Las elecciones del 4 de junio en México han demostrado una vez más que el sistema político del país es incapaz de dejar por fuera a candidatos con pasados cuestionables que puedan inhabilitarlos.
El centro de atención del día de las elecciones fue la campaña a la gobernación del estado de México, que ganó Alfredo del Mazo por una ventaja de tres puntos sobre Delfina Gómez. Durante la campaña, tanto el ganador como su competidora más cercana se vieron acosados por denuncias de actividad indebida.
Los medios informativos publicaron documentos que señalaban que cuando ejercía como alcaldesa de Texcoco, la administración de Gómez había desviado decenas de millones de pesos de un fondo de pensiones para empleados públicos al hermano del tesorero de la ciudad. La firma de Gómez aparece en los documentos que supuestamente autorizan las transferencias. Su campaña también entregó millones de pesos en contratos a firmas dirigidas por la misma familia, aunque no es clara la naturaleza precisa de los servicios prestados.
Gómez, representante del partido populista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue también objeto de denuncias no probadas de nexos suyos con el narcotráfico. Gómez negó las denuncias, que fueron motivadas por narcopancartas colgadas en Texcoco, al calificarlas como parte de una anticampaña sucia.
Por su parte, Del Mazo —miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sobrino del presidente Enrique Peña Nieto— enfrentó denuncias por haber permitido la operación de importantes traficantes ligados a la Organización Beltrán Leyva en su periodo como alcalde de Huixquilucán, entre 2009 y 2012. Se dice que estos incluían a Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio", y a José Jorge Balderas Garza, socio del cabecilla de los Beltrán Leyva preso, Édgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie", más conocido por dispararle a la estrella del fútbol Salvador Cabañas en 2010.
Las denuncias contra Del Mazo son tal vez menos condenatorias en lo personal que las que se esgrimen contra Gómez, pues unas implicaban una falta de capacidad más que corrupción. Ambos capos fueron arrestados en Huixquilucán bajo la custodia de Del Mazo, y su administración coincidió con un pronunciado incremento de la violencia en su ciudad —una tendencia que por lo general refleja un conflicto entre grupos criminales más que la consolidación del poder de una organización—. En 2008, el año anterior a la elección de Del Mazo, la ciudad registró 12 homicidios; tres años después, el total había superado el triple, un incremento sostenido que aún no cede.
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Los candidatos de otras campañas a la gobernación también exhibieron preocupantes señales de apoyo criminal. A comienzos de mayo, se publicó en Facebook una grabación de una presunta llamada telefónica entre el padre y la exesposa del nuevo gobernador electo de Nayarit Antonio Echeverría, en el que mencionaban que él había buscado apoyos de narcotraficantes para financiar su campaña. Las evidentes revelaciones de la llamada telefónica nunca se corroboraron, y aun así Echeverría, con el aval del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), ganó las elecciones por un amplio margen.
Una posible razón es que sus competidores más cercanos, Manuel Cota del PRI y el candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva, también tenían antecedentes sospechosos. Ramírez Villanueva ha admitido que robó del erario público ("pero solo un poquito", según su versión), cuando fungía como alcalde de la población costera de San Blas. También hay denuncias de que los tres candidatos se contaban entre los funcionarios bajo la protección de un fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien está en custodia de Estados Unidos y es objeto de una acusación formal por narcotráfico en la ciudad de Nueva York.
En el estado de México y en Nayarit, los candidatos con más opciones tenían nexos creíbles y de larga data con escándalos de corrupción, incluyendo los que tenían que ver con el crimen organizado. Esto refleja un desglose casi total de los procesos mediante los cuales debería penalizarse a los políticos corruptos y las partes burocráticas fallidas. En lugar de eso, se los ha recompensado en las urnas.
Análisis de InSight Crime
Las elecciones del domingo no fueron las primeras en que candidatos con nexos preocupantes con la corrupción y el crimen organizado tienen éxito político en México. Para tomar solo un ejemplo, Rubén Moreira ganó la gobernación de Coahuila en 2011 pese a la evidencia contundente de que Humberto Moreira —su hermano, predecesor y principal patrocinador— había hecho tratos con los Zetas y permitido que los miembros de su gabinete malversaran decenas de millones de las arcas del estado.
Esos ejemplos alimentan una desconfianza generalizada en el sistema político en toda la población mexicana. Esto es evidente en las encuestas de opinión pública, según una encuesta reciente de la firma Buendía y Laredo, que mide la confianza pública en diferentes instituciones; los partidos políticos quedaron en último lugar, cuando 84 por ciento de los encuestados manifestaron tener poca o ninguna confianza en ellos. Las tasas de abstencionismo electoral en México —más del 50 por ciento en muchas elecciones— también reflejan la desconexión entre las necesidades de los votantes y lo que ofrecen los partidos políticos.
La falla está menos en los votantes que en la clase política, cuyos líderes se han mostrado incapaces de imponer una norma que impida la candidatura a altas dignidades a quienes hayan tenido asociaciones previas con escándalos de ese tipo. Este vacío en esencia permite cierto grado de asociación entre políticos y elementos criminales, lo que erosiona aún más la credibilidad del sistema político.
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Peor aún, las falsas acusaciones de asociación criminal se han convertido en táctica estándar de las campañas políticas. En las campañas de 2016, en Tamaulipas circularon fotografías adulteradas de un grupo armado que supuestamente operaba en nombre del candidato ganador a la gobernación Francisco García Cabeza de Vaca. Los originales eran fotografías de grupos de vigilantes de Michoacán con quienes no tenía relación.
En la misma campaña, el eventual ganador de la campaña por la gobernación de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, fue acusado de nexos con el narcotráfico después de que se lo fotografiara al lado del líder de un grupo hotelero. La misma persona había aparecido en fotografías al lado de una amplia gama de líderes mexicanos, entre ellos el presidente Peña Nieto, y nunca se verificaron las denuncias contra Joaquín por delitos de drogas.
La frecuencia de las denuncias infundadas afecta la credibilidad de tales acusaciones, tanto fundadas como infundadas, y reduce la capacidad de diferenciar entre los políticos honestos y sus contrapartes corruptas, incluso para los ciudadanos bien informados. Dicho de otro modo, si todos los políticos son corruptos, entonces hay poco que inhabilite de manera excepcional a figuras evidentemente corruptas, como Humberto Moreira.
Esta infortunada dinámica, que da pocas muestras de mejoría, deja el sistema político de México sin la autoridad moral necesaria para liderar la lucha contra el crimen organizado. Conlleva a que la sociedad civil sospeche de los motivos de los funcionarios electos en todos los niveles, lo que por ende complica la cooperación, parte vital para el éxito de cualquier estrategia de seguridad pública.
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