Algunas de las empresas más grandes de México han emitido una serie de denuncias al presidente sobre la constante amenaza de la extorsión a los proyectos de infraestructura pública, lo que ilustra cómo esta rentable actividad ilícita permea la economía mexicana en casi todos los niveles.
Según lo informado por Reforma y otros medios de comunicación, las empresas ICA, Carso y Cemex han escrito una carta al presidente Enrique Peña Nieto quejándose de la extorsión generalizada en Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca y Acapulco. La carta denuncia que los grupos criminales básicamente toman el control de los proyectos de obras públicas, exigiendo pagos mensuales a las empresas subcontratistas, incluyendo a grandes corporaciones.
Esta carta ilustra un patrón creciente en el que los grupos criminales exigen extorsiones a las grandes empresas (Carso es propiedad de Carlos Slim; mientras que Cemex, una de las mayores empresas de cemento del mundo, es propiedad del multimillonario Lorenzo Zambrano). A principios de este año, la Cámara Americana de Comercio reportó que la proporción de directivos de empresas estadounidenses que operan en México, que admitieron haber sufrido un intento de extorsión, se duplicó en 2012, pasando de un 18 por ciento a un 36 por ciento.
Tal vez el ejemplo más notorio se produjo en mayo de 2012, cuando varias instalaciones pertenecientes al fabricante de pasabocas Sabritas, una subsidiaria de Pepsico, fueron atacadas en Michoacán y Guanajuato por miembros de los Caballeros Templarios. Las autoridades anónimamente revelaron que los ataques se llevaron a cabo como respuesta a la falta del pago de cuotas extorsivas de alrededor de US$3.900 al mes, aunque los funcionarios de la compañía luego lo negaron.
Análisis de InSight Crime
La extorsión ha aumentado exponencialmente en México durante la última década, sobre todo desde el inicio de la administración de Calderón. En 2002, el gobierno registró apenas 53 denuncias de extorsión, pero en 2008, esta cifra había aumentado a más de 50.000, según cifras de la policía nacional, informó El Universal. Aunque la extorsión es un delito muy difícil de rastrear debido a que las víctimas tienen un interés en negar su existencia, prácticamente todos los conteos demuestran que ha seguido aumentando desde entonces.
Los esquemas de extorsión adoptan muchas formas diferentes. La práctica tradicional es aquella en la que los grupos van tras las empresas locales pequeñas, muchas de las cuales no tienen los recursos para defenderse incluso de las amenazas menores y no confían en la policía. Los ataques contra las grandes empresas, y en particular las multinacionales, representan un nuevo enfoque a la práctica tradicional. Otra alternativa a los esquemas tradicionales de extorsión es la extorsión virtual, en la que los grupos armados con un teléfono celular hacen cientos de llamadas telefónicas, en un intento de convencer a una víctima crédula de que se encuentra bajo amenaza y que sólo haciendo una pago puede salvarse a sí misma o a sus seres queridos.
El modus operandi de las bandas de extorsión difiere significativamente de una región a otra. Como indican los recuentos anteriores, las grandes empresas que denunciaron han sido blancos principalmente al centro y sur de México. En cambio, al norte del país, donde las grandes empresas multinacionales tienen una presencia importante, tales denuncias no se han dado.
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No obstante, las ciudades del norte también han sufrido mucho por el aumento de la extorsión. Durante la violencia que se desencadenó en Ciudad Juárez desde 2008 hasta 2011, hasta el 90 por ciento de las empresas en las zonas más conflictivas de la ciudad reportó hacer pagos extorsivos. Pequeñas empresas en Monterrey también han sido objeto de demandas similares, aunque el ejemplo más notorio de las consecuencias del crimen tiene que ver con una empresa más importante: después de que el Casino Royale se negara a hacer un pago de extorsión en agosto de 2011, los miembros de los Zetas incendiaron el lugar, matando a 52 civiles. A nivel nacional, la más reciente encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, INEGI, encontró que el 7,6 por ciento de las empresas reportó haber sufrido demandas de extorsión en el último año, aunque el número relativamente bajo probablemente refleja la renuencia a denunciar.
El crecimiento de la extorsión se produce en medio de una mayor diversificación de las actividades ilegales de los grupos criminales de México, quienes se han expandido hacia la trata de personas, el robo de bancos, secuestro y otras actividades criminales que no están relacionadas al narcotráfico, su tradicional fuente de ingresos. Esta diversificación se deriva tanto de la ofensiva contra el narcotráfico iniciada bajo el presidente Felipe Calderón como la fragmentación del narcotráfico en México. Como consecuencia de ello, muchos actores criminales ya no tienen vínculos directos con los productores de drogas en el Triángulo de Oro de México o en Suramérica, lo que los ha obligado a buscar fuentes alternativas de ingresos.
Esta diversificación ha convertido a la economía legítima de México en un blanco mayor para los grupos criminales que en años anteriores, con evidentes efectos negativos sobre la economía. El secuestro y la extorsión atacan a los sectores prósperos y productivos de la sociedad mexicana, mientras que el robo de bancos ataca un elemento vital del sistema económico. Esto sirve para desincentivar la inversión y es un obstáculo para el crecimiento.
Estas nuevas actividades que se benefician de los sectores legítimos de la economía de México, y la sociedad también ha convertido a la población civil en un elemento en disputa de las organizaciones criminales, de la misma manera que las rutas de tráfico provocan conflictos. Como consecuencia, las organizaciones criminales suben videos a Internet o cuelgan narcomantas en torno a una ciudad determinada en las que acusan a sus rivales de secuestro, extorsión, y de matar inocentes, mientras que se pintan a sí mismos como el grupo más honorable, en un intento por asegurar el apoyo o la aquiescencia de la población local. Sin embargo, como muestra el creciente uso de la extorsión dondequiera que estos grupos se encuentren, en la práctica a menudo hay poco en el maquillaje moral de cada organización o sistema de valores para distinguirla de sus competidores.
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