Un exalcalde de El Salvador se ha convertido en el primer alcalde del país sentenciado por agrupación ilícita con pandillas, un pequeño paso para dar solución al problema generalizado de infiltración de pandillas en la política local, algo que podría afectar las próximas elecciones.
José Elías Hernández, exalcalde del municipio de Apopa en El Salvador, en las afueras de la capital San Salvador, fue sentenciado el 1 de febrero por agrupación ilícita con la pandilla Barrio 18 y recibió una pena de 12 años de cárcel.
Según el juez Godofredo Salazar, la Fiscalía General presentó evidencia suficiente para demostrar que Hernández ofreció varios beneficios a facciones locales de Barrio 18, incluyendo transferencias de dinero y acceso a vehículos y gasolina, en sus dos periodos como alcalde, de 2012 a 2015, y con su reelección en 2015.
Una reciente investigación de InSight Crime ahondó en los detalles de los vínculos de Hernández con las pandillas, ilustrando la manera como sus conexiones lo beneficiaron tanto a él como a las pandillas.
En un inicio se había acusado a Hernández de asociación con una organización terrorista, pero el juez cambió la acusación a agrupación ilícita, citando el hecho de que las actividades ilegales en las que incurrió el alcalde y los miembros de la pandilla no causaron “alarma social”, pues se cometieron de manera discreta.
Hernández fue declarado inocente del cargo adicional de homicidio por falta de evidencia sólida, según lo señaló el juez que emitió el veredicto.
Se prevé que Hernández apele el fallo.
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Se está investigando igualmente a otros exfuncionarios municipales por vínculos con pandillas. Miguel Ángel Jaime, exalcalde de Usulután, fue arrestado en junio de 2017, por financiación de múltiples clicas del rival de Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS13). José Manuel Turcios, exalcalde de Jucuapa, también fue capturado por cargos similares en septiembre de 2017. A comienzos de enero de 2018, Héctor Gómez Escobar, presunto pandillero en la lista de los 100 criminales más buscados de El Salvador, fue arrestado luego de ser seleccionado para presentarse como candidato en las elecciones municipales que se avecinan.
En anticipación a las elecciones municipales y legislativas previstas para comienzos de marzo de 2018, el fiscal general Douglas Meléndez ordenó hace poco las capturas de más de 300 personas vinculadas a pandillas a quienes se acusa de interferir en las campañas políticas. Meléndez también pidió a los partidos políticos del país tener cuidado al elegir sus candidatos para evitar interferencias de elementos criminales.
“Los partidos políticos, los candidatos a funcionarios, alcaldes y diputados, tienen que tener mucha mesura, mucha precaución, mucho control [de] con quién están haciendo el trabajo territorial o las alianzas”, comentó Meléndez, y añadió que “no es conveniente que personas vinculadas al crimen o pandilla, vayan a tener alguna incidencia en el trabajo de los partidos políticos”.
Análisis de InSight Crime
La primera condena de la historia de El Salvador a un alcalde por nexos con pandillas muestra que el sistema judicial del país tiene la capacidad para desmontar a funcionarios corruptos, pero con la proximidad de las elecciones municipales de este año, la influencia generalizada de las pandillas en la política sigue planteando desafíos importantes.
Como InSight Crime lo documentó en una reciente serie investigativa, los alcaldes en los países del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras— muchas veces sirven de puente entre la delincuencia y el poder político. El establecimiento de relaciones entre políticos y pandillas es algo muy extendido, pues supone beneficio mutuo: permiten a las pandillas expandirse o mantener su influencia en los territorios, mientras que los políticos obtienen o conservan control político local.
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Esta dinámica es evidente en El Salvador, no solo en el plano local, sino que trascienden al ámbito nacional. Por ejemplo, InSight Crime obtuvo varios videos en 2016, donde aparecían los dos principales partidos políticos de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se ponían de acuerdo para canalizar proyectos con financiación gubernamental a pandilleros a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales de 2014.
A medida que se acercan las elecciones de marzo en el país, el jefe de policía Howard Cotto ha alertado que las pandillas están infiltrándose de nuevo en la política local. Las acciones tomadas por el fiscal general Meléndez, como la captura de candidatos y funcionarios sospechosos de nexos con grupos criminales, y la reciente condena de Hernández, indican que el sistema judicial sigue trabajando para desarticular estas redes corruptas. Sin embargo, se requerirán esfuerzos sostenidos para dar solución a los problemas estructurales que abren la puerta a la perpetuación de la influencia arraigada y extendida de las pandillas en la política de El Salvador.
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