Un informe reciente sobre la destrucción ambiental causada por el crimen organizado en Guatemala, arroja luz sobre una consecuencia poco comentada de la actividad criminal en las Américas.
El informe, publicado por la revista en línea Yale Environment 360, describe la amenaza que representan las bandas criminales a la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, en el norte del país; un área de alrededor de 2.1 millones de hectáreas que cubre alrededor del 19 por ciento del país y la mitad de la provincia norteña de Petén.
Según funcionarios del parque, la parte occidental de la reserva ha sido la más afectada, con bandas salvadoreñas, mexicanas, y chinas operando en el área. La parte oriental se ha dejado relativamente intacta.
La destrucción ha sido causada por una serie de actividades ilícitas. Presuntamente, las bandas mexicanas y salvadoreñas han despejado grandes extensiones de tierra para lavar dinero a través de ranchos ganaderos; con la primera vendiendo ganado en el lado mexicano de la frontera para obtener ganancias. La práctica ha llevado a los guatemaltecos a acuñar el término de “narcoganadería”, señala el informe.
Los carteles mexicanos también juegan un papel decisivo en la tala de bosques para crear pistas de aterrizaje, para los aviones que traen narcóticos desde Suramérica. Esto ha resultado en la pérdida de unas 40.000 hectáreas de bosque en la última década, según el artículo.
Mientras tanto, las autoridades temen que los criminales respaldados por bandas chinas, puedan estar entrando en la reserva. La tala ilegal ya se ha llevado a cabo por estos grupos al sur de la reserva, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y la madera está siendo enviada para satisfacer el mercado asiático.
Los empleados de CONAP, junto con las personas que trabajan con la Wildlife Conservation Society (WCS), han sido amenazados por los criminales en el área; incluso algunos, han sido secuestrados o forzados a huir por su propia seguridad. Si el estado no es capaz de mejorar su presencia de seguridad en el área, la destrucción ecológica por parte de las bandas, puede extenderse. Como están las cosas, es una “cadena de fichas de dominó cayendo, amenazando con barrer hacia el este hasta llegar a la frontera de Guatemala con Belice”, dijo el director de WCS, Roan McNab.
Análisis de InSight Crime
La degradación ambiental es una de las consecuencias más ignoradas de la actividad de las bandas criminales en la región. InSight Crime trazó el mapa antes de la conferencia de Rio+20 sobre sostenibilidad ambiental, en junio, aunque es abundante la evidencia que hay sobre el impacto del crimen organizado en el medio ambiente.
Uno de los culpables más evidentes son las bandas que se dedican a la tala ilegal y al tráfico de especies raras. Desde los países de Suramérica, como Brasil, Colombia y Perú, hacia más al norte de Guatemala y Nicaragua, existen casos de redes criminales que roban recursos de áreas con diversos ecosistemas, para vender en el mercado internacional.
Sin embargo, muchas veces los efectos medioambientales no están relacionados con el llamado “eco-tráfico”, como destaca el informe de Guatemala, con el ejemplo de los carteles mexicanos que talan bosques para construir pistas de aterrizaje. La minería ilegal, el robo de petróleo y la producción de cocaína, todos tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente. En la minería ilegal de oro, particularmente en Colombia – un crimen en el cual las FARC, los Rastrojos y los Urabeños tienen interés – los productos químicos tóxicos como el mercurio y el cianuro son utilizados, contaminando la tierra y los suministros de agua, como señaló el Informe de Peace Brigades International de 2011.
En cuanto a la cocaína, se sabe que todas las etapas de la producción tienen un impacto en el medio ambiente debido al empleo de precursores químicos y gasolina, en laboratorios improvisados en la selva. La mayoría de estos productos químicos llegan a las vías fluviales vecinas y destruyen la flora y la fauna donde los laboratorios están localizados.
Los esfuerzos de erradicación de coca, han sido igualmente desastrosos debido al uso de glifosato en la fumigación aérea de los cultivos ilegales, afectando a los animales, los cultivos legales, y las vías fluviales.
En el último año, se han dado movimientos unilaterales por parte de los gobiernos, reconociendo el daño que se ha causado. Nicaragua desplegó un “eco-batallón” a principios de este año para combatir la tala ilegal, Brasil ha utilizado aviones no tripulados para detectar delitos medio ambientales, y Colombia ha creado una oficina para tratar exclusivamente los delitos ambientales.
Sin embargo, como ilustra la destrucción en la Reserva Maya, particularmente en Petén, esta degradación se lleva a cabo a menudo en áreas con poca presencia estatal, y donde las bandas criminales operan como una forma de gobierno. Además de la lucha contra la destrucción medio ambiental y los crímenes que la causan, la tarea de reforzar la presencia estatal en las áreas remotas será fundamental para combatir este problema.