La coalición de oposición en Venezuela logró el control de la Asamblea Nacional durante las elecciones del 6 de diciembre, una victoria política histórica sin muchas probabilidades de introducir nuevas estrategias de seguridad o de alterar radicalmente la dinámica del crimen organizado en el país.
Aunque aún se cuentan los votos para algunas curules, la Mesa de la Unidad Democratica (MUD) obtuvo por lo menos 99 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional de Venezuela. Entretanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) solo ha logrado 46 hasta la fecha, informó Reuters.
Según la Radio Pública Nacional, las dificultades económicas de Venezuela —que incluyen hiperinflación y escasez de productos básicos— fueron una preocupación importante para los votantes. Pero la grave situación de seguridad pública del país fue también un factor de peso.
Las elecciones constituyen una pérdida histórica para el PSUV, que ha controlado la asamblea durante los últimos 16 años. El presidente Nicolás Maduro aceptó los resultados (vea el video abajo), pero también culpó de la derrota del PSUV a los esfuerzos de los intereses empresariales y otros por sabotear la economía venezolana.
Según la BBC, los representantes del MUD afirman haber ganado 112 curules en la Asamblea Nacional, lo que de ser confirmado por los delegados electorales les daría una mayoría calificada de tres quintas partes. Esto les permitiría reemplazar al vicepresidente, a los ministros de estado, a jueces y fiscales, e incluso abrir la posibilidad de reformar la constitución.
El presidente Maduro acepta resultados de elecciones
Análisis de InSight Crime
A la victoria del MUD en las urnas contribuyeron las preocupaciones por la seguridad pública en Venezuela. No obstante, no hay motivos para creer que la coalición pueda cambiar las actuales estrategias de seguridad o la dinámica criminal que ha hecho de Venezuela un corredor para el tráfico de drogas y de armas, así como uno de los países más con mayor tasa de homicidios del planeta.
Venezuela ha adoptado medidas de mano dura contra el crimen, que muchas veces se han asociado a abusos contra los derechos humanos e incluso a ejecuciones extrajudiciales. Aunque en controversia con los grupos de derechos humanos, estas iniciativas en su mayor parte han sido bien recibidas por la población general. Si la MUD intentara introducir programas con un enfoque diferente, el PSUV fácilmente podría tildarlos de ser blandos con el crimen, un riesgo que seguramente no querrá asumir la MUD.
Dejar de financiar programas de línea dura en curso, como la Operación Liberación y Protección del Pueblo, produciría resultados similares. E incluso si la MUD estuviera dispuesta a aprobar nuevas iniciativas contra el crimen, el PSUV podría poner barreras a su implementación por medio de las muchas figuras claves que el partido aún tiene en el gobierno.
Una mayoría calificada en la Asamblea daría a la MUD la opción de reemplazar ministros de seguridad claves, así como miembros del sistema judicial. Sin embargo, este es un largo proceso, según la BBC, que podría requerir ingentes gastos de capital político.
Tal vez la mayor razón por la que la MUD no podría cambiar el actual enfoque de seguridad de Venezuela es la coalición misma. Con el resto del gobierno bajo férreo control del PSUV, la MUD necesitará estar muy unida para realizar cualquier cambio. Sin embargo, la diversa coalición representa un amplio espectro de problemas e intereses, e históricamente ha sido propensa a las disputas internas.
El resultado final podría ser una legislatura opuesta a aprobar ninguna de las iniciativas de seguridad propuestas por el PSUV, pero incapaz de impulsar ninguna propia.
La única área en la que la victoria de la MUD podría suponer una diferencia inmediata es en el tratamiento de la seguridad en la frontera. Durante 2015, el presidente Maduro emitió una serie de decretos de emergencia para instituir la ley marcial en ciertas áreas de la frontera de Venezuela con Colombia. Lo más probable es que una legislatura controlada por la MUD no renueve ningún esfuerzo de gobernar por decreto por parte de Maduro, medida concedida por la actual legislatura, en vigor hasta el 31 de diciembre.
El nuevo cuerpo legislativo también puede desempeñar un papel importante en los esfuerzos por judicializar a funcionarios electos por delitos relacionados con el narcotráfico. La legislatura debe levantar la inmunidad antes de que puedan enfrentar cargos, y la mayoría calificada que la oposición controla podría abrir dicha posibilidad.
Esto podría ser un avance fundamental. El actual presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, por ejemplo, ha estado bajo observación por sus presuntas conexiones con redes de narcotráfico.
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