La destitución de su cargo de la presidenta Dilma Rousseff no es un gran paso en la lucha contra las redes de corrupción en las altas esferas en Brasil, y más bien sugiere que ella fue la perdedora en una batalla entre las élites del poder en el país.
El 31 de agosto, el senado brasileño votó por 61 a favor y 20 en contra la destitución de Dilma Rousseff como presidenta, informó The Wall Street Journal. La votación fue el paso siguiente a un juicio político contra Rousseff —quien fue suspendida de su cargo en mayo— acusada de manipular el presupuesto federal para ocultar los problemas económicos del país.
La destitución de Rousseff marca el cierre de 13 años de gobierno de su Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores - PT), que se inició con su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003.
En una votación aparte, los senadores no lograron alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para inhabilitar a Rousseff para ejercer cargos públicos por ocho años.
Michel Temer, quien fue vicepresidente de Rousseff y presidente interino durante su juicio, recibió la investidura como presidente luego de la votación. Él ocupará la presidencia por lo que queda del periodo de Rousseff, que va hasta 2018. Temer pertenece al centrista Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).
La administración de Rousseff había enfrentado una creciente presión debido a la investigación de varios escándalos de corrupción y al empeoramiento de la situación económica de Brasil. De acuerdo con The Wall Street Journal, Brasil anunció un crecimiento de 7,6 por ciento en su PIB en 2010, el año en que Rousseff fue elegida para su primer periodo, pero este año se espera que la economía se contraiga en 3,2 por ciento, luego de la caída de 3,8 por ciento en 2015.
La investigación por corrupción en curso en la petrolera estatal brasileña Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), conocida como Operación "Lava Jato", también afectó la popularidad de Rousseff. Las indagaciones sobre el escándalo, cuyo centro son las conspiraciones en licitaciones de exploración y coimas sobre contratos inflados, han implicado a unos 50 congresistas brasileños y a muchos altos ejecutivos cariocas.
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Como presidenta de la junta directiva de Petrobras cuando ocurrió gran parte de la corrupción investigada, Rousseff fue objeto de intenso escrutinio y sospecha. Hasta el momento, sin embargo, no ha salido a la luz evidencia que la implique en algún delito en conexión con ese escándalo.
Rousseff calificó el proceso de impugnación en su contra como "un golpe parlamentario", y defendió sus acciones diciendo, "no cometí los crímenes de los que se me acusa de manera arbitraria e injusta", informó BBC. José Eduardo Cardozo, abogado de Rousseff, alegó que las acusaciones eran un castigo por su respaldo a la investigación en Petrobras, de acuerdo con The Guardian.
En adelante, el gobierno del presidente Temer enfrenta una dura batalla para revertir el declive económico en Brasil y sanar las divisiones políticas en el país luego de la gran polémica y la polarización que suscitó el juicio político contra Rousseff. Temer no goza de popularidad —sus índices de aprobación rondan el 12 por ciento—, y se vio envuelto en un escándalo propio por la financiación ilícita de campañas políticas.
Análisis de InSight Crime
La paradoja de la destitución de Rousseff es que se dio a raíz de acusaciones relativamente leves, y no tienen vínculo directo con el masivo escándalo de corrupción en Petrobras. Lo irónico es que muchos de los senadores que votaron por su destitución han sido implicados en delitos relacionados con las indagaciones de la Operación “Lava Jato”. Esto incluye a Fernando Collor de Mello, actual senador, que fuera presidente de Brasil entre 1990 y 1992, fecha en la que renunció antes de enfrentar un juicio político por acusaciones de corrupción. La policía brasileña allanó la residencia privada de Collor en conexión con el escándalo de Petrobras en julio de 2015.
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Más bien, parece que Rousseff ha resultado ser una baja en una batalla que libran las élites políticas y económicas brasileñas, en particular miembros de la oposición política que se han visto investigados. A manera de ilustración, en mayo se conocieron grabaciones de Romero Jucá, jefe del PMDB a quien Temer nombró en el gabinete de su administración provisional, que insinúan que conspiraba para obstruir la investigación de Petrobras tras el juicio político a Rousseff.
Sean cuales sean los motivos que hay detrás de la impugnación de Rousseff, es poco probable que su destitución altere de manera visible el status quo en Brasil y calme a quienes están cansados de la corrupción en las altas esferas políticas. No cabe duda de que no hay evidencia que indique que Rousseff fuera el eje detrás de la corrupción en Petrobras, y su sucesor Temer no está libre de sospecha en el caso.
El brasileño común tampoco se hace ilusiones de que la destitución de Rousseff represente un giro para eliminar la corrupción en el gobierno. "No voté por Dilma, pero no tengo motivos para estar feliz hoy", citó The Wall Street Journal a un diseñador web de São Paulo con motivo de la votación del senado para destituir a Rousseff.
"Dilma se va, Temer llega, nada cambia".
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