En la antesala de las elecciones del 5 de octubre en Perú, las campañas han estado llenas de escándalos –más de 300 candidatos han sido excluidos por sus antecedentes penales, con docenas de ellos vinculados al tráfico de drogas. InSight Crime da una mirada a tres de los candidatos envueltos en los escándalos.
Agosto no fue un buen mes para los partidos políticos de Perú. A menos de 60 días para las elecciones municipales y regionales del país, la ONG Transparencia publicó una lista de 13 candidatos que se postularon para las elecciones pese a tener condenas previas en relación con el tráfico de drogas. Tres días después, el ministro del Interior Daniel Urresti entregó una lista al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con más de 100 aspirantes vinculados a casos de tráfico de drogas. Como si esto no fuera suficiente, un día después de recibir la lista de Urresti, el JNE reveló que 345 candidatos habían sido condenados por algún crimen.
El número de candidatos con antecedentes penales desató un debate a nivel nacional acerca de los controles electorales en el país, con algunos funcionarios llamando a la creación de reformas legales y pidiendo a los partidos políticos que se encargaran de crear mecanismos de control más estrictos. El JNE excluyó a los candidatos con condenas vigentes de las listas, pero ahora se enfrenta a la complicada cuestión de qué hacer con los candidatos que ya han pagado sus condenas. La ley de Perú considera que los individuos que han cumplido sus sentencias se han rehabilitado, lo que significa que técnicamente pueden postularse. Sin embargo, dependiendo del crimen, estos individuos pueden ser una carga para los ya problemáticos partidos políticos, que en algunos casos han tenido que pelear para remover candidatos de sus listas.
Mauro Gómez Mendoza
Uno de estos candidatos es Mauro Gómez Mendoza, quien fue condenado por tráfico de drogas en 1994 y pasó ocho años tras las rejas. Antes de que su nombre apareciera en la lista de Transparencia, fue candidato a la alcaldía de Vilcashuamán en Ayacucho –región productora de coca- por el Partido Aprista Peruano (PAP).
Además de recibir una condena por tráfico de drogas, Gómez también ha sido juzgado por “deberes y funciones”, por lo cual fue sentenciado a dos años de libertad condicional. Gómez también ha enfrentado cargos por omisión a la asistencia familiar.
A pesar de sus extensos antecedentes penales, Gómez no retiró su candidatura luego de que se hiciera pública la lista de Transparencia. Él mismo dijo a La República que no renunciaría, alegando que había sido condenado erroneamente por tráfico de ácido sulfúrico –ingrediente utilizado en la producción de cocaína- para el comercio ilegal de drogas, cuando sólo había transportado la sustancia “para fines de teñidos y artesanías”. Frente al caso de omisión a la asistencia familiar, Gómez afirmó a El Comercio que la situación ya se había “subsanado”.
Mientras tanto, el partido político de Gómez declaró que no tenía conocimiento de su condena por tráfico de drogas, pese al hecho de que todos los candidatos del PAP deben presentar una declaración juramentada afirmando no tener antecedentes criminales. Luego de que se publicara la lista de Transparencia, el secretariado del partido dijo a El Comercio que el PAP haría todo lo posible para retirar la candidatura de Gómez. Sin embargo, esto implicaría mucho más que simplemente eliminar el nombre de Gómez de la lista de candidatos. Los funcionarios del PAP ahora se enfrentan a la autoridad electoral regional (el Jurado Electoral Especial-JEE), cuyo presidente afirmó que Gómez ya había cumplido sus sentencias, por lo que no se puede prohibir su postulación.
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En una carta del PAP al JEE en Huamanga pidiendo el retiro de la candidatura de Gómez, el partido citó sus sentencias por tráfico de drogas y por el delito de peculado. La carta argumentaba que a pesar de que Gómez hubiese cumplido sus sentencias, esto no le garantizaba el derecho de participar en la política, y menos "cuando en la actualidad el flagelo del narcotráfico resulta siendo un problema social de alta peligrosidad y de tratamiento exhaustivo". Gómez apeló la decisión del PAP de retirar su candidatura, y el JEE tomó el lado del candidato.
Al final, el PAP consiguió retirar a Gómez de su lista de candidatos, sin embargo, un vocero afirmó que técnicamente esto no se debía a sus antecedentes penales. El representante legal del PAP dijo a InSight Crime que Gómez había sido excluido por “razones disciplinarias” que no estaban relacionadas con su condena por tráfico de drogas.
Silvia Martha Mejía Leiva
Al igual que Gómez, Silvia Martha Mejía Leiva también fue condenada por tráfico de drogas. Pasó más de 10 años en prisión antes de decidir postularse a la Municipalidad de Chacayán, en el departamento de Pasco.
Sin embargo, lo que llama la atención en este caso es que el expresidente Alan García conmutó su sentencia en 2009 para que Silvia Martha pudiera salir de prisión un año antes. García ha sido implicado en un esquema de pago por indultos en el cual funcionarios de alto nivel aceptaron pagos de narcotraficantes convictos a cambio de una reducción de sus sentencias.
En una entrevista con Dairo Correo, Mejía negó haber formado parte del esquema de los llamados “narcoindultos” y afirmó que aprovechó los beneficios de las conmutaciones de penas como cualquier otro prisionero.
El líder de su partido político, el Movimiento Regional Pasco Dignidad, dijo a Radio Cumbre en una entrevista que la organización no tenía conocimiento sobre la sentencia de Mejía por tráfico de drogas –pese al hecho de que ella la incluyó en su declaración juramentada- y afirmó que consideraba la posibilidad de revocar su candidatura. El Movimiento Regional Pasco Dignidad no respondió a InSight Crime los pedidos de información sobre la candidatura de Mejía, pero el primero de octubre, Mejía seguía en la lista de candidatos de la base de datos del JNE, que según el JEE de Pasco dijo a InSight Crime, refleja la información más actualizada.
Alberto Tapia
El mismo año que el expresidente acortó la sentencia de Mejía, también otorgó una conmutación de pena a un narcotraficante convicto llamado Danilo Silva. Silva había sido detenido en 2001 en un laboratorio de drogas en la ciudad de Barranca con 65 kilos de cocaína, armas, y más de US$ 24.000 en efectivo. Silva debía pasar 15 años tras las rejas –lo que significa que no debería ser liberado hasta 2016- pero García recortó cinco años de su condena.
El primero de agosto, Silva fue detenido cuando manejaba una camioneta cubierta de publicidad electoral que pertenecía a su cuñado, el candidato a la alcaldía de Barranca, Alberto Tapia. Dentro del vehículo, la policía descubrió varios paquetes de lo que inicialmente se creía que era cocaína. El ministro del Interior luego afirmó que la policía terminó incautando alrededor de 400 kilos de cocaína del vehículo y de una propiedad vinculada a la familia. Sin embargo, posteriormente fue revelado que la policía sólo había descubierto 42 kilos de cocaína en la propiedad y que el material blanco encontrado en el camión de Tapia en realidad era yeso.
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Pero ahora que los vínculos entre Tapia y Silva se han hecho públicos, la candidatura de Tapia ha sido cuestionada. A pesar de que parece que no descubrieron cocaína en el vehículo de Tapia, Silva está casado con la hermana de Tapia y solía trabajar para una empresa de la cual Tapia es dueño. El partido político de Tapia, Fuerza Popular, se rehusó a hablar sobre el candidato, pero hasta el primero de octubre Tapia todavía estaba en la lista de candidatos de la base de datos del JNE.
¿Reforma?
Lo más preocupante de las próximas elecciones de Perú es que tantos candidatos con condenas criminales y vínculos con el tráfico de drogas no tengan reparo en postularse a tan altos cargos. Perú actualmente es el principal productor de coca y cocaína del mundo, lo que hace que el gobierno del país sea especialmente vulnerable a la infiltración criminal, y necesite supervisión adicional a la hora de revisar los antecedentes de sus candidatos.
Dado el número de candidatos con sentencias por tráfico de drogas, los partidos políticos de Perú claramente no tienen la capacidad –algunos críticos incluso afirman que les falta la voluntad- para investigar adecuadamente a quienes se postulan para altos cargos. Trece candidatos con condenas por tráfico de drogas reportaron sus antecedentes criminales en sus Hojas de Vida, las cuales los partidos (teóricamente) revisan y las cuales son información pública, a la cual se puede acceder en la página de Internet del JNE. En teoría, cualquiera que tenga acceso a Internet puede buscar un candidato específico en la base de datos del JNE y determinar si el candidato ha reportado o no sus antecedentes criminales.
En un esfuerzo por responsabilizar a los partidos políticos, un miembro del Congreso, José León Rivera, propuso varias reformas legales. Bajo las enmiendas propuestas, los partidos que permitan que aquellos vinculados al tráfico de drogas se postulen a altos cargos o financien campañas serán excluidos de las elecciones.
Perú podría examinar su política que permite que las personas con antecedentes criminales se postulen para altos cargos. A pesar de que puede ser razonable permitir que aquellos que hayan sido condenados por infracciones menores puedan llevar a cabo campañas políticas, es válido preguntarse si se les debería permitir tener un alto cargo a aquellos que han sido condenados por crímenes más serios, como el tráfico de drogas, dado que estos podrían aumentar la susceptibilidad del gobierno a ser infiltrado por las organizaciones criminales.
Mientras tanto, hasta que los partidos políticos no investiguen a sus candidatos y el JEE considere que los candidatos con condenas criminales ya han sido “rehabilitados”, no cabe duda de que aquellos con antecedentes criminales se seguirán postulando para altos cargos.
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