Las fuerzas armadas de Colombia describieron las áreas de interés en sus futuras funciones en caso de que se afirme un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, varias de las cuales implican un papel potencialmente problemático, pero quizá necesario, en la lucha contra el crimen.
El Colombiano informó que los jefes militares identificaron las siguientes siete áreas de las operaciones del ejército en un escenario de posconflicto:
- Defensa Nacional
- Seguridad pública
- Seguridad y convivencia ciudadana
- Gestión del riesgo y atención de desastres
- Contribución al desarrollo del país
- Cooperación internacional
- Protección del medio ambiente y de los recursos
Dentro de estos siete puntos, El Colombiano señala que hay tres líneas principales:
- Espada de Honor: campaña que le permite al ejército luchar contra todo el sistema de las denominadas amenazas criminales.
- Transición hacia la paz, focalizada en el apoyo al desarme, la desmovilización y la reinserción de guerrilleros que dejen las armas.
- Transformación: Creación del Comando de Transformación del Ejército, donde se diseña la estrategia del cambio al 2030.
“Hoy tenemos un Ejército que está en pie de guerra, que sigue luchando por conseguir la paz, pero al mismo tiempo tiene la capacidad para transformarse”, dijo el viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto, según El Colombiano. “No solo en modernización y recursos, sino que es una transformación basada en lo cultural, de la mente y soportada en la educación militar”.
El general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, señaló que la firma de los acuerdos no dará paso a la paz inmediatamente, sino que ello se logrará en varios años. Barrera dijo que habrá una constante necesidad tanto de asegurar que los acuerdos se implementen adecuadamente como de hacer frente a otras amenazas, como las bandas criminales (conocidas en Colombia como BACRIM).
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Marcela Prieto, analista política y especialista en conflictos armados, coincide con estas afirmaciones, y le dijo a El Colombiano que las considerables habilidades del ejército y el conocimiento que éste ha adquirido durante sus años de lucha no deben ser ignorados durante el período posterior al acuerdo. “El ejército colombiano”, dijo, “debe seguir colaborando con el resto de la Fuerza Pública y no enfocarse, como afirman muchos, en cuidar las zonas de fronteras”.
El gobierno colombiano ha estado adelantando negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde 2012, y recientemente inició de manera formal conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Análisis de InSight Crime
Después de haber estado en guerra durante el último medio siglo, el ejército colombiano teme que perderá poder en caso de que se firmen los acuerdos de paz con las FARC y el ELN.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) ha estimado que el fin del conflicto armado en Colombia puede dar como resultado que el tamaño del ejército se reduzca a unos 100.000 soldados, de los 272.000 que tiene en la actualidad. Para evitar que se presente un vacío de seguridad, la Policía Nacional de Colombia (PNC) está tratando de aumentar sus tropas de 184.000 miembros mediante la incorporación de 10.000 reclutas por año.
Sin embargo, como lo señala WOLA, a la PNC le tomaría años llenar la brecha de personal que se generaría por un rápido recorte en las fuerzas armadas.
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Aún hay dudas sobre la capacidad de la PNC para cumplir su mandato constitucional de proporcionar seguridad interna. En un reciente trabajo de campo realizado por InSight Crime en 60 municipios de Colombia, se descubrió que muchos policías en regiones aisladas no hacen patrullajes por fuera de los centros urbanos, y en algunos casos ni siquiera salen de las estaciones de policía. Es poco probable que esta situación cambie considerablemente tras un acuerdo de paz.
Las dudas acerca de las capacidades de la PNC han llevado a que el ejército busque tener un rol en el posconflicto. Los estrategas militares han identificado la lucha contra el crimen organizado como un área en la que las fuerzas armadas pueden enfocar sus recursos y capacidades. Y dada la falta de capacidad de la PNC, la participación de los militares en los asuntos de seguridad interna probablemente será necesaria en el corto o mediano plazo.
Sin embargo, el hecho de que el ejército colombiano asuma funciones policiales genera algunos temores.
En México, por ejemplo, hay algunos claros ejemplos de los peligros que acarrea la militarización de la lucha contra el crimen organizado. Allí, los soldados han estado implicados en numerosas violaciones a los derechos humanos (incluyendo ejecuciones extrajudiciales) desde que el expresidente Felipe Calderón les asignó un papel más importante en la lucha contra las estructuras criminales.
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En El Salvador, la participación de los militares en funciones de seguridad interna también ha sido cuestionada. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una división de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo una audiencia sobre ejecuciones extrajudiciales y otros presuntos abusos cometidos por policías y soldados mientras atendían a la continua crisis de seguridad del país.
La historia ha demostrado que los militares colombianos no son inmunes a ese tipo de transgresiones. De hecho, uno de los casos más graves de violaciones generalizadas a los derechos humanos en Latinoamérica es el escándalo de los “falsos positivos”, que consistía en que los miembros del ejército colombiano ejecutaban civiles y los hacían pasar como combatientes enemigos.
Sin embargo, no involucrar al ejército colombiano en los esfuerzos por desmantelar a las estructuras criminales, o reducir drásticamente el número de soldados, representa varios escenarios igualmente desfavorables. Uno de ellos es el riesgo de propiciar espacios para los grupos armados ilegales, dada la ausencia de una fuerza policial. El otro tiene que ver con lo que ocurrirá con aquellos soldados que de un momento a otro se encuentren sin trabajo. Dado que poseen un conjunto especial de capacidades, como la habilidad para manejar armas y la familiaridad con tácticas militares, los soldados resultan atractivos como posibles reclutas para las organizaciones criminales, según se ha podido evidenciar en el caso de Los Zetas en México, cuyo cuadro inicial de miembros provenía de las bien entrenadas fuerzas especiales mexicanas.
En definitiva, el objetivo final es que la policía pueda proporcionar seguridad interna sin el apoyo de los militares. Sin embargo, hasta que la policía colombiana esté en capacidad de asumir este reto, es probable que al ejército se le asigne algún papel en la lucha del país contra el crimen.
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