Un análisis acerca del tráfico de personas en México, desarrollado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) durante cuatro años, ha encontrado continuamente que este crimen cuenta con altos niveles de impunidad, demostrando cómo la información oficial, contradictoria e incompleta, contribuye a esconder el verdadero alcance del problema.
El estudio (pdf), que examina el periodo que va entre enero de 2010 y julio de 2013, recopila estadísticas de organismos enfocados en el tráfico de personas en 31 estados mexicanos, el Distrito Federal, y el gobierno federal.
Durante el periodo, 16 estados reportaron un total de 846 víctimas, mientras que el resto no reportó ninguna información. Jalisco tuvo la mayor cantidad de víctimas, con 283, lo que representa alrededor de un tercio del total. Estuvo seguido por Baja California con 136, y Puebla con 122. La Procuraduría General de la República (PGR) registró 347 víctimas durante el periodo, y la Policía Federal Ministerial (PFM) registró 121.
La información relativa al sexo, la edad y la nacionalidad sólo fue proporcionada para una porción del total de víctimas reportadas por estos estados. De éstas, alrededor del 87 por ciento fueron mujeres, y aproximadamente ese mismo porcentaje fue víctima del tráfico sexual. Más del 90 por ciento de las víctimas eran solteras. Las cifras de la PGR reflejaron una tendencia similar, en la que las mujeres representaron cerca del 80 por ciento del total de las víctimas.
Según información estatal, un poco más de la mitad de las víctimas tenían menos de 18 años. La cifra más alta de menores de edad y de mujeres fue registrada por Baja California.
Los estados informaron que el 95 por ciento del total de las víctimas fueron nacionales mexicanos, mientras que las cifras federales mostraron un patrón diferente. La PFM indicó que un gran número de víctimas eran migrantes indocumentados, y la PGR informó que alrededor del 48 por ciento de las 276 víctimas eran extranjeros. De estos, la mayoría provenían de Guatemala, Honduras, Haití y El Salvador.
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La cantidad de arrestos durante el periodo fue pequeña en comparación con el número total de víctimas, y la cantidad de condenas fue aún menor.
Según la información presentada por 16 estados, se realizaron un total de 275 detenciones, la mitad de ellas en Puebla y Baja California. En nueve estados, se abrieron 94 procesos judiciales durante el periodo, Tlaxcala y Baja California encabezaron la lista con 31 procesos cada uno. Puebla no proporcionó información sobre procesos judiciales.
Entre los estados que proporcionaron información, sólo tuvieron lugar 17 condenas entre 2010 y mediados de 2013, siete de ellas en Tlaxcala y cuatro en Baja California. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reportó 89 procesos judiciales abiertos por trata de personas, entre 2011 y junio de 2013, y otros 24 procesos por tráfico de menores y de otras víctimas incapaces de generar resistencia, pero no proporcionó información con respecto a las sentencias.
A nivel nacional, la FEVIMTRA, la unidad especial contra el tráfico de la PGR, solo abrió 30 procesos judiciales durante el periodo, según la información proporcionada por el ONC.
Con respecto a los resultados, el ONC expresó preocupación no sólo por el porcentaje extremadamente bajo de sentencias, en comparación con la cantidad de víctimas –sólo dos condenas por cada 100 víctimas, según fuentes oficiales- sino también con por la incapacidad de las autoridades estatales y nacionales para proporcionar respuestas adecuadas, oportunas y precisas. El suministro de esa información es, según el ONC, una obligación legal de estas autoridades, y “dicha labor no solo es necesaria sino indispensable para la generación y evaluación objetiva de políticas públicas que puedan atender integralmente el fenómeno de la trata de personas en nuestro país”.
Análisis de InSight Crime
El estudio es limitado en su capacidad para ilustrar las tendencias y los patrones de la trata de personas, debido a la gran falta de datos en la información recolectada; muchos estados y organismos nacionales no proporcionaron cifras adecuadas. Sin embargo, sí logra resaltar la impunidad de la cual gozan los traficantes actualmente, lo que facilita el crimen.
La cantidad de víctimas mencionadas en el informe del ONC es minúscula si se compara con el alcance estimado del problema. Una excongresista mexicana dijo en 2012 que anualmente 800.000 adultos y 20.000 niños son traficados con fines de explotación sexual en el país. La ONG de la región, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), informó en 2010 que alrededor de 1,2 millones de personas en México fueron víctimas de la trata de personas.
Los dos estados en los que, según el ONC, se registró la mayor cantidad de víctimas son también el hogar de tres de las ciudades que han sido identificadas entre los 13 focos de trata de personas: Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco, y Tijuana en Baja California. En Tlaxcala, que estuvo a la delantera en condenas, se llevó a cabo una importante operación contra el tráfico sexual en 2011. Sin embargo, el estudio no logra reflejar la importancia de otras rutas, como la de Nuevo Laredo en Tamaulipas.
México es considerado un país Nivel 2 (de tres niveles) por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como una fuente, y punto de tránsito y destino para la trata de personas. Es el segundo país de origen más importante de las víctimas que son traficadas hacia Estados Unidos después de Tailandia, según La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Haciendo eco a la información suministrada por el ONC, el Departamento de Estado indica que la mayoría de las víctimas extranjeras en México provienen de países vecinos de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- aunque también se han identificado víctimas provenientes del Caribe, Europa del Este, Asia y África.
El comercio en el país está evolucionando: una vez dominado por pequeñas redes, ahora es una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales que se dedicaban al narcotráfico. Teresa Ulloa, directora regional de CATWLAC, afirma que este comercio es una industria de US$10 mil millones anuales para los carteles mexicanos, siendo los Zetas uno de los grupos que más fuertemente ha estado involucrado en este negocio en los últimos años. En 2013, un traficante salvadoreño testificó haber vendido migrantes al grupo por US$800 cada uno.
La metodología también está cambiando. Muchas mujeres y niñas resultan siendo víctimas del comercio sexual bajo las falsas promesas de mejores condiciones de vida o a través de relaciones románticas, aunque al parecer los proxenetas también han comenzado a utilizar a jóvenes mujeres víctimas para reclutar a otras menores de edad. Las víctimas del tráfico sexual son cada vez menores, afirma Ulloa.
México no ha sido ajeno al problema. El país aprobó su primera ley federal contra la trata de personas en noviembre de 2007, y desde entonces han continuado surgiendo otras legislaciones. Para 2013, 23 estados tenían leyes orientadas específicamente a atacar el tráfico, y en junio de 2012, el país aprobó una nueva ley más integral para combatir este crimen. Este ley requiere el cumplimiento de todos los niveles del gobierno, amplía el rango de los crímenes considerados como trata de personas, establece penas de prisión de hasta 40 años para crímenes relacionados, y estipula mayor coordinación entre los organismos, dice el ONC. Las revisiones de la ley de 2012 actualmente están siendo examinadas.
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Sin embargo, estas medidas legales no han acabado con la impunidad generalizada de la que gozan los traficantes de personas en México, como lo demuestra la evidente falta de acciones legales en los últimos cuatro años. Éste es un problema común en los países de la región, incluyendo Argentina y Brasil: la legislación sobre trata de personas avanza, pero la situación cambia muy poco para las víctimas.
La naturaleza de la trata de personas dificulta el procesamiento –la cadena de explotación puede involucrar a muchos grupos y participantes, y las víctimas del tráfico sexual a menudo son renuentes a testificar. Sin embargo, como afirma el ONC con respecto a México, también es un problema “de capacidades, de voluntad y de sensibilización”. Los sistemas judiciales de la región son notoriamente ineficientes y están sobrecargados, y a menudo los funcionarios son cómplices en el delito. Se han reportado casos de soborno, extorsión, falsificación de los documentos de identidad de las víctimas, y de abuso de las víctimas por parte de funcionarios mexicanos, según el Departamento de Estado.
El déficit de información proporcionada al ONC por parte de los gobiernos federales y locales, además de perjudicar el estudio, sirve para destacar aún más las actuales ineficiencias del sistema –la falta de cifras transparentes o accesibles reduce la capacidad de México para combatir la trata de personas. Como señaló el ONC, la recopilación de estadísticas de trata de personas se complica por la falta de disposición de las víctimas a denunciar por miedo o por humillación. Sin embargo, la falta de cifras también demuestra un claro fracaso en abordar un gran problema que es cada vez mayor.
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