El asesinato de Byron Lima, el ‘rey’ de las prisiones en Guatemala: ¿un autogolpe de Estado? (Parte III)

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Poco después de que Otto Pérez Molina fue elegido presidente de Guatemala, Byron Lima Oliva, el otrora laureado excapitán del ejército, y encarcelado por el asesinato de un obispo, se dispuso a escribirle un correo electrónico al recién nombrado ministro del Interior, Mauricio López Bonilla.

“Don Damián”, comenzó dirigiéndose a él con el apodo militar de López Bonilla. Los tres —Pérez Molina, López Bonilla y Lima— habían estado juntos en el ejército. “Aquí le mando el listado de personas idóneas para ocupar los puestos más importantes dentro de la Dirección General del Sistema Penitenciario que son la base de una gestión óptima propia de su futura actividad como ministro de Gobernación”.

En el correo electrónico, al cual tuvo acceso Contrapoder, le recomendaba a 65 candidatos para puestos como director, subdirector y numerosos funcionarios de nivel medio, algunos de los cuales se habían graduado en la academia militar con Lima, y al menos uno de los cuales era un pariente político suyo. Lima había estado en prisión durante 11 años por el asesinato del obispo Juan Gerardi, pero había mantenido sus contactos, los cuales había utilizado para obtener el control de todo tipo de actividades, desde las ventas de licor de contrabando hasta el uso de teléfonos al interior de las prisiones.

López Bonilla nombró finalmente a cerca de la mitad de los candidatos que se le habían sugerido, según señala Contrapoder. La revista dice que estos funcionarios se referían a Lima como el “Capi” o el “Jefe” y le hacían consultas antes de tomar decisiones. También se confabularon con él para ganar dinero: durante el régimen de Lima, hacer una transferencia de una cárcel a otra costaba más de US$7.000.

Además, abrieron la puerta para otras actividades de corrupción, como cobrarles a los narcotraficantes millonarios sobornos a cambio de mantenerlos “a salvo” en la cárcel mientras esperaban la extradición a Estados Unidos. En un caso, un presunto narcotraficante que se negó a pagar US$800.000 fue llevado a un cuarto donde le pusieron una bolsa de heces humanas sobre su cabeza, según le dijeron investigadores del gobierno a InSight Crime. Dicho preso pagó el dinero, y luego supuestamente le puso precio a la cabeza de Lima por la misma cantidad: US$800.000.

Una revolución contra la corrupción

La corrupción en el sistema penitenciario fue la punta del iceberg de la administración Pérez Molina. Desde abril de 2015, investigadores del Ministerio Público y de su apéndice de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comenzaron a divulgar una serie de casos de corrupción que terminaron por llevar a la cárcel a Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, así como a López Bonilla y a muchos otros funcionarios y exfuncionarios, quienes están a la espera de un juicio.

El Ministerio Público y la CICIG han continuado adelantando casos contra políticos locales y nacionales, empresas internacionales y guatemaltecas, dueños de hoteles y bancos, entre otras personas. Son tantos casos, que para la mayoría de los guatemaltecos es difícil identificarlos —un peligro en un país donde la desinformación y la confusión a menudo se utilizan para anular incluso las causas más nobles—.

Estos casos hacen parte de una lenta revolución que está modificando el statu quo en un país donde las élites económicas, militares, políticas, judiciales, y prácticamente cualquier persona con dinero y conexiones, buscan asegurarse que la justicia no caiga sobre ellas.

En un extremo están el Ministerio Público y la CICIG. Recientemente, a ellos se les han unido el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Su patrocinador es la Embajada de Estados Unidos, cuyo embajador, Todd Robinson, junto con el comisionado colombiano Iván Velásquez, de la CICIG, se han convertido en sus voceros ad hoc.

En el otro extremo está todo aquel que esté bajo acusación, junto con sus aliados. Esto incluye, por supuesto, a exfuncionarios de la administración Pérez Molina, Baldetti y López Bonilla, así como partes de las élites económicas tradicionales, que también de repente se encuentran a la defensiva. También incluye a oficiales del ejército en servicio y retirados, algunos de los cuales han sido vinculados a infames redes criminales que surgieron de los servicios de inteligencia del ejército. Estos grupos también tienen aliados en la presidencia, en su mayoría exmilitares, desde que se formó el partido del presidente Jimmy Morales por parte de un grupo de exoficiales del ejército.

El padre de Lima, el coronel Byron Lima Estrada, tuvo conexiones con una de estas nefastas redes, conocida comúnmente como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Él participó en por lo menos dos golpes de Estado, uno de ellos exitoso, en 1983, que derrocó al presidente (y general) Efraín Ríos Montt; y otro fallido, en 1988, contra el primer presidente civil que tuvo el país después de 25 años, a quien el coronel se refiere regularmente como “comunista”.

Los CIACS y Byron Lima

Las relaciones de Lima hijo con estas redes son un poco más fluidas. Él ha estado vinculado sobre todo con la red dirigida por el expresidente Pérez Molina. Conocido como el Sindicato, este grupo surgió de una parte un poco más progresiva del ejército que eventualmente abogó por las conversaciones de paz con la guerrilla y por la reducción de las fuerzas armadas. Pérez Molina continuó reinventándose y extendió sus alianzas a los círculos de las más prominentes élites económicas del país.

Lima también ha estado vinculado a una red más antigua, conocida como la Cofradía. El líder de la Cofradía ha sido por mucho tiempo el general (r) Francisco Ortega Menaldo. Además de trabajar en varias unidades de inteligencia militar y como jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Ortega Menaldo también trabajó en el Ministerio de Finanzas Públicas y tuvo una increíble destreza para ubicar a sus aliados en la Oficina de Aduanas y en los puertos, un área donde por mucho tiempo los funcionarios militares habían estado cobrando sobornos para permitir el paso de drogas ilícitas y bienes de contrabando.

Las conexiones de Lima con la Cofradía son mucho menos probables. Su padre tuvo discrepancias con Ortega Menaldo en el fallido intento de golpe de Estado militar de 1988 (Vea aquí el pdf del dossier del gobierno de Estados Unidos sobre este golpe de Estado). Y en 1993, el mentor de Lima, Pérez Molina, tuvo discrepancias con Ortega Menaldo cuando el entonces presidente Jorge Serrano intentó acabar con el Congreso, en lo que en ese momento se describió como un “autogolpe” de Estado.

Ortega Menaldo era el principal asesor de Serrano. Pérez Molina ere jefe de la dirección de inteligencia del ejército, la D2, y se opuso al autogolpe de Estado, que resultó fallido. Para algunos, aquello significó un triunfo del ala más progresista del ejército. Para otros, hacía parte de una larga batalla por el más importante flujo de ingresos para los militares retirados y en servicio: la aduana y la protección fronteriza.

Grietas en el sistema

Para cuando asumió la presidencia en 2012, las alianzas de Pérez Molina habían evolucionado. Parecía estar en paz con algunos miembros de la Cofradía. Incluso nombró a algunos de esos presuntos miembros en su equipo de seguridad, y su administración nombró a otros para trabajar en la agencia de aduanas. Además pareció estar dispuesto a compartir el botín que le proporcionaba el poder, especialmente en lo relacionado con las aduanas y la protección fronteriza, que era manejada en parte por su ambiciosa vicepresidenta Baldetti, así como por militares retirados y en servicio.

Pero había grietas en el sistema, empezando por las cárceles y por Byron Lima, quien parecía estar sobrepasando sus límites, pues solamente en febrero de 2013 solicitó cien “salidas” oficiales de la cárcel. En ese mismo mes, fue detenido por la policía cuando regresaba de una de esas salidas al “dentista”. López Bonilla, el ministro del Interior, convocó a una conferencia de prensa, denunció a Lima y destituyó al director del sistema penitenciario que Lima había mencionado en el correo electrónico de 2011 dirigido a “Don Damián” (Vea abajo apartes del video de la conferencia de prensa).

Lima reaccionó bruscamente a la aparente hipocresía. Se refirió a López Bonilla como “traidor” y “comunista”. Luego le dijo a InSight Crime que fue López Bonilla, y no él, quien estaba chantajeando a los narcotraficantes y poniendo bolsas de heces sobre sus cabezas si no le pagaban la cuota de “protección”. Y amenazó con revelar los múltiples esquemas que López Bonilla tenía para asignarles los contratos del Ministerio del Interior a las empresas con las que él tenía vínculos.

“Ponete a investigar la telefonía del sistema penitenciario”, le dijo a InSight Crime en abril. “¿De quién es la empresa? Investiga quien se encarga de la alimentación en el sistema penitenciario actualmente. ¿Quién es el dueño? El hijo de López Bonilla. Ponete a investigar las cámaras, López Bonilla…”.

Y la lista de Lima continuaba: vehículos, computadoras y fotocopiadoras, todo se lo alquilaba el ministerio a empresas vinculadas a López Bonilla o de las que él era propietario; ninguno de los contratos con opción a compra, dijo Lima. InSight Crime hizo investigaciones en el Ministerio del Interior, y la respuesta fue que estaban investigando numerosas denuncias de corrupción que se presentaron durante el período de López Bonilla.

Un complot de asesinato

Una vez que estos exfuncionarios fueron encarcelados por corrupción, sus necesidades cambiaron radicalmente. Dado que Estados Unidos apoyaba firmemente las investigaciones, y que estas estaban siendo lideradas por las instituciones, los exfuncionarios encarcelados y sus aliados entendieron que no podrían planear un golpe de Estado de manera formal. No tenían el poder ni la cohesión suficientes para llevarlo a cabo. Y no están necesariamente contra el presidente Jimmy Morales. Como se señaló anteriormente, tienen aliados en la presidencia, y algunos de ellos trabajan en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la presidencia.

Tuvieron que idearse entonces la manera de deshacerse de quienes los estaban investigando. En otras palabras, necesitaban su propio autogolpe de Estado, algo que cambiara radicalmente el sistema que está buscando alterar el statu quo y por ahí derecho encarcelarlos a ellos y a sus aliados —tanto de los militares como de los políticos y los banqueros—. El embajador Robinson y el comisionado Velásquez son prácticamente intocables, por lo que decidieron que el objetivo sería la fiscal general Thelma Aldana.

Por su parte, Aldana había recorrido un círculo completo. Cuando en 2013 fue nombrada fiscal general por Pérez Molina, se creía que Aldana estaba en el bolsillo de la presidencia. La CICIG había levantado alertas sobre ella en dos ocasiones cuando era magistrada de la Corte Suprema y tenía relaciones con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

Sin embargo, Aldana había demostrado su habilidad para saber qué agua la mojaba y, para sorpresa de muchos observadores, se convirtió en una aliada de la CICIG, el gobierno de Estados Unidos y los defensores de gobierno de Guatemala que estaban presionando para que se adelantara en la investigación de esos casos de corrupción.

Los detalles del plan para asesinar a Aldana son inexactos, pero funcionarios de Guatemala y Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que las amenazas eran creíbles. Dijeron que el hombre a quien se le pidió planear el asesinato es un presunto narcotraficante que también fue militar y que tenía los medios para lograr su cometido. Pero él exigió demasiado dinero. Según las autoridades, quienes estaban planeando el homicidio buscaron otras personas que pudieran llevarlo a cabo, quizá mexicanos u hondureños.

En una columna del 19 de junio, el propietario de elPeriódico, José Rubén Zamora, dijo que Byron Lima era “el enlace” entre el asesino y la red de militares que buscaban el asesinato de Aldana. Esta red, afirmó Zamora, estaba bien al interior de la presidencia (Zamora dice que él mismo era también uno de los objetivos del complot).

Cuando Estados Unidos, la CICIG y otros organismos se enteraron del complot, sacaron a Aldana del país por unas semanas. Ya que el complot había sido frustrado (o por menos detenido), Zamora dice que la conspiración buscó eliminar a los testigos, es decir, a Lima. Y el 18 de julio, en un asalto sorpresa en las instalaciones de la cárcel de Pavón, Lima fue asesinado, además de otras 12 personas. Diez más resultaron heridas.

Deshacerse de Lima sirvió para un segundo propósito, especialmente para López Bonilla, Peréz Molina y otras personas que mantenían vínculos con Lima mientras estaba en prisión: eliminar a un testigo aparentemente dispuesto a denunciar sus transgresiones mientras estuvieron en la presidencia.

Plan B: ¿Destronar al ministro del Interior?

La teoría de Zamora sobre los móviles para el asesinato de Lima tiene algunas lagunas. El cerebro de la supuesta trama para matar a Aldana es el hermano de uno de los compañeros de Lima en la academia militar, y alguien a quien el hermano de Lima, Luis Lima, considera que estaba “con nosotros”, según le dijo a InSight Crime.

Luis Lima dijo además que es absurdo considerar que  Byron hubiera participado en el complot porque él estaba luchando por su libertad, y entonces “¿por qué hubiera querido matar a Thelma Aldana?”.

Sin embargo, la muerte de Lima podría ser parte de un plan para desestabilizar al gobierno y llevar a cabo una especie de autogolpe de Estado. Después de Aldana, el segundo objetivo lógico para los procesados por corrupción es el ministro del Interior, Francisco Rivas, un experimentado fiscal que ha desarrollado su carrera en el Ministerio Público y se ha convertido en una parte fundamental de la alianza para derrocar el statu quo. Pero está rodeado de personajes importantes del Ministerio del Interior, como Zamora también lo dijo en su columna. Algunos de esos funcionarios todavía le son leales a López Bonilla; y Rivas se veía desconcertado durante la conferencia de prensa después de la muerte de Lima (vea abajo).

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El frágil soporte de Rivas en el ministerio es compensado por el firme respaldo que tiene del gobierno de Estados Unidos. Pero la muerte de Lima y el subsiguiente caos que este crea dentro del sistema penitenciario, pueden conducir a su caída y cumplir un propósito similar al de eliminar a Aldana.

Los funcionarios del Ministerio tienen razones para estar preocupados. Rápidamente remplazaron a varios altos funcionarios de las prisiones y abrieron una investigación interna sobre cómo ocurrió tal sofisticado ataque dentro de las paredes de la prisión. Pero no pueden hacer mucho para acabar con las teorías conspirativas.

Como se ha podido observar en esta serie de tres artículos sobre el asesinato de Lima el 18 de julio pasado, su lista de enemigos era tan larga como sórdida. Y la pregunta central, además de quién lo hizo, es quién resulta beneficiado con el final sangriento de Lima dentro de las paredes de la prisión.

Vea la Parte I: ¿Quién mató a Byron Lima, el ‘rey’ de las prisiones de Guatemala?

Vea la Parte II: El asesinato de Byron Lima en Guatemala: ¿un “crimen de Estado”?

 

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