El reciente libro de Tom Wainwright, Narconomics [Narcoeconomía], pretende ser un arsenal de ideas nuevas e incluso un conjunto de sugerencias para los funcionarios de seguridad que buscan mejorar las estrategias de sus naciones frente a la política de seguridad.
A lo largo de las casi 300 páginas del libro, Wainwright, un excorresponsal de The Economist en México, aplica las bases de las teorías económicas a diferentes elementos de la seguridad pública en Latinoamérica, como el diagnóstico de la causa de las diversas tácticas criminales o la evaluación de las respuestas oficiales a las mismas. El libro aborda temas del hemisferio y de fuera de él, como el sistema penitenciario en El Salvador, la regulación de las drogas sintéticas en Nueva Zelanda, la disipada policía de República Dominicana y un sinnúmero de problemas de México, su país adoptivo por algún tiempo.
El libro advierte sobre una serie de fallas, tanto de manera explícita, al señalar determinados errores gubernamentales, como implícitas, al demostrar que los diseñadores de políticas lamentablemente han olvidado ciertas ideas importantes, estancados en una mentalidad guerrerista.
En una entrevista con InSight Crime, Wainwright habla sobre Narconomics, sus impresiones sobre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la actual ola de legalización de las drogas y la ausencia del pensamiento económico entre los funcionarios de seguridad latinoamericanos.
(Esta entrevista ha sido editada por cuestiones de espacio y contenido.)
InSight Crime: creo que usted llegó a México en la segunda mitad de la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012). ¿Cómo cambió el país en el transcurso de su estadía allí? Me refiero a las actitudes de los funcionarios del gobierno, la percepción general de la población sobre la seguridad pública, el comportamiento de los jefes criminales —en general, lo que le haya llamado la atención—.
Tom Wainwright: Sí, llegué allí en marzo de 2010, en la segunda mitad del mandato de Calderón. El gran cambio en ese momento, por supuesto, fue el paso de Calderón a Peña Nieto.
Creo que el mandato de Calderón se caracterizó por el lento reconocimiento, por parte del gobierno y del electorado, de que las cosas iban muy mal. No estuve allí durante el comienzo de su presidencia, pero si uno lee comentarios, parece que, al menos durante el primer año, la mayoría de la gente pensaba que su ofensiva contra el crimen organizado iba bastante bien. Hay algunas cosas buenas al respecto en El Narco, el libro de Ioan Grillo —como los informes de la Embajada de Estados Unidos acerca de los grandes logros que se estaban obteniendo en Michoacán y cosas por el estilo—. Y, en efecto, las tasas de homicidios disminuyeron a nivel nacional en 2007. Después, por supuesto, todo se deterioró.
Mientras estuve allí, vi dos cambios principales en el comportamiento del gobierno. El primero fue el desarrollo de un enfoque un poco más realista y práctico en el manejo de la violencia. Cuando Alejandro Poiré asumió el cargo de secretario del Interior, comenzó a hablar más abiertamente, aunque de manera vacilante, sobre una estrategia que se centró en minimizar la violencia, en lugar de centrarse en desmantelar los carteles. Creo que este tipo de enfoque fue en parte lo que llevó a que empezaran a circular rumores de que el gobierno de Calderón estaba protegiendo al Cartel de Sinaloa. Por cierto, no conozco ninguna evidencia de que aquél hubiera sido el caso, pero una cosa que sí creo que estaban haciendo abiertamente, o al menos semiabiertamente, era prestarles más atención a los carteles que estaban provocando la mayor parte de la violencia. Al parecer, el Cartel de Sinaloa tenía una estrategia un poco más profesional, menos basada en la extorsión que Los Zetas, por ejemplo, cuyo modelo, como lo digo en el libro, parece enfocarse más en tomarse el territorio para luego controlar toda la ilegalidad que ocurre allí, como los secuestros y ese tipo de cosas. Por eso tiene sentido que el gobierno de Calderón le hubiera prestado un poco menos de atención al Cartel de Sinaloa que a Los Zetas.
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Otra cosa que observé, hablando del propio presidente, fue una creciente radicalización en el lenguaje que utilizaba para referirse a los fracasos de la guerra contra las drogas y a la posibilidad de legalizarlas. Yo lo entrevisté poco antes de que terminara su mandato, en 2012, y habló bastante abiertamente sobre los fracasos de la prohibición. Si se busca en Google “Calderón dice que es imposible poner fin a la guerra contra las drogas” se puede encontrar mi entrevista con él en el sitio web de The Economist. Creo que detrás de esto había en parte un verdadero reconocimiento de la inutilidad de la lucha contra el mercado de las drogas. Pero creo que también buscaba en parte señalar la culpa de Estados Unidos y otros países por la terrible situación de seguridad en México. Al enviar el mensaje de que la seguridad era casi inalcanzable mientras la prohibición estuviera vigente, Calderón estaba señalando que las fallas en el control de la violencia no eran culpa totalmente suya. En todo caso, creo que en parte tiene razón.
Mirando en retrospectiva, ¿haber considerado a Los Zetas como el enemigo público número uno fue una decisión adecuada? ¿El gobierno de Calderón debió haber sido más proactivo para buscar apoyo para esta política de señalamiento de los mayores enemigos? ¿Sí debió haberlo hecho, o hubiera sido mejor perseguir a todos los grupos por igual, sin ningún tipo de distinción?
“Perseguir a todos los grupos por igual, sin ningún tipo de distinción” es algo que suena sensato, y lo contrario suena a corrupción, pero realmente ese no es el caso. Es totalmente legítimo darles prioridad a los carteles cuyo modelo de negocio es más violento y socialmente perjudicial. En muchos países, la pena por entrar a una casa a robar en la noche es más severa que si el robo se lleva a cabo durante el día, puesto que es mucho más probable que haya personas en la casa por la noche, y que por tanto se les produzca algún tipo de daño. El objetivo es disuadir a los ladrones de llevar a cabo sus robos en la noche, minimizando así el riesgo de causarles daño a los propietarios de las viviendas. Con ello los gobiernos no dicen que está bien entrar a una casa durante el día, ni están alentando a nadie a que lo hagan. Sólo está señalando que algunos crímenes —en especial los más violentos y arriesgados— son peores que otros. Creo que es totalmente legítimo hacer lo mismo con los carteles: si uno está dedicado a secuestrar y desmembrar personas, y el otro a la exportación de drogas, sería erróneo tratar a los dos de igual manera, lo correcto sería acabar con el primero y prestarle atención al segundo cuando no haya nada más urgente que hacer.
¿El gobierno hizo lo suficiente para dejar esto claro? Tal vez no, y quizá en parte es por eso que surgió el rumor de que el gobierno estaba “protegiendo” a algunos de los carteles.
¿Cómo cree que la llegada de Peña Nieto al gobierno afectó el funcionamiento de las mayores organizaciones criminales? ¿Es más fácil ser un criminal ahora que hace seis años? En relación con eso, y teniendo en cuenta lo profundos que son los obstáculos para mejorar la seguridad en México, ¿cuánto cree que una administración presidencial puede aspirar a cambiar fundamentalmente las circunstancias en este sentido?
Yo me fui en marzo de 2013, por lo que sólo presencié el inicio de la administración de EPN [apodo común de Peña Nieto]. Desde el ambiente anterior a las elecciones, parecía como si fuera a continuar la estrategia de Alejandro Poiré de enfocarse en los más violentos, con el fin de incentivar a los carteles para que continuaran con su negocio de la manera menos violenta posible. ¿Aquella estrategia funcionó? Es difícil saberlo: la tasa de homicidios es más baja de lo que fue durante el apogeo de la violencia, pero no ha disminuido mucho más del punto en el que estaba al final del mandato de Calderón, y me parece que recientemente vi que los niveles estaban subiendo. Las drogas, por supuesto, se siguen traficando.
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¿Es más fácil ser criminal ahora? Sinceramente, no creo que un cambio de presidente haga una gran diferencia. Los carteles dependen mucho más de la cooperación (o la coerción) de los políticos y las policías locales que de los nacionales. Creo que es más probable ver cambios en el panorama narco-político cuando hay cambios de alcaldes o gobernadores que cuando hay cambio de presidente.
Lo que más afecta a los carteles son las condiciones de oferta y demanda. Y en este sentido, los carteles mexicanos probablemente lo tienen más difícil ahora que hace seis años. El apetito estadounidense por la cocaína ha descendido bastante en la última década. Y el aumento de la marihuana legal —para fines recreativos y médicos vagamente definidos— significa que enfrentan un gran competidor en ese frente. Ha aumentado la demanda de heroína, lo cual les ha ayudado, y, como lo analizo en el libro, están diversificando en todo tipo de cosas, incluyendo el tráfico de personas, aunque incluso la demanda de migrantes ha disminuido. Pero, en general, estos son quizá tiempos de vacas flacas a los que los carteles están acostumbrados.
¿Esta es entonces la nueva norma? ¿Hay algún otro país que remplace o al menos rivalice con México como el principal generador de grupos criminales internacionales en el hemisferio? En otras palabras, los grupos colombianos solían tener el control absoluto sobre la producción de cocaína, y los grupos mexicanos han aprovechado su exclusivo control sobre el acceso al territorio estadounidense, ¿algún otro país podría aprovechar alguna ventaja imprevista, por ejemplo, los países centroamericanos podrían sacar ventaja de la singular impunidad allí?
Sí, y de hecho ya hemos visto que ello ha ocurrido. El aumento de la violencia en Centroamérica en los últimos años coincidió con la ofensiva de México. Últimamente, a raíz del gran impulso por controlar la situación en Centroamérica, hay algunas señales de que el negocio se está desplazando de nuevo hacia el Caribe. ¿Y después a dónde? A donde haya un gobierno débil y corrupto, mano de obra barata, altas tasas de criminalidad y fácil acceso a la coca que producen los países de los Andes y a los grandes mercados de Estados Unidos y Europa. Teniendo eso en cuenta, yo apostaría que Venezuela es el próximo lugar que se debería observar. De hecho, ya funciona como un trampolín para mucha de la cocaína hacia Europa. Y en tanto Europa del Este se hace más rica, y el apetito americano por cocaína parece estar menguando, el mercado europeo va a ser el más importante de los dos.
¿Cómo cree que los abundantes escándalos de seguridad han complicado el manejo que Peña Nieto le ha dado a la política de seguridad? ¿La situación sería muy diferente si El Chapo siguiera en la cárcel y si el presidente hubiera manejado las consecuencias de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de manera diferente?
Realmente me asombró la incompetencia con la que el gobierno manejó el caso de Ayotzinapa. Se supone que este es el equipo profesional que sabe cómo se gobierna, pero finalmente hizo todo mal. El presidente incluso se demoró meses para ir allá. Incluso ahora están volviendo pedazos la investigación. Creo que EPN tenía el objetivo perfectamente legítimo de cambiar el diálogo internacional sobre México enfocado en la violencia a una conversación más positiva acerca de su potencial económico. Pero creo que, en el camino, esta política razonable de tratar de no hablar tanto del asunto se transformó en una política totalmente irracional de no hacer mucho al respecto. Y al parecer Ayotzinapa es un ejemplo de ello.
Uno de los aspectos de Narconomics que encontré particularmente fascinante es la discusión acerca de las circunstancias que permitieron que los grupos criminales absorbieran la legitimidad del Estado. ¿A qué atribuye la falta de confianza en las instituciones públicas en Latinoamérica? ¿Cree que en todos los niveles de las autoridades gubernamentales hay suficiente reconocimiento sobre las amenazas a su legitimidad?
La democracia llegó a México más tarde que en casi cualquier otro lugar de la región, por lo que es algo particularmente problemático allí. Creo que la falta general de confianza en las instituciones públicas se debe a que esas instituciones son muy a menudo inadecuadas. Veamos esta comparación: una vez fui a un municipio en el medio de la nada en Chiapas, donde a los Testigos de Jehová les estaba yendo muy bien. El secreto de su éxito consistía en que estaban proporcionando muchos de los servicios básicos que el Estado no se había tomado la molestia de ofrecer en una zona tan remota —ayudas para los negocios, espacios comunitarios, clínicas de rehabilitación para los alcohólicos, etc.—. Lo mismo ocurre con los evangélicos en Centroamérica, donde les está yendo increíblemente bien, en parte utilizando la misma estrategia. Cuando el Estado está ausente, cualquiera puede llegar y llenar el vacío. Si cuentas con suerte, pueden ser los Testigos de Jehová; si no tienes suerte, puede ser alguien más desagradable.
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A propósito, un aspecto positivo con respecto al pobre desempeño del PRI. Imagínese si, tras 12 años de mediocres presidencias del PAN, el PRI hubiera vuelto y hecho un excelente trabajo. Ellos decían desde antes de las elecciones que el gobierno funcionaría mejor, porque al fin la presidencia y los estados, la mayoría de los cuales estaban bajo dirigentes del PRI, trabajarían de nuevo concertadamente. Si EPN hubiera hecho un gran trabajo, los mexicanos podrían haber concluido que el partido de gobierno tenía algo que decir después de todo. Como están las cosas, el desempeño del PRI en Los Pinos ha sido bastante pobre —lo cual es vergonzoso para México en el corto plazo, pero tal vez es saludable para la democracia en el largo plazo—. ¡O al menos, este es mi intento de encontrarle el lado positivo a una situación poco positiva!
En su libro dice que los economistas son los mejores funcionarios de seguridad. ¿Qué tan prevalentes fueron los conceptos económicos básicos entre los funcionarios de seguridad en los diferentes niveles? No me refiero necesariamente a los sofisticados conceptos según los cuales, por ejemplo, tiene sentido hacer fusiones, sino simplemente a un reconocimiento de que las estructuras de incentivos orientan las decisiones de los criminales, y cómo el gobierno puede influir en los incentivos criminales. ¿Viste mucho de eso al hablar con funcionarios de diferentes países? ¿Eso cambió con el tiempo o varía de un país a otro?
No mucho. Poiré, a quien ya he mencionado, ciertamente tiene la cabeza bien puesta —él fue quien habló acerca de que centrarse en los más violentos efectivamente les envía un mensaje a los criminales acerca de que entre más violentos sean, más arriba estarán en la lista de objetivos—. Calderón se ha referido al tema económico de que el problema de la prohibición es que, si se logra restringir el suministro, lo que se hace es aumentar los precios, lo que aumenta los incentivos de los criminales para entrar en el negocio. Y aquí en el Reino Unido he hablado con funcionarios antidrogas quienes se han dado cuenta de que restringir las importaciones puede llevar a que las drogas sean “cortadas” con sustancias químicas aún más peligrosas —y que por lo tanto es raro considerar la disminución en la pureza como un signo de éxito, como hacen algunos gobiernos. Pero en general las personas tienden a seguir el libreto. Creo que no tienen tiempo para pensar en lo que están haciendo desde principios básicos.
En su libro se refiere un poco al tema de la legalización, aunque con una gran cantidad de matices. ¿Cree que la legalización es una solución para el problema de la inseguridad en Latinoamérica, o el problema es más complejo? ¿Cree que el enfoque fragmentario de la legalización de la marihuana en Estados Unidos es un presagio de una liberalización más amplia y que dará luces sobre las políticas de drogas, o simplemente se tratará de la legalización de dosis mínimas y que no pasará de ahí en Estados Unidos y en todo el mundo?
Yo no quería que el libro fuera un gran argumento a favor de la legalización, dado que creo que a) los lectores ya han escuchado sobre el tema y b) muchas drogas, como la cocaína, están lejos de ser legalizadas todavía. Pero sí, estoy de acuerdo: no resolverá los problemas de seguridad de Latinoamérica. Mire cómo la violencia ha afectado al Caribe incluso después de que la ruta de la cocaína entre Miami y el Caribe fue cerrada. Pero sí los mejorará. En cuanto a mi opinión sobre la legalización de la marihuana, puede ver mi artículo en The Economist de hace algunos meses, llamado “The right way to do drugs” [“El camino correcto en cuanto a las drogas”] y el informe que lo acompaña. Creo que se legalizarán las dosis mínimas de marihuana, pero no habrá un cambio en todo el mundo. Pero incluso si es legal en sólo la mitad Estados Unidos, ello significa que el mercado negro en el resto del país se convertirá en un mercado “gris” de cosecha interna, no una importación mexicana, lo cual es bueno para la seguridad en México.
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¿Cómo cree que México debe manejar esa transición con respecto a sus propios grupos criminales? Un escenario en el que grupos criminales bien armados y protegidos por el Estado de repente pierden gran parte de sus ingresos podría tener consecuencias imprevistas. Las pérdidas en los ingresos provenientes de la marihuana podrían, por ejemplo, llevar a las organizaciones criminales a producir más metanfetamina o heroína, o a recurrir a crímenes más violentos como el secuestro y la extorsión. ¿Cómo ve este escenario —es mi versión exagerada, temporal, o en verdad vale la pena bloquear los ingresos de los grupos criminales y, en definitiva, debilitarlos—?
Sí, es un riesgo. El Caribe se suele poner como ejemplo de cómo incluso si se logra reducir drásticamente el negocio del narcotráfico, no necesariamente se elimina la criminalidad. El tráfico de cocaína a través del Caribe descendió marcadamente en la década de los noventa, cuando se trasladó a México, no por casualidad. Se trata del viejo “efecto globo”. Sin embargo, las tasas de homicidio allí aún se encuentran entre las más altas del mundo. En el caso de la marihuana, en México ya se están dando casos de carteles que se están pasando a la producción de heroína y metanfetamina dado que su mercado de marihuana está desapareciendo.
Es un tema importante, pero no estoy seguro a qué se refieren las personas cuando hablan de ello: ¿debemos permitir que los grupos criminales continúen con un negocio multimillonario para disuadir a los demás? No creo que ningún gobierno pueda honestamente optar por esa decisión. Déjeme darle otro ejemplo: en la década de los noventa, el robo de vehículos disminuyó drásticamente en Gran Bretaña dado que se hizo mucho más difícil robar autos. Sólo se trataba de manipular los cables de encendido, pero ahora ya no se puede hacer. Por lo tanto, el robo de vehículos disminuyó. En Gran Bretaña, eso coincidió con un aumento de los robos callejeros. Una teoría es que los delincuentes que solían robar coches se dedicaron entonces a atracar. Ahora, el atraco a las personas es un crimen socialmente más perjudicial que el robo de vehículos. Entonces, ¿debe el gobierno intentar frenar los avances en cuanto a seguridad de los vehículos, para cerciorarse de que los criminales puedan seguir explotando el negocio relativamente no violento del robo de vehículos, en lugar de robarle a la gente con puñales? Supongo que se trata de un punto de vista, pero no creo que ningún gobierno consideraría hacerlo. Creo que si se tiene la oportunidad de quitarles a los criminales un negocio enorme y lucrativo —coches, marihuana o cualquier otra cosa—, se debe aprovecharla. Y si el argumento es que no debe hacerse, no es sólo un argumento contra la legalización de la marihuana; probablemente es una discusión sobre todo tipo de prohibición de la marihuana y de la aplicación de las leyes al respecto.
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