Las autoridades de Estados Unidos están investigando las acusaciones de que Sempra, una empresa californiana de energía, mantenía vínculos con grupos criminales de México y que incluso sobornó a prominentes políticos mexicanos, lo que según los informes de los medios plantea interrogantes sobre el papel que juegan las empresas estadounidenses en el apoyo al crimen organizado del país vecino.
La Jornada, Proceso, y otros medios, informaron que la firma californiana Sempra Energy está siendo investigada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
De ser cierto, esta sería la segunda vez en los últimos cuatro años que Sempra es investigada por funcionarios estadounidenses a raíz de una denuncia presentada por el excontralor de la firma. Los informes de prensa señalaron que el DHS también está investigando las acusaciones de que la empresa sobornó a altos funcionarios mexicanos así como otras posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Según los informes de cumplimiento interno, incluídos en una demanda presentada por el excontralor de Sempra Rodolfo Michelon, la firma entregó millones de dólares en pagos ilegales a cambio de un trato favorable del gobierno mexicano en relación con nuevos proyectos, sobre todo en el norte de Baja California. Los funcionarios que presuntamente recibieron pagos incluyen el expresidente Felipe Calderón cuando se desempeñaba como secretario de Energía de Vicente Fox, y Eugenio Elorduy Walter, exgobernador de Baja California. Los mismos informes acusan a Sempra de falsificar sus informes financieros, permitiéndole recibir pagos por trabajos que no había terminado.
Los informes recientes de los medios no dan detalles de la presunta connivencia de Sempra con los grupos criminales mexicanos, pero las investigaciones internas originales de los contratistas de Sempra habían señalado el destacado papel de los narcotraficantes en la política y las comunidades empresariales de Baja California.
Por otra parte, a Elorduy Walter, el principal presunto colaborador que Sempra tenía en los círculos gobernantes de México, ya se le ha hecho seguimiento durante algún tiempo por acusaciones de haber facilitado el tráfico de drogas. Él es socio de negocios de Manuel Aguirre Galindo, supuestamente uno de los miembros fundadores del Cartel Arellano Félix, el cual dominó a Tijuana y gran parte de México durante los años noventa y principios de la primera década del siglo XXI, y quien actualmente se encuentra recluido en una prisión mexicana a la espera de un juicio por tráfico de drogas.
Análisis de InSight Crime
Independiente de si Sempra será o no acusada por su presunta relación con el crimen organizado, el caso plantea profundos interrogantes sobre los conflictos de intereses de las autoridades en ambos lados de la frontera.
Algunas fuentes en los medios mexicanos han interpretado el caso como uno en el que las autoridades estadounidenses incorrectamente sirven a los intereses de sus contrapartes mexicanas, especialmente en lo referente a Elorduy Walter. Por ejemplo, uno de los elementos de la investigación es si la fiscal federal Laura Duffy intervino de manera inapropiada para ayudar tanto a Sempra como al presunto narcotraficante Aguirre Galindo.
Según La Jornada, en 2011 Duffy cerró una investigación sobre Sempra que también cubría gran parte de las acusaciones actuales, y basándose en un informe que esencialmente había sido elaborado por representantes de la empresa, exoneró a Sempra de los cargos.
(Según lo informado por The Washington Post, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) hizo cerrar el caso por la investigación de una firma de abogados que fue contratada por Sempra. Sin embargo, no hubo ninguna mención de Duffy como la fiscal encargada. El FBI también ha publicado documentos internos sobre la investigación que ha realizado de la empresa.)
Según La Jornada, Duffy retiró todos los cargos contra Aguirre Galindo en octubre de 2013 a pesar de que alguna vez Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$5 millones por información que condujera a su captura. Aguirre Galindo fue detenido en Ciudad de México días después de que esto fue anunciado, pero gracias a la oportuna decisión de Duffy, no hubo peligro de que fuera extraditado a Estados Unidos. Algunos informes sugieren que Aguirre Galindo negoció los términos de su arresto con las autoridades estadounidenses. Sin embargo esto no ha sido confirmado, y actualmente Aguirre Galindo se encuentra en una cárcel de México a la espera de ser juzgado.
El caso también ha planteado interrogantes sobre la relación entre Alan Bersin, antiguo zar de la frontera de Estados Unidos, y el exgobernador Elorduy Walter. Ambos eran socios, junto con varios otros inversionistas -uno de los cuales era el antiguo ejecutivo de Sempra, Donald Felsinger- en Silicon Border, un complejo industrial en Mexicali, lo que puso al hombre responsable de coordinar la seguridad en la frontera de Estados Unidos a sólo un grado de separación de Aguirre Galindo, un importante traficante de drogas.
Hay una tendencia en la cobertura dada por Estados Unidos a Latinoamérica que consiste en asumir lo mejor de los funcionarios de Estados Unidos y tratar con desconfianza a los funcionarios extranjeros. Sin duda este ha sido el caso de México, y en ocasiones genera resentimientos. Pero los casos mencionados anteriormente demuestran que las presuntas irregularidades no son exclusivas de las autoridades mexicanas.
Incluso, más allá de los posibles errores de Duffy y de Bersin, el caso Sempra plantea preguntas más amplias sobre los socios políticos de Estados Unidos en México. Las inversiones más relevantes para el trabajo de Bersin en el país extranjero plantean preguntas sobre conflictos de intereses, y el momento en el que se presentó la decisión de Duffy de retirar los cargos contra Aguirre Galindo, alimenta las teorías de conspiración entorno a una fiscal de Estados Unidos que ayuda a un narcotraficante veterano.
Pero al mismo tiempo, incluso si nada inapropiado hubiera ocurrido, existe suficiente evidencia circunstancial alrededor de la carrera de Elorduy Walter para sugerir que él nunca habría sido un socio totalmente fiable de Estados Unidos. Dado el alcance de su papel, que consistía en supervisar uno de los cruces fronterizos más transitados del mundo y una vía principal para el transporte de drogas hacia la Costa Oeste de Estados Unidos, así como liderar la respuesta del gobierno frente a uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, Walter representaba un gran obstáculo para los esfuerzos bilaterales.
Por desgracia, hay muchos líderes políticos en México con rasgos similares a los del exgobernador de Baja California, y muchos funcionarios estadounidenses dispuestos a hacer negocios con ellos.
SUSCRIBIRME