‘En Venezuela hay unas 18.000 estructuras criminales’, dice criminólogo Fermín Mármol

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El abogado criminalista Fermín Mármol García es experto en seguridad ciudadana en Venezuela y hace seguimiento a las dinámicas de crimen organizado. Es además uno de los asesores del líder de oposición Juan Guaidó en el desarrollo de su plan de seguridad.

Mármol García ha tratado de seguir los pasos de la carrera profesional de su padre, Fermín Mármol León, abogado criminalista que falleció en 2011 y ejerció como ministro de Interior y Justicia y director de algunas instituciones del Estado, como la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), que en la actualidad es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

InSight Crime habló con Mármol García en torno a la actuación de grupos de crimen organizado en todo el país.

InSight Crime: Usted asegura que hay 18.000 estructuras del crimen en el país, ¿de dónde saca esa cifra?

Fermín Mármol García: Esas 18.000 estructuras del crimen en Venezuela se desprenden de los ocho bloques criminales que operan en el país, y de esos grupos de más de tres personas que, aunque no están implicados en delitos organizados, sí son actores criminales. En el país tenemos un compendio de bandas. Estas estructuras también han sido detectadas por otros asesores y colegas en materia de seguridad. Esta información coincide con la que maneja el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

IC: ¿Cuáles son esos ocho bloques criminales?

FMG: El primero es un bloque criminal ideologizado, que son los colectivos; el segundo bloque también es ideologizado y en él opera el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) en sus distintas facciones, que ya tienen inclusive concejales en el estado Apure; el tercer bloque corresponde a las megabandas y a las bandas criminales; el cuarto bloque es el del pranato carcelario, que incluye a prisiones y calabozos policiales; el quinto es el de los pseudosindicatos de la construcción y los pseudosindicatos mineros que controlan las minas clandestinas en el estado Bolívar; el sexto bloque es el extranjero, que está integrado por el ELN, disidencias de las FARC y disidencias de las Autodefensas Unidas de Colombia, Bacrim y garimpeiros brasileños; el séptimo corresponde al tráfico ilegal de drogas y la legitimación de capitales proveniente de esa industria. Todo esto es posible porque tenemos en el octavo bloque al holding de la corrupción, pues hay una institucionalidad cuyos miembros han permitido el desarrollo, por acciones y omisiones, de todo lo anterior.

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IC: ¿Cómo son las relaciones de los criminales que operan en estos ocho bloques? 

FMG: Los colectivos armados no tienen buena relación con el bloque de bandas, ni con el de megabandas, y el bloque de los boliches no tiene buena relación con la disidencia de las FARC, por ejemplo, y esto es principalmente por los controles territoriales. Lo importante de esos ocho bloques criminales identificados en nuestros estudios es que no hay una amalgama entre ellos.

IC: ¿Por qué asegura que los colectivos y las megabandas no tienen buenas relaciones?

FMG: Porque más allá de la disputa por el control de la plaza, las bandas criminales y las megabandas, por su propia morfología, son indisciplinadas y no tienen coto, no tienen fronteras. En cambio, los colectivos armados violentos tienen un secretariado, tienen un tema ideológico al que se deben, tienen posibilidades de acceder a encuentros con un sector político afín a lo ideológico, y por ello los colectivos defienden el control de esas plazas para profundizar su proyecto político. Por ende, no hay afinidad entre ambos bloques porque los objetivos no son los mismos.

IC: ¿Cuántos miembros estiman que hay en cada bloque de los que identificaron?

FMG: En el bloque de bandas y megabandas criminales, que son unas estructuras que no necesariamente son ideologizadas, hay unas 60.000 personas, y en el bloque de colectivos armados hay unas 5.000. En el bloque extranjero debe haber unas 3.000 personas, mientras que en el bloque de los boliches puede haber unos 5.000 individuos. Por otra parte, los pseudosindicatos de la construcción y la minería deben tener entre 1.000 y 1.500 personas, y la dirigencia de pranato carcelario puede tener unas 450. Sin embargo, en el bloque de tráfico ilegal de drogas y en el holding de la corrupción, el cálculo del número de integrantes, entre personas naturales y jurídicas, es indeterminado. Allí se deben hacer unas labores de inteligencia financiera. Es la fórmula más efectiva para hacerle seguimiento al dinero.

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IC: Recientemente, comisiones de la policía científica hicieron un procedimiento en la Cota 905, un barrio caraqueño que desde 2015 es “zona de paz” en la que no puede ingresar la policía debido a una supuesta tregua entre el gobierno y los criminales. ¿Qué intereses considera que tuvo el CICPC para incursionar en ese sector popular?

FMG: Las razones por las cuales el CICPC entró a la Cota 905 siguen en el campo de la especulación. Hay dos versiones extraoficiales. Una que refiere la investigación de un homicidio, y otra que se trataría de la investigación de unos vehículos robados que podrían estar emitiendo señales GPS en la zona; entonces hay un posible tema que involucre bien sea a la División Contra Homicidios o a la División de Vehículos del CICPC, pero sea cual fuere alguna de las dos circunstancias extraoficiales, no puede haber limitaciones para que la autoridad policial venezolana pueda estar en calles, avenidas, urbanizaciones o barriadas haciendo su trabajo […] Cuando se rompe la lógica de lo correcto, la lógica de las consecuencias es muy negativa. Hay una población que siente que hay intocables, como las megabandas del “Vampi” y del “Coqui” que operan en “zonas de paz”. Eso realmente nos demuestra que somos un Estado muy primitivo, anacrónico y alejado de lo que debe ser un país moderno. Eso genera muchísima zozobra en la sociedad y creo que ese hecho fue una reafirmación de tantos episodios que hemos visto durante estos 20 años.

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IC: En 2019 se han recrudecido los asesinatos en el estado Táchira por el control de algunas áreas y se ha confirmado la presencia del Tren de Aragua. ¿Ese estado es uno de los focos del crimen organizado en Venezuela?

FMG: Si Venezuela es un país colador que no controla su frontera y Táchira está en frontera, allí tienen que converger diferentes estructuras del crimen que no son afines y que van a generar violencia entre sí para competir por la plaza y por recursos que son realmente muy importantes, como la extracción de personas de Venezuela a Colombia y el tráfico ilícito de drogas y armas. Evidentemente que en Táchira debe haberse disparado exponencialmente el delito violento y las estructuras del crimen organizado, porque allí hay suficientes incentivos para hacer florecer una industria criminal y eso va a generar competitividad; y al generarse competitividad, va a generarse violencia. La lógica me indica que debe haber un problema muy robusto en ese estado, que definitivamente debería disparar las alarmas de las ONG venezolanas.

IC: ¿Es el crimen organizado un obstáculo para una posible transición política en Venezuela?

FMG: Todo proceso de transición lo que tiene que garantizar es estabilidad, y para lograr la estabilidad tenemos que concentrarnos inicialmente en lo urbano, en las principales ciudades, y que esa sea nuestra prioridad en políticas públicas. Para lograr equilibrio y control urbano necesitamos muchos pactos. Necesitamos que el sector privado nos haga acompañamiento, que las fuerzas del país nos hagan acompañamiento para poder tener información de primera mano, para tener levantamiento y resurgimiento de progreso muy rápidamente; por otro lado, es necesario y fundamental demostrarles a estas estructuras del crimen que las cosas cambiaron.

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