El recién inaugurado gobierno del presidente Nayib Bukele ha mandado ya señales de que sus políticas públicas de seguridad tomarán prestado de gobiernos anteriores el enfoque de combate a grupos criminales, sobre todo a las pandillas MS13 y Barrio 18, a través de medidas como las detenciones masivas, el intento de restringir comunicaciones desde las cárceles y el empoderamiento en la Policía de oficiales tolerantes con el uso excesivo de la fuerza. Es una fórmula que ya falló en el pasado.
Bukele juró como presidente el primero junio. De esa fecha al 15 del mes, hubo un promedio diario de ocho homicidios; 2018 había cerrado con un promedio de 8,8 homicidios al día. La mayor parte de esas muertes, según las cifras del gobierno anterior, son atribuibles a las acciones criminales de las pandillas y a la respuesta del Estado para combatirlas.
Antes de tomar posesión, en abril, el entonces presidente electo aseguró que desde el primer día de su gobierno presentaría un plan integral para combatir la delincuencia. No fue hasta este martes 18 de junio que, en una breve conferencia de prensa, el presidente Bukele delineó a grandes rasgos sus políticas de seguridad: “descabezar” la comunicación de pandilleros presos con sus colegas en libertad, depurar a los guardias carcelarios, cortar los flujos de efectivo en las tiendas carcelarias, investigar a los financistas de las pandillas y retomar el control en territorios dominados por la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y el Barrio 18 a través de más patrullajes de la Policía y el ejército.
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El jueves 20 de junio en la madrugada, con una minuciosa coreografía anunciada con antelación a los medios de comunicación del país, el Gobierno desplegó a 2.500 agentes de la PNC y 3.000 militares en las calles de San Salvador y otros municipios, como parte de un plan que incluirá las 12 jurisdicciones más afectadas por la violencia, reportó La Prensa Gráfica. El despliegue pareció calcado de varias demostraciones similares que realizó el gobierno del expresidente Antonio Saca (2004-2009) que arrojaron resultados modestos y no cumplieron con el fin de quitar a las pandillas el control territoriales.
Todas son medidas que ya habían aplicado gobiernos anteriores. Y en la conferencia, Bukele no ofreció demasiados detalles sobre los cómo de su política de seguridad pública.
Análisis de InSight Crime
Para entender su estrategia, es quizá más útil hablar de los nombramientos que ha hecho en su gabinete de seguridad y de otras comunicaciones del presidente a través de su cuenta de Twitter, que es su megáfono preferido.
El 16 de junio pasado, Bukele anunció con un tuit que en los primeros 15 días de su gobierno la Policía había arrestado a 1.487 personas. Si esto es así en El Salvador fueron detenidas 100 personas al día. Ya en el pasado, desde que el gobierno del expresidente Francisco Flores instauró a principios de 2000 la política llamada de "mano dura", cuatro gobiernos salvadoreños han utilizado el número de arrestos como medida de eficacia. Lo cierto, sin embargo, es que la mayoría de los arrestados nunca llegan a juicio, y quienes han terminado en la cárcel pasaron a engrosar estructuras más sofisticadas de las pandillas en las prisiones.
Otro signo importante del gobierno Bukele y su apuesta por seguridad pública son los nombramientos del comisionado Mauricio Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil, y del diputado Osiris Luna primero como director de prisiones y luego como viceministro de seguridad.
Arriaza es un oficial de línea dura, fundador de la PNC en 1993 y cuestionado en varias investigaciones de la Fiscalía e internas en la Policía por supuesto fraude procesal e irrespeto a los derechos humanos. Durante la gestión del gobierno anterior, Arriaza estuvo a cargo de las unidades policiales especializadas, dentro de las cuales se incubaron grupos de exterminio de pandilleros.
Luna es, aún, diputado del partido de derecha que llevó a Bukele a la presidencia. Cuando era legislador, el recién nombrado viceministro se mostró a favor de la pena de muerte y de la “eliminación” de pandilleros.
En su plan de gobierno, al que denominó Plan Cuscatlán, Bukele describió medidas preventivas que se supone uniría a las acciones de investigación criminal y represivas para enfrentar la inseguridad en El Salvador. Hasta ahora, sus nombramientos y primeras declaraciones públicas hablan de la vuelta a la vieja fórmula de Mano Dura a la que han acudido en algún momento los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica para combatir la violencia que generan las pandillas.
Bukele también descartó en público cualquier posibilidad de diálogo con la MS13 y el Barrio 18. “Yo no he recibido ninguna comunicación de la Mara Salvatrucha para buscar diálogo ni tampoco estamos dispuestos a dialogar con grupos criminales”, dijo el presidente en una conferencia de prensa según reportó Revista Factum. En una entrevista con ese medio, un vocero de la MS13 había expresado disposición del grupo criminal a sentarse con el nuevo gobierno a negociar.
Con esto, Bukele renuncia por ahora a la posibilidad de embarcarse en una tregua como la de 2012, que redujo los homicidios a la mitad, pero también formalizó la interlocución política entre las pandillas y el poder político.
Por lo visto hasta ahora, el escenario más probable en El Salvador es que la administración Bukele siga el guión de políticas públicas de seguridad instauradas hace casi dos décadas, cuyos resultados no han sido exitosos.
Por un lado, las diversas manos duras contribuyeron al fortalecimiento de las pandillas en las cárceles y, hace menos tiempo, a la formación de grupos de exterminio en la fuerza púbica. Y, más allá de la vuelta a los índices normales de homicidios tras un rebote que ocurrió entre 2015 y 2016 por el desmantelamiento de la tregua, la tasa de homicidios sigue arriba de 50 por cada 100.000 habitantes, uno de los peores del continente.
Mientras el nuevo Gobierno aclara su propuesta, la MS13 y el Barrio 18 siguen asentados en buenas porciones del territorio salvadoreños, controlándolo.
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