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ANÁLISIS

El Salvador tiende la mano por primera vez a quienes quieran abandonar pandillas

BARRIO 18 / 30 ABR 2015 POR CARLOS MARTINEZ* ES

Por primera vez en la historia jurídica del combate a las pandillas, el Gobierno de El Salvador propone una ley que ofrece apoyo a los pandilleros que abandonen estas organizaciones.

El 23 de abril, el gobierno de El Salvador a través del comisionado presidencial de seguridad ciudadana y convivencia, Hato Hasbún, envió a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana una propuesta de ley de reinserción de pandilleros. El documento, que por lo pronto es solo un borrador, podría convertirse en la primera ley en El Salvador diseñada para dar un estatus legal específico a los exmiembros de pandillas y promover mediante políticas de ayuda económica y sociolaboral la salida de personas de estas estructuras criminales.

La propuesta presentada hace explícito que está dirigida a “miembros de pandillas o maras que manifiesten expresa voluntad de retirarse y rehabilitarse, (y) que no tengan procesos penales pendientes por la comisión de delitos”. También está dirigida a personas que cumplen condena por delitos relacionados a su pertenencia a pandillas, a aquellos que recién salen de prisión y a comunidades o familias que temen por su seguridad o que por sus condiciones sociales se consideren en riesgo. Este último caso, el Ejecutivo ofrece a esas comunidades la rehabilitación de espacios públicos, programas de guardería, mejora de servicios públicos e implementación de proyectos "comunitarios, agrícolas y empresariales".

Este artículo apareció originalmente en El Faro y fue publicado con permiso. Vea el original aquí

Los pandilleros que se acojan a esta ley tendrán derecho a beneficios que incluyen financiamiento académico, becas para formación técnica, obtener un trabajo remunerado, créditos para montar microempresas y financiamiento para comprar o mejorar viviendas. Se contempla que las personas que aún estén cumpliendo condena por delitos cometidos puedan optar también a trabajos remunerados.

La ley también ofrece a quienes dejen las pandillas atención psicológica, terapias para vencer la adicción a drogas, y protección del Estado según el régimen especial de víctimas y testigos protegidos. Aquellos que se sometan a los programas propuestos recibirán una acreditación oficial, emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, que indicará que los portadores no están en deuda con la ley y que forman parte de alguno de los programas de reinserción.

Es el primer paso evidente de un gobierno de El Salvador hacia la creación de una política de reinserción de pandilleros.

Para aplicar a estos beneficios, los pandilleros deberán firmar una declaración personal en la que expresen su compromiso de abandonar cualquier actividad ilícita, así como permitir que se le tomen sus huellas dactilares, dejarse fotografiar y ofrecer información verificable sobre su domicilio y su grupo familiar. El Estado establecerá posteriormente los distintos programas de reinserción ajustados al perfil de cada persona. Para no ser expulsados de los mismos, los aspirantes deberán abstenerse de frecuentar los lugares que se establezcan como riesgosos en cada caso, así como estar dispuestos a realizar labores voluntarias de ayuda a la comunidad y concluir cada uno de los pasos de sus programas.

La ley de proscripción de pandillas —aprobada en 2010 como reacción de la administración Funes a la quema de una buseta en Mejicanos, en la que murieron 17 personas— prevé en su artículo 10 la creación de una ley complementaria que facilite la salida de las pandillas y la rehabilitación de expandilleros. Durante la gestión de Manuel Melgar cono Ministro de Seguridad, el viceministro Henry Campos llegó a elaborar un anteproyecto de Ley Especial de Retiro y Rehabilitación de Miembros de Pandillas y Grupos de Naturaleza Criminal, pero fue engavetado y nunca fue enviado a la Asamblea ni a cualquier otro organismo público para su discusión. A inicios de 2013, en plena tregua con las pandillas, el entonces ministro de Seguridad David Munguía Payés habló también de la posibilidad de desarrollar ese artículo 10, pero nunca lo hizo.

En envío de este nuevo anteproyecto al Consejo de Seguridad Ciudadana es por tanto el primer paso evidente de un gobierno de El Salvador hacia la creación de una política de reinserción de pandilleros. En la carta que acompaña al borrador de anteproyecto de ley, Hato Hasbún, Comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia, no detalla cuando pretende el Ejecutivo presentar a la Asamblea Legislativa su propuesta, pero da a los miembros del Consejo hasta el martes 28 de plazo para hacer llegar a la Secretaría Jurídica de la Presidencia sus comentarios o sugerencias sobre el documento.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador

Creación del Sistema Nacional de reinserción de pandilleros

Para ejecutar esta ley, el gobierno propone crear tres organismos: el primero es la Comisión Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción, que será el organismo encargado de aprobar los distintos planes y proyectos de los que habla la ley, así como de elaborar la política nacional de reinserción.

Este organismo estará conformado por los presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, el Secretario Presidencial de Comunicaciones y Gobernabilidad, el Ministro de Gobernación y por representantes de la empresa privada, de ONG especializadas en prevención de violencia y de las iglesias; estos representantes serían designados por el Presidente de la República a propuesta de los sectores. Se propone que la Comisión sea presidida por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Debido al tipo de beneficios que esta propuesta de ley ofrece a los miembros de pandillas que decidan abandonar sus estructuras, es previsible que su implementación tenga costos elevados.

Para ejecutar la ley, la Comisión dispondrá de un comité asesor, de un comité consultivo y de una secretaría ejecutiva.

Debido al tipo de beneficios que esta propuesta de ley ofrece a los miembros de pandillas que decidan abandonar sus estructuras, es previsible que su implementación tenga costos elevados. Según el borrador enviado por Hasbún, la Asamblea Legislativa deberá incluir una partida dentro del Presupuesto General de la Nación. Además, el gobierno se comprometería a buscar respaldo financiero de organismos internacionales.

Por lo pronto, la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del jueves 23 de abril un endeudamiento de US$900 millones, cuyo destino apenas aparece esbozado bajo los rubros seguridad pública, área social, medio ambiente y para pagar deuda y capital de corto plazo.

Comunicado de pandillas ofrece “acuartelar a sus unidades”

El mismo jueves 23 de abril en que el Gobierno lanzó a consulta su proyecto de ley, las pandillas MS13, las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18, La Máquina y la Mirada Locos 13 hicieron público un comunicado en el que aseguran que darán órdenes a sus miembros de detener la escalada de violencia que vive el país.

En las últimas semanas, El Salvador ha registrado una constante escalada de violencia que convirtió marzo en el mes más violento del siglo, se han repetido ataques mortales contra agentes policiales y una larga serie de enfrentamientos armados entre las fuerzas de Seguridad Pública y presuntos pandilleros se saldaron con más de centenar y medio de presuntos delincuentes muertos.

Sin embargo, en el comunicado estas organizaciones aseguran que asumen íntegramente los puntos de debate planteados hace casi un mes por el exmediador de la tregua Raúl Mijango, quien lanzó una serie de propuestas, tanto para las pandillas como para el gobierno, destinadas a frenar la escalada.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre la tregua en El Salvador

Dentro de los puntos que el exmediador demandaba a las pandillas incluyó detener los homicidios, cesar las extorsiones, entregar las armas, cesar completamente el reclutamiento de nuevos miembros, devolver a sus dueños las casas ocupadas ilegalmente, ubicar todos los cementerios clandestinos, abandonar la venta de drogas y permitir el libre tránsito de personas por todo el territorio nacional, incluidos los territorios bajo su control.

En su comunicado, las pandillas aseguran que están listas para asumir todos esos compromisos: “anunciamos que desde ya estamos girando instrucciones de acuartelamiento a nuestras unidades, de almacenamiento de hierros y pertrechos y que todos, tanto adentro de las prisiones como fuera de ellas, se concentren en el estudio y la discusión de los 13 puntos que se nos han propuesto, afín de lograr consensos que permitan responder satisfactoriamente a lo que la sociedad espera de nosotros: menos homicidios, menos extorsiones; en definitiva: menos violencia. Según sean las condiciones con que contemos para esta reflexión, así iremos anunciando en su momento los compromisos que asumiremos con la sociedad sobre cada punto”.

En la propuesta de Mijango también se incluían varios puntos que el Gobierno debería cumplir, entre ellos precisamente —la creación de mecanismos institucionales de reinserción de pandilleros—. Otros eran la derogación de la Ley de Proscripción de pandillas, la clausura del régimen de máxima seguridad de Zacatecoluca y la revisión de todos los casos de condenas penales basadas en lo dicho por testigos criteriados, entre otras.

El comunicado de las pandillas está firmado el día 20 de abril, sin embargo ese mismo día supuestos pandilleros asesinaron a un militar que salía de la Fuerza Naval e hirieron de gravedad a dos más. Un día después, pandilleros lanzaron una granada a la subdelegación policial de Guazapa, en San Salvador, y al día siguiente lanzaron otra contra el puesto policial de Santa María Ostuma, en La Paz. En los atentados de Guazapa y Santa María Ostuma no hubo muertos ni heridos. El jueves 23 de abril, según las autoridades cuatro pandilleros intentaron masacrar a los pasajeros de un bus de la ruta 116, en el kilómetro 36.5 de la carretera Panamericana, y dos pasajeros armados repelieron el ataque. Dos de los atacantes murieron. El viernes 24 se reportó un tiroteo entre pandilleros y policías en el kilómetro 10 de la carretera Troncal del Nort

 *Este artículo apareció originalmente en El Faro y fue publicado con permiso. Vea el original aquí

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