su informe, HRW afirma que oficiales colombianos (entre los que se encuentran generales activos y retirados) sabían o deberían haber sabido acerca de las muertes, la mayor parte de las cuales al parecer ocurrieron entre 2002 y 2008, aunque algunos casos datan de los años ochenta.
Según HRW, más de 800 miembros del ejército han sido condenados como parte del escándalo de los falsos positivos, que llegó a ser conocido públicamente en 2008. Los fiscales están investigando más de 3.700 presuntos casos. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido condenado ningún oficial con el rango de comandante de brigada o con cargos superiores.
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Sin embargo, la investigación de HRW descubrió “razones convincentes para creer” que los oficiales superiores del ejército “estuvieron involucrados en las muertes catalogadas como falsos positivos o fueron responsables de ellas”. Estos asesinatos, sostiene HRW, fueron cometidos por “la gran mayoría de brigadas en toda Colombia” y requirieron unidades tácticas y comandantes de brigada que dieran las “órdenes de ejecución” y otros documentos que proporcionaban una fachada de legitimidad a las muertes.
HRW encontró dos incentivos comunes en las descripciones de los militares y agentes colombianos involucrados en el escándalo de los falsos positivos: presiones de los superiores para incrementar el número de muertes en combate y así demostrar “resultados” en la lucha contra las guerrillas y el crimen organizado, y recompensas por supuestas bajas de enemigos en combate.
Los testimonios que HRW obtuvo del personal del ejército que admitió tener responsabilidad en los falsos positivos, “sugieren claramente que los comandantes medían el éxito en términos de muertes en combate y presionaban a los subordinados para que aumentaran su número”. Este tipo de presión, según HRW, “parece haberse difundido en la línea de mando del ejército”, e incluyó a altos generales así como a soldados rasos que llevaban a cabo los asesinatos.
El teniente coronel en retiro Robinson González del Río, quien ha admitido su responsabilidad en varios casos de falsos positivos, les dijo a los fiscales que “uno era evaluado con base [...] en las muertes en combate [...]. Es una política que implementó el general Mario Montoya [excomandante del ejército]. […] Todos los lunes destacaba las 10 mejores unidades en el país. Pero estas unidades eran evaluadas según las muertes en combate”.
González también explicó que las muertes en combate eran mejor valoradas que los arrestos de guerrilleros o su desmovilización: “Entre el miércoles y el domingo, los comandantes de brigada y batallón entraban en crisis porque sabían que el lunes tenían que dar informes sobre muertes en combate. Si no informaban muertes en combate, el comandante del ejército los amonestaba, amenazándolos con destituirlos, con despedirlos”.
Además de encontrar evidencia de que los superiores les imponían a los subordinados un mínimo de muertes en combate —así como castigos y amenazas para aquellos que no reportaban ninguna—, HRW descubrió que algunas unidades militares pudieron haber organizado competencias sobre quién lograba un mayor número de bajas enemigas.
HRW también encontró evidencias de sistemas de recompensa por las muertes en combate, como vacaciones, ascensos, cursos de formación y reconocimientos por parte de los superiores. Un soldado de un batallón de la Cuarta Brigada del ejército dijo que los soldados de su unidad recibieron 35 días de descanso después de llevar a cabo varias ejecuciones extrajudiciales en 2005.
Análisis de InSight Crime
El escándalo de los falsos positivos ha sido un descrédito para el ejército colombiano desde que se dio a conocer en septiembre de 2008, cuando los medios colombianos revelaran que soldados habían estado matando hombres jóvenes en el municipio de Soacha, en las afueras de Bogotá, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate.
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El informe de HRW, que sugiere que altos oficiales del ejército colombiano estuvieron implicados más de lo que se pensaba, ha vuelto a llamar la atención sobre el escándalo. De hecho, el momento en el que aparece este informe podría complicar aún más el frágil proceso de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, especialmente en cuanto al tema de justicia transicional y de cómo culpabilizar a los responsables de crímenes de guerra.
Los resultados incluidos en el informe de HRW también ofrecen lecciones importantes para otros contextos de seguridad. Es decir, las variables que utilizan las fuerzas de seguridad para medir el éxito, y el sistema de recompensas para incentivar los resultados deseados, pueden pervertir la lucha contra los grupos enemigos y conducir a abusos generalizados.
De hecho, al hacer énfasis en el número de combatientes enemigos muertos como una medida del éxito de las operaciones (algo que se ha denominado “síndrome del conteo de cuerpos”), y al recompensar a quienes tienen mayores resultados en este sentido, el ejército colombiano generó una mentalidad que llevó a la práctica sistemática de los falsos positivos. Esto a su vez hizo que el conteo de bajas se convirtiera en una representación engañosa y peligrosa del progreso en la lucha contra los grupos armados colombianos no estatales.
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Sin embargo, dicho fenómeno no se presenta de manera exclusiva en Colombia. Los perversos efectos secundarios de este enfoque fuertemente centrado en las cifras también se han presentado en otros lugares de Latinoamérica.
Un ejemplo de ello es México, donde durante la administración del expresidente Felipe Calderón las fuerzas del gobierno emplearon una “estrategia contra capos” para hacer frente a los carteles de la droga. Bajo esta política, el gobierno hizo énfasis en la captura de líderes de los carteles y en sofisticados operativos contra los criminales, que dieron como resultado llamativos titulares y le permitieron al gobierno demostrar que estaba obteniendo resultados positivos.
Sin embargo, esta estrategia se vio acompañada por evidencias generalizadas de violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad mexicanas. El ejército mexicano, que fue convocado para ayudar a derribar a los miembros y líderes de los carteles, se ha visto implicado en escándalos similares al caso de los falsos positivos en Colombia, dado que hay soldados que han cometido ejecuciones extrajudiciales (uno de los casos más destacados es la masacre de Tlatlaya en 2014).
En Centroamérica se presenta otro ejemplo similar. La aplicación de políticas de seguridad de “mano dura” para enfrentar la inseguridad en países como El Salvador, y la presencia de grandes pandillas en la región, o “maras”, le dieron a la policía la autoridad para llevar a cabo detenciones masivas y encarcelamientos de presuntos pandilleros.
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Sin embargo, llenar las cárceles de pandilleros no logró reducir la violencia en las calles y por el contrario sirvió para que las pandillas se fortalecieran, pues les permitió utilizar las cárceles para consolidar sus actividades y reclutar nuevos miembros.
Los gobiernos necesitan —y deben establecer— variables para medir el impacto de sus esfuerzos en la lucha contra los grupos del crimen organizado. En este sentido, es importante determinar los resultados no deseados que pueden surgir al hacer énfasis en ciertos indicadores de “éxito”. También es crucial realizar una estricta supervisión de las fuerzas encargadas de ejecutar las políticas gubernamentales —y de responsabilizar a los culpables de los abusos—. Según lo demuestra el escándalo de los falsos positivos en Colombia, no hacerlo puede dar como resultado violaciones generalizadas de los derechos de aquellos que el gobierno supuestamente pretende proteger.
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