Hay un problema en la principal cárcel de Guatemala en la que conviven políticos, empresarios, jueces, militares y narcotraficantes. El sistema de justicia y de cárceles ha logrado preservar la vida de los poderosos cuando los somete a juicios, pero no ha logrado evitar que conspiren para cometer delitos desde la prisión en el cuartel militar de Mariscal Zavala.
En 2010, durante la presidencia de Álvaro Colom (recientemente detenido por corrupción) en Guatemala, su ministro de Gobernación era Carlos Menocal, la fiscal general era Claudia Paz y el jefe de la CICIG era Carlos Castresana por primera vez, de manera sistemática, comenzaron a capturar capos del narcotráfico, políticos de alto rango, grandes empresarios y colaboradores “eficacez”, el título legal para quienes delatan a sus jefes en estructuras criminales y colaboran con la justicia para reducir sus penas.
Adaptaron espacios en las bases militares Matamoros y Mariscal Zavala, en centros que pudieran encarcelar a reos cuya vida podría estar en peligro.
A Mariscal Zavala y Matamoros se les conoce como cárceles VIP porque en ellas permanecen funcionarios como el expresidente Otto Pérez Molina; Julio Suárez, expresidente del Banco de Guatemala; la exmagistrada Blanca Stalling; o la exdiputada Daniela Beltranena. Además de otros exmagistrados, exdiputados, exalcaldes, exministros y empresarios. La exvicepresidenta Roxana Baldetti es la única que guarda prisión en un recinto para el resto de ciudadanos, la cárcel de Santa Teresa.
*Este artículo fue publicado originalmente en Nómada. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
En Mariscal Zavala es tal la falta de controles que un periodista de Nómada demostró que podía ingresar sin siquiera mostrar su documento personal de identificación (DPI). Cuando el periodista conversó con reclusos después de la fuga de una secuestradora, uno le respondió que permanecían en Mariscal Zavala porque querían y porque si los recapturaban, les aumentarían las condenas.
Como cualquier persona puede ingresar y salir sin control y los reos tienen privilegios como acceso a internet sin limitaciones, al Ministerio Público y a la CICIG les preocupan las conspiraciones que se ordenan desde Mariscal Zavala.
De hecho, el actual comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, considera que las cárceles ubicadas en centros militares deberían de cerrarse.
¿Por qué siguen ahí?
En diversas ocasiones el Ministerio Público (MP) ha pedido a jueces que trasladen a los reos a otras cárceles.
“Las solicitudes solo pueden ser fundamentadas con pruebas o indicios que demuestren que la vida del privado de libertad está en riesgo o la persona es responsable de otro delito dentro de la cárcel en la que se encuentra”, explica Rottman Pérez, secretario de política criminal del Ministerio Público (MP).
Aunque el juez acepte la solicitud de traslado, los reos pueden utilizar recursos legales para oponerse, como las exhibiciones personales o los amparos.
Uno de los casos más notorios es el del traslado de Gustavo Alejos, empresario farmacéutico y financista político, que fue movido de Mariscal Zavala a Pavoncito en noviembre de 2016. La fiscalía solicitó a la jueza, el traslado de Alejos y 9 personas porque comprobaron con interceptaciones de llamadas telefónicas que tanto Otto Pérez Molina como otros exfuncionarios, seguían dando órdenes desde la prisión.
Pero 15 días después de ese traslado, la Sala de Femicidio declaró con lugar un recurso de exhibición personal a favor de Gustavo Alejos. Según el abogado defensor, la familia del empresario había recibido amenazas, las condiciones en las que le tenían no eran favorables y él temía por su vida en Pavoncito. Ante la resolución del juez, el Sistema Penitenciario tuvo que hacer de nuevo el traslado a Mariscal Zavala.
Los funcionarios de justicia están de manos atadas. “Si existe una resolución que favorece al recluso, el Código Procesal Penal la acepta y nosotros también debemos hacerlo. De lo contrario, podría considerarse violación de la ley por nuestra parte. Para hacer nuevamente un traslado, el MP y nosotros debemos tener una razón distinta a la que ya fue revertida”, explicó la jueza Ericka Aifán sobre el traslado de regreso del empresario farmacéutico.
Colapso del sistema
La situación en la que se encuentra el Sistema Penitenciario del país es crítica. De acuerdo con la base de datos de la organización británica World Prison Brief, Guatemala se encuentra en el quinto lugar de cárceles más sobrepobladas, con un 293% de ocupación. Incluso las cárceles VIP están llenas. Mariscal Zavala tiene 248 personas en un espacio para 135. Y Matamoros está cerca de alcanzar su capacidad máxima con 30 reos en lugar para 32.
En el país hay 4,286 guardias penitenciarios que trabajan en 2 turnos, por lo que hay solo 2,143 agentes activos, a la vez. Y hay 23,328 reclusos en todo el país. Lo que se refleja en 11 reos por agente, una cifra que duplica la cantidad de 5 reos por guardia en países como Estados Unidos, el país con mayor porcentaje de población reclusa en el planeta.
Afuera de las cárceles VIP, los reos se mantienen en condiciones deplorables e infrahumanas, temerosos de asesinatos y motines. El vocero de Presidios, Rudy Esquivel, dice que el sistema necesita renovarse porque su tiempo de vida terminó y es por eso que la capacidad para albergar a los reclusos está sobrepasada en casi un 300%. No hay suficientes agentes y mantienen perfiles de alta peligrosidad cerca del resto de privados, lo que aumenta el riesgo.
“Los centros ya no pueden recibir a más reclusos con el sistema que tenemos, y es por eso que se está trabajando en un plan desde 2013, para que en 20 años se puede tener un Sistema Penitenciario renovado”, dice Esquivel.
Pero esos planes no contemplan alguna solución para los problemas inmediatos. Un ejemplo es el preventivo de la zona 18, en el que la mayoría de la población son pandilleros y en el que más casos de extorsión, amenazas y asesinatos se registran, de todo el país. Por esta razón, los reclusos por casos de alto impacto, paradigmáticos, como Otto Pérez Molina o Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS, no pueden ser trasladados a ese tipo de prisiones, puesto que se pone en riesgo su vida.
Y tampoco se les puede trasladar a Matamoros, con más control que Mariscal Zavala y con espacio disponible, porque desde que se volvió a utilizar como cárcel, se envió a algunos de los reos más peligrosos, como Marvin Montiel, el Taquero, narcotraficante condenado por la muerte de 16 nicaragüenses y 1 holandés y acusado de asesinar a Byron Lima. En Matamoros, el Sistema Penitenciario no es capaz de responder por la vida y seguridad del expresidente.
“Nosotros no podemos hacer traslados sin orden de juez. La única razón por la que podríamos tomar ese tipo de decisiones es por la extraordinaria situación de que el privado de libertad corriera grave peligro, pero aún en esos casos se informa inmediatamente al juez”, dice Esquivel.
Sin responsabilidades claras
El Sistema Penitenciario y los jueces deberían garantizar la vida de los reclusos y que no cometan delitos desde las cárceles. No lo logran en las prisiones comunes ni en las exclusivas para reos poderosos.
En Mariscal Zavala, los reclusos están en un espacio cercado, perimetrado y resguardado, pero tienen apartamentos con un área abierta grande y no hay celdas. Matamoros, sí es una cárcel con espacios totalmente controlados y horarios restringidos para tomar el sol. Además de que los reclusos sí están en calabozos con barrotes.
Como ocurre en las prisiones con sectores controlados por pandilleros, en Mariscal Zavala se sabe que la clasificación dentro de esa cárcel es por afinidad de los mismos reos. Y ahí dentro cada recluso debe buscar el lugar que ocupará, y debe negociar con los internos las condiciones.
La CICIG solicita cerrar las cárceles en instalaciones militares, pero los jueces dicen no tener lugares seguros a donde enviar a los reos y el Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación dice que ellos no efectúan traslados sin la orden de un juez competente.
Así, los presos –los comunes y los poderosos– pueden continuar dirigiendo crímenes desde los centros de detención.
*Este artículo fue publicado originalmente en Nómada. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
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