El Triángulo Norte: Los países que no lloran a sus muertos

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En los tres últimos años, 48.947 personas fueron asesinadas en el triángulo norte, la región más violenta del mundo, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador. En esos tres años, estos países lograron condenas para 2.295 de estos casos, dejando en la impunidad al 95 por ciento de los homicidios. Esta es la realidad de miles de víctimas en la región: Estados que no garantizan justicia ni programas especiales de atención a las víctimas de esta excesiva violencia.

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Cuando mataron a la niña, ella tenía dos años y yo 16. Era mi primera y única hija. Ese día íbamos para una vigilia. Íbamos caminando en la calle. Cuando habíamos pasado por donde estaba manchado por los mareros, salió un hombre que iba algo bolo. Atrás de él venía otro con un arma y empezó a disparar. La niña iba caminando a la par de nosotros. Cuando yo volví atrás, porque se oían como que eran cohetes, uno le estaba disparando al otro. Quisimos irnos, pero ya le había caído un disparo a la niña. El papá la chineó. Ni vimos cómo fue que le cayó. La niña iba con vida, pero al poco que caminamos ya no. Hubiera sido peor verla sufrir. Son cosas que pasan.

Los siguientes son extractos de un artículo que apareció originalmente en La Prensa Gráfica y fue publicado con el permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.

Después oímos que habían capturado al hombre ese, pero a saber si será el mismo porque agarraron a varios. No se sabe si estará preso. ¿Y va a salir en el diario que hoy aquí vivo? Muy peligroso, mejor ni mencione mi nombre. Y tampoco que diga para dónde nos vinimos. Desde octubre estoy aquí. Aquí es más tranquilo, no es como en Mejicanos, aunque hoy casi en todos lados está igual.

(La niña de dos años quedó en medio de fuego cruzado en Mejicanos, en San Salvador. La madre de la niña, que hoy tiene 17 años, espera a su segundo hijo. Tiene cinco meses de embarazo).

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El epíteto de Triángulo del Norte fue originalmente recibido como un distintivo comercial, muy lejos de lo que ahora significa: un sinónimo de violencia. El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a ser conocidos como el triángulo norte después del 12 de mayo de 1992, tras la firma de un tratado comercial en Nueva Ocotepeque, Honduras. Aunque el nombre se hizo popular años después, en 2001, luego del inicio del Tratado de Libre Comercio con México.

Han pasado 13 años y lo comercial ha dado paso a otra fama. Durante 2013, el triángulo norte volvió a ser la región más violenta del mundo. Volvió. El calificativo se lo puso Naciones Unidas un año antes, cuando la tasa de homicidios, la que sirve para determinar la incidencia de la violencia, superó las 50 muertes por cada 100.000 habitantes.

Solo en 2013 hubo 15.328 homicidios en el triángulo norte. Cuando se amplía la vista hacia atrás, entre 2011 y 2013, las cifras dan idea del cementerio centroamericano: 48.947 tumbas en esos tres últimos años. La multiplicidad de homicidios ha devenido en que el triángulo deje de nombrar sus víctimas y solo las cuente, las acumule.

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Cada país, en mayor o menor escala, ha puesto su cuota. En Guatemala, por ejemplo, hubo 18.450 homicidios entre 2011 y 2013. El secretario de política criminal del Ministerio Público de ese país, Alejandro Rodríguez, aporta una muestra de cómo los homicidios, la violencia, se trivializaron entre los guatemaltecos. Rodríguez cuenta que desde 2009, cuando Guatemala tenía una tasa de 46 asesinatos por 100,000 habitantes, a Nuestro Diario, uno de los periódicos guatemaltecos, ya no le decían Nuestro Diario: le apodaban Muerto Diario.

“Le cambiaron el nombre a Muerto Diario porque solo fotos de muertos ponían”, comenta Rodríguez el 11 de febrero de 2014, desde su despacho en Ciudad de Guatemala. Hace una pausa, se sonroja y suelta una carcajada.

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Los primeros días me fastidiaba ver la felicidad en las demás personas. La gente no tenía la culpa, pero yo tenía una amargura, un resentimiento a más no poder. Estaba reclamándole a Dios. Le decía: “Señor, ¿por qué? Si yo te los encargaba todas las noches: ‘Señor, te encomiendo a mis hijos, tú los ves, yo no’”. Pasé como tres meses que no quería saber nada de Dios. Me preguntaba por qué a esa edad, por qué de esa manera. Me dolía tanto pensar qué pudo haber sentido mi muchachito, qué dolor. Si una como madre dice “¡púchica, se me cayó mijo!”, y uno los levanta y aunque sea saliva les pone. Y yo no estuve con él en ese momento.

(Olinda Escobar, madre de Cristofer López Escobar, asesinado el 22 de enero de 2011 dentro de la iglesia El Calvario Bethesda, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa, Guatemala. Cristofer, de 20 años, fue asesinado cuando participaba en el velorio de uno de sus mejores amigos).

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En total, 9.464 personas fueron asesinadas en El Salvador entre 2011 y 2013, con la tregua entre pandillas incluida, ese pacto que el presidente Mauricio Funes se ha negado a reconocer como estrategia propia, iniciado en marzo de 2012. La tregua, que disminuyó considerablemente la cantidad de homicidios en El Salvador, no ha conseguido, sin embargo, que la violencia cese en el país. Es más, los asesinatos han comenzado a incrementarse, pese al pacto, desde julio de 2013, algo que llevó a decir al director de la Policía Nacional Civil salvadoreña, Rigoberto Pleités, el 3 de marzo de este año, que la tregua “técnicamente ya no existe”.

En esos mismos tres años, los tribunales de Sentencia salvadoreños dictaron 490 condenas en casos de homicidios, según datos proporcionados por la Fiscalía General de la República. 490 condenas. Lo que equivale a poco más del 5 por ciento de los homicidios cometidos esos mismos años. Una resta deja poco margen de maniobra al optimismo: el porcentaje de impunidad en El Salvador supera el 94 por ciento.

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En la noche me mandó un mensaje. Como a las 8:20 me lo mandó, donde me decía que le dijera a mi papi y a mi mami que iba a venir más tardecito. Que no se preocuparan, que estaba bien. Cerca de las 9 de la noche yo oí el disparo. Cuando salimos era un gentío terrible. A él lo estaban montando en un carro, pero ahí no cabía. Entonces lo sacaron y lo metieron en un pick up, que hasta la vez no sabemos ni quién fue que nos llevó. Mis papás se quedaron, porque mi mami cuando llegó se impactó y ya no se pudo mover. Un primo y yo nos subimos para llevarlo al hospital. Prácticamente llevaba el balazo aquí y el ojo iba… Pero iba vivo porque… bueno, nosotros somos cristianos, y yo iba pidiéndole tanto al Señor que nos diera la fuerza para resistir. Entonces, él iba vivo porque me llevaba a mí agarrada de la mano, me la apretaba tan duro. Y entonces llegamos al hospital.

(Claudia, hermana de un joven asesinado en La Libertad, el 11 de febrero de 2011, quien prefirió no identificarse. Guardó el último mensaje que su hermano le envió a su teléfono durante dos años, el mismo que relata al inicio de esta historia. Lo perdió porque el teléfono se le arruinó).

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A la par de la morgue de Tegucigalpa hay una funeraria. Se llama Los Olivos. Tiene 40 años de fundación y 14 de tener esta sucursal. El olor a putrefacción es perceptible a oleadas espaciadas, en esta sala donde brilla el barniz de los ataúdes. Marta Ordóñez, una de sus encargadas, cuenta que la mayor parte de servicios son por homicidios. “Las muertes violentas son más que todo por los narcotraficantes”, dice. El trabajo no escasea aquí.

Etelinda López, asistente de patología de Medicina Forense de Honduras, explica que de cada 10 ingresos a la morgue, entre siete y ocho son por muertes violentas. Y mientras admite que existen deudas con los familiares de las víctimas para brindarles un tratamiento más digno –Honduras, como Guatemala o El Salvador, tampoco tiene una entidad de atención a víctimas–, revela precariedades de su trabajo: en ocasiones no tienen ni combustible para trasladar los cadáveres. Medicina Forense solo tiene tres oficinas donde se hacen las autopsias de todo el país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

“No todas las muertes violentas se van por autopsia, porque en algunos casos no tenemos manera de transportar los cuerpos. Nosotros somos una regional que abarca toda la zona central, el sur y el oriente del país. Y dentro de estas zonas tenemos unas muy violentas, como Olancho, en las que hay una gran resistencia en que los cuerpos sean trasladados a Medicina Forense”, dice López. Para algunos, entonces, no hay autopsia. Si no la hay, no existe un documento que establezca siquiera si se trata de un homicidio o no. Y si no se establece, menos aún se judicializa. En Honduras, según datos de la Corte Suprema de Justicia, de cada 100 asesinatos solo en tres se condena al responsable. Otra manera de decirlo: la impunidad en el país más violento del triángulo norte es del 97,44 por ciento.

En Honduras han asesinado a 21.033 personas durante los últimos tres años, de 2011 a 2013. Eso es un promedio de 19 personas que han muerto de forma violenta cada día. Buena parte de estas tiroteadas, según las estadísticas del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto, en términos prácticos, es una inundación de imágenes de personas baleadas, desmembradas y estranguladas en los informativos televisivos hondureños, bajo etiquetas como “racha sangrienta”. Múltiples cuadros en el Bajo Aguán, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa de víctimas para las que no hay responsables la mayor parte de las veces. Hay, incluso, reporteros destacados en la morgue de Medicina Forense. Si no ha habido fallecidos ese día, seguro que pronto habrá uno.

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“El problema es que cuando un Estado no investiga y no judicializa, le da la oportunidad a las personas primero de que puedan armarse, que puedan tomar la justicia por sus propias manos. Cuando no evidenciamos la realidad y no somos transparentes en decirla, eso da pie para que mucha gente sienta que hay una impunidad. Pero luego es que necesita tomar la justicia por sus propias manos”, opina Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia.

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La persona que me lo mató ya me lo tenía controlado y le dio por detrás. Una vecina, que vivía como a cuatro casas de la nuestra, me lo mandó a comprar una recarga. Cuando él regreso, esta persona me le disparó por detrás. El niño quiso defenderse porque tenía un disparo en la mano. Si me lo hubieran agarrado de frente, talvez me lo hubieran herido, pero no me lo hubieran matado, porque me le dieron en la cabeza. Me le dieron con qué odio… tenía disparos en la espalda y en la cabeza. Es duro. Créame que es duro. Trato de salir adelante porque tengo a mi otro hijo, pero mi vida cambió definitivamente. Yo abría el negocio de lunes a domingo y solo los fines de semana me iba a dormir a la casa. Mi mamá me los cuidaba de lunes a viernes, pero desde que pasó lo de mi hijo me di cuenta de que no vale la pena y ya no trabajo ni sábado ni domingo.

(Edith, quien escogió usar ese nombre para esta historia, madre de un joven de 15 asesinado en Soyapango el 19 diciembre de 2010. El hijo de Edith cursaba noveno grado).

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“Escalofriante corrupción policial” fue el titular de portada del periódico hondureño El Heraldo el 5 de febrero de 2014. Esa publicación especial hizo referencia a 202 policías investigados por delitos de corrupción, sicariato y tumbes de droga. También se mencionaba que algunos policías, en vez de ser depurados y enjuiciados, estaban siendo retirados “con honores” de la Policía Nacional. El tufo a narcotráfico está impregnado en el imaginario de la violencia hondureña, como el de las pandillas en el salvadoreño.

El fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, lo admite sin mucho problema. “Tenemos en alguna medida que fortalecer la situación de nuestro país con el tema del control y el ingreso de las drogas. No todos los homicidios tienen como causa el narcotráfico pero sí un componente fuerte es la violencia que se genera por este tema”, explica el funcionario.

El fiscal Chinchilla, en una entrevista realizada el 7 de febrero en su despacho de Tegucigalpa, se negó a proporcionar la cifra de efectividad en investigación y el número de fiscales asignados a la Unidad de Vida, creada en 2013 específicamente para casos de muertes violentas. Tampoco brindó la carga de casos por cada fiscal. Honduras (eso sí lo confirmó) tiene 619 fiscales distribuidos en todas las unidades del país. Si todos estos se dedicaran únicamente a investigar homicidios, para resolver los 21.033 de 2011 a 2013, tendrían una carga de 33 casos cada uno.

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Cuando mi esposo se paró en el portón, se me fue la vida. Yo lo miré llorando. ¡Ay, Dios mío, lo perdí entonces! Mi hijo, que no compraba nada si yo no le daba el visto bueno. Cuando mi hijo vivía aquí, mi esposo decía: “Están los dos novios platicando”, porque él me contaba todo. Era un hijo… Y su iglesia no la dejaba. Y con sus hermanos también… Yo hasta la vez me cuestiono y me digo “¿Por qué?” Es que aquí no hay justicia, no hay justicia.

Yolanda Ávila, 62 años, madre de Érick Alexánder Martínez Ávila, asesinado en Tegucigalpa el 7 de mayo de 2012, a los 33 años. La primera vez que Yolanda vio llorar a su esposo fue cuando mataron a su hijo. Tienen 36 años de casados).

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El Observatorio de la Violencia donde trabaja Migdonia Ayestas es parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La rectora que menciona Yolanda Ávila, madre de una de las miles de víctimas de violencia en Honduras, es Julieta Castellanos. Su hijo, Rafael, fue asesinado Tegucigalpa en 2011.

Ayestas, la directora del Observatorio de IUDPAS en Honduras, señala que la Secretaría de Seguridad les ha negado, desde julio de 2011, algunas estadísticas de homicidios que solo tiene la Policía. Pero el observatorio se vale de la contabilización cruenta de los medios de comunicación para suplir ese subregistro, pero ¿cuál es el problema?

“Si no registramos un homicidio, si un familiar o mi familiar no se registró, obviamente no existe. Sigue vivo. O está desaparecido. Pero esa persona murió. Hay evidencia de que lo enterraron, que tiene nombre, apellido, sexo, un contexto en que ocurrió”, advierte la directora del IUDPAS.

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Sí, a mí me dieron una bala también en la espalda. Fue el 7 de diciembre de 2011. Íbamos a diligencias normales de una pareja. Era un día bueno, porque yo estaba sin empleo. Estaba con consultoría entonces. Consultoría a veces hay y a veces no hay. Para él era un buen día, porque su modesto, muy modesto, sueldo que tenía como asesor le tocaba cobrarlo. Y a mí me salía una nueva consultoría. O sea, quiere decir que era un día radiante para nosotros, un día feliz. Pues bajamos y nos dispararon en el camino. Le dispararon a él. Yo no me di cuenta porque a mí me balearon también. Nos estrellamos contra un poste. Pero mi esposo ya estaba medio muerto. Yo me estrellé porque lo vi que estaba herido de muerte. Donde lo vi, inmediatamente como por arte de magia, salió la policía. La policía resguardando. O sea, todo estaba muy custodiado. Yo creo que fue un crimen totalmente… No fue un policía quien lo mató, pero la policía cuidó que el asesinato saliera muy bien.

(Hilda Calderas, 56 años de edad, esposa de Alfredo Landaverde, experto en temas antidrogas y exasesor de seguridad asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa, a los 71 años. Antes de comenzar la entrevista hizo una pausa silenciosa de un minuto, mientras el pianista del Hotel Honduras Maya tocaba la canción “Hello Dolly”, la que siempre tocaba cuando ellos entraban a ese hotel, el mismo donde se casaron el 5 de febrero de 1981. Exactamente 33 años antes de esta entrevista).

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El Salvador tiene una Dirección Nacional de Atención a Víctimas, que fue creada en 2011. Esa oficina, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, tiene 20 empleados y un presupuesto anual de US$172.000. Esas 20 personas atendieron a 143 personas el año pasado, en su mayoría víctimas de violencia intrafamiliar, de trata de personas o amenazas. Ningún familiar de víctima de homicidio.

“Es primera vez que en tema de seguridad se mete el tema de dar repuesta a todo el drama que sufren la víctimas en El Salvador, porque siempre se habían dejado de lado. Se está iniciando con la fase de procurar la atención psicológica, jurídica, social a las víctimas. Se requeriría mucho más dinero para poder ayudar a las víctimas de homicidio”, reconoce la directora de Atención a Víctimas, Fátima Ortiz.

La dirección hizo el cálculo de cuánto le cuesta al país la atención de cada una de las víctimas. Atender a una víctima de violación, por ejemplo, supone una erogación de US$5.000, que incluyen: asesoría legal, psicológica, víveres, alojamiento, alimentación y transporte durante seis meses. Han estimado que la atención para las víctimas de violencia rondaría los US$3.500. Necesitarían por lo menos US$8.7 millones para atender al menos a un familiar (madre, hijo, esposa, esposo) de las 2.499 víctimas de homicidio de 2013.

“Dentro de nuestro objetivo dice ‘restaurar el tejido social’, porque sabemos que si no va a seguir la enfermedad, pero también al nacer se nos dio el mandato superamplio: homicidios, todos los delitos. Sabemos que tendríamos que focalizar. Creo que va a ser parte del nuevo gobierno que venga a tomar ese tipo de decisiones”, agrega Ortiz.

* El reportaje para este artículo se realizó como parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) en alianza con CONNECTAS. Este artículo apareció originalmente en La Prensa Gráfica y publicado con el permiso de los autores. Vea el original aquí.

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