Salvador Sánchez Cerén, el presidente que gobernó El Salvador de 2014 hasta el sábado anterior, saldrá de su oficina dejando una herencia negativa, marcada por el fracaso en disminuir las cifras de homicidios y por la reaparición de grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil, y por una leve mejoría en la gestión de las cárceles.
El número más revelador es el de homicidios: 23,000 salvadoreños asesinados durante los cinco años de la administración. Esto es un promedio cercano a las 13 muertes violentas por día, un aumento respecto al quinquenio anterior.
En 2015, el primer año completo de gestión, las cifras se dispararon: un promedio de 17 asesinatos diarios para una tasa cercana a los 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, un récord en el país para los años posteriores a la guerra civil (1980-1992). En 2016, 2017 y 2018 esas cifras bajaron, pero solo para ubicarse cerca de los máximos históricos previos a 2015, con cifras cercanas a la decena de muertes violentas en 2014.
La mayoría de asesinatos, de acuerdo con la narrativa oficial y analistas de la violencia salvadoreña, ocurrió en el marco de la guerra entre las pandillas MS13 y Barrio 18 y el Estado. Desde su llegada al poder en 2014, y tras un fugaz intento de continuar desde el gobierno las negociaciones políticas con las pandillas que fue muy pronto desechado, la administración Sánchez Cerén optó por una política de confrontación directa.
La principal herramienta del gobierno fue el paquete conocido como medidas extraordinarias, una serie de reformas legales que permitieron a la administración endurecer las condiciones a los pandilleros presos para disminuir sus comunicaciones con el exterior.
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A lo anterior, la Policía Nacional Civil y el Ejército añadieron una política de tolerancia a grupos de exterminio que surgieron en el seno de la fuerza pública y a la cuál la justicia y prensa locales, además de relatores de Naciones Unidas, atribuyeron ejecuciones extrajudiciales y otros delitos.
A pesar de todo esto, el control territorial que las pandillas ejercen permaneció casi intacto, las cifras de homicidios se mantuvieron estables y la extorsión, principal rubro de ingresos económicos para los pandilleros, tampoco sufrió.
De hecho, tanto el Barrio 18 y la MS-13 mantuvieron suficiente capacidad de fuego como para hacer de agentes de la PNC y soldados objetivos prioritarios: 31 policías fueron asesinados solo en 2018, mientras 45 miembros de la fuerza pública fueron víctimas de asesinatos en 2017. Por su parte, la PNC asesinó a 1,159 pandilleros en 719 supuestos enfrentamientos, según Revista Factum.
Al asumir la presidencia, el gobierno Sánchez Cerén creó el llamado consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia, una entidad consultiva formada por funcionarios, sectores empresariales y organizaciones no gubernamentales, encargada, entre otras cosas, de proponer políticas de prevención de violencia. Los planes que de ahí surgieron no tuvieron mayor impacto, a excepción de algunas medidas tomadas en las cárceles del país -con una población de 40,000 reclusos en un sistema diseñado para 10,000- que quitaron el control de las mismas a los líderes pandilleros y obraron una mejor convivencia interna.
Análisis de InSight Crime
A la luz de las cifras y del control territorial que aún ejercen las pandillas en buenas porciones del país, la apuesta de la administración saliente de privilegiar las medidas represivas, e incluso de tolerar actuaciones ilegales de agentes del Estado, no funcionó.
Cuando llegó al despacho presidencial, Sánchez Cerén tuvo que asumir una herencia complicada que le dejó su antecesor, Mauricio Funes. Fueron Funes y su gabinete de seguridad los que implementaron la tregua pandillera de 2012, que provocó una baja temporal de un 50% en las cifras de homicidios, no hizo nada por bajar las extorsiones y también empoderó políticamente a las pandillas.
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Antes de la tregua y en los meses posteriores, las pandillas incluso fueron interlocutoras de los principales partidos políticos salvadoreños en temas electorales, al garantizar a candidatos de todos los colores accesos a territorios controlados por ellos e incluso cogobernar en casos como la ciudad dormitorio de Apopa, aledaña a la capital.
En las primeras semanas de su gobierno, la administración Sánchez Cerén optó por intentar negociar bajo la mesa a través de ofertas hechas por sus ministros de Gobernación y de Seguridad Pública, pero muy pronto, con la llegada de policías que privilegiaron el enfoque de confrontación directa, las pláticas terminaron, lo cual provocó la escalada de violencia en 2015 y los ataques a policías y soldados a partir de entonces.
Las pandillas serán, sin duda, el principal reto de Nayib Bukele, el sucesor de Sánchez Cerén. Cuando fue alcalde, Bukele negoció con pandilleros a través de funcionarios municipales, según una investigación de El Faro.
A pocas horas de haber jurado como presidente, Bukele ha dado dos señales sobre sus políticas públicas respecto a las pandillas, que apuntan más bien a un enfoque similar al de la administración Sánchez Cerén.
En su primea reunión de gabinete, el domingo 2 de junio, Bukele dijo sin dar detalles que se enfocará en quitar el control territorial a las pandillas a través de un abordaje “holístico” del tema. Pero, por otro lado, el recién nombrado director de la PNC es Mauricio Arriaza Chicas, un oficial de línea dura que dirigió las unidades especiales de la Policía durante la administración anterior, las cuales fueron las protagonistas de buena parte de los enfrentamientos con las pandillas y de ejecuciones extrajudiciales.
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