El gobierno de Colombia ha impuesto un estricto confinamiento debido al coronavirus, pero ha permitido que las campañas de erradicación de coca continúen sin interrupción, por lo que ha recibido duras críticas.
El presidente colombiano Iván Duque ordenó el confinamiento a nivel nacional en marzo. Sin embargo, parece que los escuadrones encargados de la erradicación de los cultivos de coca han quedado exentos de las restricciones.
Por el contrario, parece que los trabajos de erradicación han aumentado desde que comenzó la cuarentena. A principios de mayo, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró que las campañas de erradicación estaban retrasadas con respecto a sus objetivos para 2020, y que entrarían en una nueva fase.
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La Coalición de Acciones para el Cambio, un grupo de 11 organizaciones no gubernamentales, ha reportado operaciones de erradicación de coca en los departamentos de Norte de Santander, Caquetá y Putumayo.
Los trabajos de erradicación de coca durante la cuarentena han estado vinculados con dos muertes. En abril, según informes, un miembro de la comunidad indígena Awá, Ángel Artemio Nastacuas Villareal, murió durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Tumaco, departamento de Nariño.
Según información recibida por El Espectador, un grupo de unos 200 erradicadores de coca había llegado a la zona cercana a reservas indígenas Inda Zabaleta y La Brava Awá. Allí se encontraron con protestas de los habitantes de la región, lo que condujo a los enfrentamientos en los que Nastacuas Villareal perdió la vida.
A finales de marzo, Alejandro Carvajal fue asesinado a tiros por un soldado colombiano en el municipio de Sardinata, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, según información de El Espectador. El ejército le dijo al periódico que se había abierto una investigación por homicidio contra el soldado considerado responsable. Carvajal hacía parte de un programa que buscaba promover la sustitución de cultivos, mediante un trabajo con los agricultores de la zona para reemplazar sus cultivos de coca por caña de azúcar.
Fuentes de InSight Crime que viven en zonas de erradicación de coca, y que hablaron bajo condición de anonimato, también informaron que estaban amenazadas por los grupos de erradicación, quienes les dijeron que la fumigación aérea con glifosato podría comenzar en mayo o junio. El uso de esta polémica técnica está actualmente suspendido y se encuentra a la espera de ser revisado por la Corte Constitucional de Colombia.
Como respuesta a las solicitudes de que los trabajos de erradicación de coca se detengan durante el confinamiento, el ministro Holmes Trujillo declaró que no se habían detectado casos de coronavirus en ninguno de los equipos que realizan trabajos de erradicación de coca en todo el país, según informó El Tiempo.
En un discurso virtual ante el Congreso el 22 de abril, el ministro señaló que, aunque los trabajos no se habían detenido, los equipos de erradicación habían entrado en las áreas de operación antes de que iniciara la cuarentena y que desde entonces no habían salido.
Para el 20 de mayo de este año, Colombia tenía 16.935 casos confirmados de coronavirus y 613 muertes registradas.
Análisis de InSight Crime
Continuar con las campañas de erradicación de coca durante la cuarentena implica más que imprudencia política y pone directamente en peligro la vida de algunas de las comunidades más vulnerables de Colombia.
Y los comentarios de Holmes Trujillo no han logrado dar tranquilidad. Si los equipos de erradicación de coca se encontraban en algunas de las regiones más remotas de Colombia antes del confinamiento, es muy poco probable que se hubieran realizado pruebas rigurosas.
El gobierno de Duque ha recibido críticas porque al parecer ha puesto las estadísticas de erradicación de coca por encima de la vida de quienes dependen de los cultivos. Las ideas de que los soldados ubicados en las zonas más remotas y peligrosas de Colombia han sido sometidos a las pruebas para detectar el coronavirus y de que no podrían propagar la enfermedad entre los habitantes de la región no son convincentes.
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Por ejemplo, los departamentos de Norte de Santander, Caquetá y Putumayo, donde se ha informado de operativos de erradicación de coca durante el confinamiento, no tenían instalaciones capaces de realizar pruebas de coronavirus a mediados de abril, según el Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia.
Los programas de erradicación han sido una de las estrategias más polémicas del gobierno de Duque, que prácticamente ha acabado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que tenía como objetivo proporcionar alternativas económicas para los cultivadores de coca.
En 2019, el gobierno supuestamente cumplió su objetivo de destruir 80.000 hectáreas de coca. En 2020, este objetivo se incrementó en más del 60 por ciento, ubicándose en 130.000 hectáreas, como anunció el Ministerio de Defensa. Sin embargo, a partir de mayo de 2020, los esfuerzos estaban muy por debajo de ese objetivo, con solo 15.885 hectáreas erradicadas en lo que va del año.
Pero la eficacia de estas campañas está seriamente cuestionada. En octubre de 2019, Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Colombia para la Paz, estimaba que las tasas de replantación de coca oscilan entre el 50 y el 67 por ciento.
Los cocaleros de Colombia se encuentran entre la espada y la pared, sufriendo la presión de grupos criminales, de las fuerzas de seguridad y ahora del coronavirus. El gobierno colombiano podría reducir las presiones suspendiendo sus programas de erradicación, como lo ha hecho Bolivia. Pero, por el contrario, parece que la lista de trabajadores esenciales del gobierno colombiano no incluye solo a médicos y enfermeras, sino también a los erradicadores de coca.
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