Un reciente informe del gobierno de México arroja luz sobre los esfuerzos que realizan las empresas para lidiar con la actividad criminal y sobre el impacto del crimen organizado en la economía del país.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), las empresas de México sufren pérdidas por una amplia gama de ataques criminales. El más sobresaliente es el robo a mano armada, que afecta al 23 por ciento de los negocios encuestados. Le sigue el robo por parte de empleados, en tanto 18 por ciento de los encuestados reportaron haber tenido pérdidas por este motivo, y la extorsión cierra el grupo de los tres primeros, con 16 por ciento de las empresas que reportaron haber sido extorsionadas.
Cada uno de estos delitos tiene cierto grado de relación con el crimen organizado. Aunque antes eran crímenes escasos, ahora los grupos criminales en todo el país sacan provecho del debilitamiento de las agencias de policía y dependen cada vez más de la extorsión como forma de ingresos adicionales. Las empresas que trabajan con recursos naturales valiosos son particularmente vulnerables a que sus empleados conspiren con los grupos criminales para desviar sus mercancías.
Las empresas gastan anualmente un promedio de 30.450 pesos en prevención del crimen, lo que equivale a un poco más de US$2.000. Aunque incluso sumas mucho mayores son un gasto fácil de cubrir para las empresas grandes, tal cantidad puede representar un gasto significativo para las empresas pequeñas y las microempresas, que son las más vulnerables al crimen organizado.
Según la encuesta, sólo el 15 por ciento de los delitos contra los negocios son reportados a las autoridades. Esto es una señal de la falta de fe en la respuesta oficial, y a la vez promueve delitos adicionales, dado que la improbabilidad de que sean incluso reportados a la policía, y mucho menos que sean objeto de enjuiciamiento o encarcelamiento, actúa como un incentivo para futuros crímenes.
Análisis de InSight Crime
Mediante su análisis de la distribución geográfica de los crímenes y los tipos de empresas que son más vulnerables a ser hostigadas, la encuesta ENVE ofrece pistas sobre la confluencia del crimen organizado y los crímenes reportados por las empresas. Según la encuesta de 2014, en cuatro estados la extorsión es el crimen que afecta a las empresas con más frecuencia. En efecto, tres de ellos, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, son estados que han sufrido por mucho tiempo la presencia de grupos criminales poderosos.
Además, en cada uno de estos tres estados no sólo operan poderosos grupos criminales, sino que también hay viejas rivalidades que a menudo desencadenan derramamientos de sangre, como los enfrentamientos entre Los Zetas y el Cartel del Golfo en Tamaulipas y Nuevo León, y una cantidad de diversos grupos rivales en Guerrero. Esto sugiere que los grupos criminales son más proclives a la extorsión cuando están en un ambiente hostil, ya sea por la necesidad de mostrar su autoridad en la sociedad en general o para financiar su lucha debido a la pérdida de ingresos por la disminución de las ganancias provenientes del narcotráfico.
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La ENVE de 2014 también indica que la corrupción es el mayor problema que enfrentan las empresas en algunas áreas y ámbitos de negocios. Las empresas industriales mencionan el acoso por parte de funcionarios corruptos como la principal fuente de pérdidas por la actividad criminal, mientras que el mismo crimen encabezó la lista de preocupaciones en todas las empresas en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. La corrupción apareció como una preocupación aún mayor en la ENVE 2012, cuando fue el problema más comúnmente mencionado por todas las empresas a nivel nacional, así como por las empresas industriales, las de servicios, las empresas pequeñas y las microempresas.
Aunque todas las empresas son potenciales objetivos de la actividad ilegal, el fenómeno de sofisticados grupos criminales que atacan sistemáticamente a empresas exitosas ha crecido en México, donde ha afectado tanto a las pequeñas empresas como a las grandes corporaciones internacionales. En 2012, por ejemplo, se cree que miembros de los Caballeros Templarios llevaron a cabo un ataque contra instalaciones de propiedad de una filial local de Pepsico. Al año siguiente, se cree que el mismo grupo estuvo detrás del asesinato de un ejecutivo local de ArcelorMittal, una multinacional productora de acero en Michoacán.
En 2013, la ola de extorsiones llevó a tres de las firmas mexicanas más importantes (ICA, Grupo Carso y Cemex) a que escribieran una carta abierta al presidente Peña Nieto, en la que denunciaban la extorsión y señalaban que los grupos criminales se habían infiltrado en proyectos de obras públicas financiados por el gobierno.
Todo esto ha tenido un pernicioso efecto multiplicador sobre la sociedad en general. La actividad empresarial es, por supuesto, un elemento básico de una sociedad libre, y la extorsión y otros delitos la limitan y la distorsionan de diversas maneras. Esto ocurre tanto en los costos directos de los crímenes contra las empresas, como pagos de extorsiones o el robo de mercancías, así como en los costos indirectos, por ejemplo, la inversión en seguridad.
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