El paraíso del narcotráfico en Colombia: Las Islas de San Andrés

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El archipiélago de San Andrés, Colombia, en El Caribe ha sido centro del contrabando duante siglos, ya que ha servido como punto de paso de actividades ilegales entre Colombia continental y Centroamérica. Hoy en día, estas islas altamente estratégicas siguen siendo escala favorita del crimen organizado.

La soleada isla de San Andrés, a 110 kilómetros de la costa de Nicaragua y a unos 720 kilómetros de la Colombia continental, ha sufrido un repunte de los crímenes violentos durante los últimos diez años.

Detrás de esto hay una historia arraigada de actividad criminal. Los narcotraficantes transnacionales llevan décadas usando los 52,5 km² de archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para el traslado de toneladas de mercancías ilícitas hacia el norte, a Estados Unidos, mientras que los productos de contrabando se han movido en la dirección contraria. Las repercusiones del negocio han golpeado más duro a la población local.

Piratas, contrabando y carteles

El distante archipiélago colombiano ha sido guarida de piratas por cerca de un siglo.

“En […] San Andrés y Providencia hay una memoria histórica […] de piratas y filibusteros, y una tradición de contrabando que tiene sus raíces en el comienzo del siglo XX, debido a su proximidad con el Canal de Panamá”, señala un informe reciente (pdf) con el título “Multiculturalismo y seguridad fronteriza en el archipiélago de San Andrés y Providencia” de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

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Décadas más tarde, un actor importante descubrió que las islas eran ideales para trasladar drogas hacia el norte. El cartel de Cali comenzó a afianzar una base en el archipiélago a finales de la década de 1980, según el informe de la FES por Inge Helena Valencia.

El gran atractivo de San Andrés, además de la laxitud de los controles al movimiento marítimo y los menores costos, se hallaría en los mismos habitantes.

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Isla de San Andrés

“San Andrés tiene una peculiaridad: su mar es muy pedregoso”, comentó el fiscal Gustavo Restrepo Ortiz, quien residió en San Andres en las décadas de 1980 y 1990. “El isleño es quien sabe qué ruta de salida coger, él era el que conducía las lanchas rápidas”.

Por su conocimiento especializado en navegar las aguas del Caribe, se contrataba a locales para transportar gasolina a mar abierto para recargar las embarcaciones llenas de cargas ilícitas. Eventualmente movían las drogas por sí mismos, haciendo el viaje de tres horas en lancha rápida hasta Nicaragua o el viaje de una noche hasta la costa mexicana.

Los lugareños por lo general se mostraban tolerantes ante las actividades ilegales que se llevaban a cabo en sus islas, pues no tuvieron gran impacto en la seguridad ciudadana durante los primeros años.

El cartel de Cali siguió dominando el tráfico en San Andrés hasta que se desarticuló a mediados de la década de 1990. Pero la dinámica cambiaría radicalmente con la desmovilización de la organización matriz de los paramilitares de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a mediados de los 2000, que llevó a la creación de una serie de grupos disidentes que se catalogarían como “bandas criminales” (BACRIM).

Las BACRIM toman las riendas

Las BACRIM pusieron a San Andrés en la mira como parte de su nuevo proceso de expansión, según decía un informe del Banco de la República de Colombia sobre la violencia y el narcotráfico en el archipiélago, publicado en 2013 (pdf).

Hacia 2010 San Andrés tenía registrada la presencia de Los Paisas, Los Urabeños y Los Rastrojos, que luchaban por el control de las rutas de tráfico y extorsión. Aunque existen versiones diferentes de lo sucedido en este periodo de turbulencia, César Sarmiento de la Unidad de Crimen Organizado en la Fiscalía General de Medellín dijo a InSight Crime que eso terminó en una disputa entre los Rastrojos y los Urabeños.

Para 2012, los movimientos de drogas entre las islas eran coordinados por dos familias locales, cuenta el fiscal, quien trabajó en un caso en San Andrés en 2014. Los traficantes del continente se unían para organizar cargamentos al archipiélago desde los puertos de las ciudades de Cartagena o Barranquilla. Uno de los dos clanes hacía que su gente llevara la droga de San Andrés a México, donde se entregaban a los contactos de los traficantes colombianos en el Cartel de Sinaloa. Luego la droga seguía su trayecto hacia Estados Unidos, por tierra o por mar. Para asegurarse de que la familia no se robara un cargamento, viajaba un pariente con la droga como seguro y volvía a las islas una vez concluida la transacción.

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Rutas de narcotráfico desde Colombia, con datos de la Marina colombiana (informe de la FES)

Durante mucho tiempo, estas dos familias trabajaron juntas sin contratiempos.

“Los problemas comenzaron con la llegada de Los Rastrojos”, anotó Sarmiento.

Los Rastrojos supuestamente decidieron que ellos querían transportar la droga a través de San Andrés, pero se negaron a pagar impuestos a las redes familiares establecidas. Encontraron una forma de hacerlo uniendo fuerzas con una de las familias. El otro clan, ahora solo y sin las finanzas para competir con sus rivales, salió a buscar un aliado.

“Ahí es donde entran Los Urabeños”, explicó el fiscal. “También fue cuando comenzaron a aparecer cadáveres en Cartagena”.

Según Sarmiento, las víctimas de los “bárbaros enfrentamientos” entre los dos grupos eran asesinadas en San Andrés y arrojadas en la ciudad costera de Cartagena en el continente para no llamar demasiado la atención de las fuerzas de seguridad. La mayoría de los muertos eran miembros de Los Rastrojos, que finalmente fueron derrotados, comentó Sarmiento.

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El fiscal Víctor Arroyave también trabajó en un caso en San Andrés hasta 2015. Mientras estuvo allá, Arroyave dijo a InSight Crime, Los Urabeños eran “la única organización criminal” con presencia en la isla.

Problemas en el paraíso

Con la llegada de las BACRIM a finales de la década de 2000, las tasas de homicidios y otros tipos de actividades ilícitas comenzaron a subir en las otras tranquilas islas.

“La llegada de prácticas violentas del continente introduce nuevas dinámicas, como el miedo, las amenazas, la tortura y el asesinato”, señala el informe de la FES. “La violencia se impone como una nueva forma de resolución de conflictos… en una sociedad que tradicionalmente no estaba acostumbrada a eso”.

San Andrés se introduciría en un modus operandi que se ha asociado generalmente a los paramilitares de Colombia. Por primera vez, se contrató a los lugareños como “mini-jefes”, asesinos, extorsionistas, vigías, mensajeros y otros “trabajos sucios”.

Arroyave cuenta que el salario base para un soldado raso local de los Urabeños era de unos US$489 (1.500.000 COP), aunque los transportadores podían ganar más.

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Como resultado, los jóvenes isleños han sido las principales víctimas del auge del narcotráfico en San Andrés. De una población de cerca de 77.000 habitantes, más de 300 personas del departamento están en prisión en Estados Unidos y Centroamérica, según el informe de la FES. Alrededor de 100 más han caído muertos por “saldo de cuentas” y más de 60 han muerto en altamar en los últimos cinco años.

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Isla de Providencia

En la vecina isla de Providencia —donde los traficantes dependen de los lugareños para transportar droga en altamar— es quizás donde con mayor fuerza se siente el impacto. Según un documental de la BBC en 2015, hasta 800 hombres de Providencia se han perdido en el mar o cumplen sentencias en el exterior, lo que representa casi una cuarta parte de la población masculina.

Sin embargo, Sarmiento cree que la situación en San Andrés está ahora mucho más tranquila que antes por una razón: “porque ahora solo queda un grupo [criminal]”.

Dinero de la droga y modernización

El narcotráfico en San Andrés ha tenido un efecto dominó en toda la isla, y gran impacto en su economía.

La gente en Colombia ha asociado durante largo tiempo el archipiélago con los llamados “san andresitos“: zonas comerciales en el continente llenas de artículos de contrabando y que muchas veces se usan como lavaderos de dinero. En el pasado, los criminales usaban los dólares de la droga para comprar cualquier cosa, desde televisores hasta cigarrillos y lavadoras en la zona franca de San Andrés para revenderlos en pesos colombianos en el país.

Sin embargo, la fiebre del contrabando de San Andrés solo duró hasta finales de la década de 1990, cuando los controles tributarios más estrictos hicieron de esta actividad un negocio poco rentable, comenta Sarmiento.

Aunque el dinero producto de la droga se lava en su mayor parte en Colombia continental, ciertas prácticas han tenido un impacto duradero que afecta especialmente a los turistas de San Andrés.

Con la inyección de dinero de la droga, aparecieron de la nada restaurantes, joyerías, casinos, centros comerciales y casas de cambio.

“San Andrés se modernizó con dinero de la droga”, dice Ortiz.

Uno de los últimos capos del Cartel de Cali, José Nelson Urrego, era dueño del Hotel Sunrise Beach, uno de los más lujosos de la isla.

Los Urabeños también controlan actividades, como el microtráfico, que tiene un mercado fácil en la próspera industria turística. Ellos imponen cuotas   a las organizaciones contrabandistas migrantes que hacen escala en San Andrés de camino a Estados Unidos.

¿Por qué San Andrés?

Para que el narcotráfico continúe en las islas a pesar de la fuerte presencia de la policía, el ejército y la marina a lo largo de muchos años, es vital la complicidad oficial.

Dado que la Marina de Colombia sabe dónde están ubicados sus barcos, así como los de sus homólogos estadounidenses, tener marinos como espías ha sido un activo crucial para los traficantes colombianos durante largo tiempo, anota Sarmiento. Por lo menos 55 miembros de la policía y la marina sanandresanas han sido dados de baja por colaboración con traficantes, señala el informe de la FES.

Para los jóvenes isleños que buscan cómo ganarse la vida decentemente, hay pocas alternativas diferentes al narcotráfico.

“Es verdad que en San Andrés no hay oportunidades laborales”, observa Arroyave. “La gente vive del turismo”.

En Providencia, el narcotráfico es simplemente una forma de vida para muchos jóvenes.

“El mar es nuestra economía; no importa si es legal o ilegal”, declaró un pescador de Providencia a la BBC.

Otros culpan la adrenalina del negocio. “El afán de ganar dinero fácil. Eso es lo que… dejó cicatriz en San Andrés”, apunta Ortiz, y añade que anteriormente, el isleño corriente se las arreglaba con lo que ganaba con la pesca.

Hoy en día, el fiscal estima, podría haber entre 500 y 800 lugareños trabajando para organizaciones narcotraficantes de una u otra forma.

Pero en la cohesiva comunidad del archipiélago, las actitudes locales también tienen mucho que ver con la dificultad de cortar las raíces del negocio de la droga en las islas.

Según una encuesta de 2014, San Andrés mostraba mayor tolerancia hacia el narcotráfico que cualquier otra ciudad colombiana, con 42 por ciento de los encuestados que no veían problema a la presencia de traficantes en la zona, y solo el 24 por ciento rechazaba las prácticas corruptas.

InSight Crime trató de contactar a varios lugareños, pero halló reticencia entre la gente a comentar sobre el narcotráfico. La visible falta de cooperación de los lugareños puede obstruir de manera importante la efectividad de la acción policial.

“Nos vimos obligados a salir de la isla”, recuerda Arroyave. Durante el proceso que montó su equipo contra 17 traficantes, la mayoría de San Andrés, los lugareños amenazaron con “armar un jaleo” en la audiencia, por lo que se trasladó a Cartagena.

“La comunidad niega los hechos”, concluye el fiscal.

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