Escalada de masacres en Colombia revela dinámicas criminales

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Un informe de Naciones Unidas denunció un escandaloso aumento de las masacres en Colombia, revelando nuevas dinámicas criminales en zonas estratégicas del país.

El reporte anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia dice que las masacres en el país aumentaron un 164 por ciento entre 2017 y 2018, pasando de 11 a 29 casos.

Según la organización, el mayor número de masacres tuvieron lugar en los departamentos de Antioquia, el Cauca, Norte de Santander y Caquetá, zonas particularmente afectadas por el conflicto armado.

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“En los tres primeros de esos departamentos, el ACNUDH ha observado también una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos,” dice el documento, que se hizo público en Bogotá.

Los autores explican que el 66 porciento de los casos estarían relacionados con el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, específicamente la sustitución de cultivos ilícitos.

El informe anual, además, hace un diagnóstico general sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y resalta el incremento de la violencia, los desafíos que plantea la lucha contra la impunidad y la corrupción, y la necesidad de acelerar la implementación de los acuerdos de paz.

Análisis de InSight Crime

Las zonas señaladas en el informe de la ACNUDH son un ejemplo de cómo han cambiado las dinámicas criminales en zonas estratégicas de Colombia desde la desmovilización de las FARC.

El primer departamento, Antioquía, es escenario de un conflicto entre los Urabeños y los Caparrapos, grupos exFARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Debido a esto, las masacres y los asesinatos sistemáticos se han convertido en una realidad del norte y noreste del departamento.

Por esto no sorprende que una de estas masacres se haya dado en el municipio de Yarumales, a principios de 2018, ni que hayan sido integrantes de los Urabeños quienes atacaron a presuntos miembros de los Caparrapos y dejaron siete muertos.

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En el Cauca, otro departamento incluido en la lista, se desenvuelve un conflicto por el control de municipios claves para los cultivos de coca, amapola y para la minería ilegal, entre el ELN y antiguos miembros de las FARC.

De hecho la masacre en Argelia, donde se encontraron siete cuerpos sin vida en julio de 2018, ocurrió en medio del conflicto por la minería ilegal en la zona.

La lista de ACNUDH tambié incluye la subregión del Catatumbo, parte del departamento de Norte de Santander, lugar de la guerra entre el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Varios municipios se convirtieron en trincheras de esta guerra y, en el proceso, escenario de masacres y desplazamientos.

Así, fue en uno de estos, el Tarra, donde se dio la masacre de 10 personas en 2018. Entre las víctimas se encontraron varios exmiembros de las FARC. Aunque el ELN y el EPL negaron la autoría, la hipótesis más creíble es que la masacre se dio por el incumplimiento de un pacto alrededor del narcotráfico hecho entre ambos grupos.

Sin embargo, el último departamento incluido, Caquetá, sorprende.

Allí se habían mantenido niveles bajos de violencia desde la última parte de las conversaciones de paz de las FARC entre 2016 y finales de 2017, además que no había ocurrido una masacre desde 2015.

Esto debido al férreo control que tenían las FARC sobre esta zona estratégica para el narcotráfico: en Caquetá se dan cultivos de coca, zonas de producción de cocaína y rutas para el tráfico de droga a los departamentos de Putumayo, Guaviare, Meta y Nariño.

Ha sido tan importante la zona para esta guerrilla que se consideró como el escenario perfecto para que nacieran las FARC ocultas: facciones que, por decisión de las FARC, continuaron con el control de los negocios criminales luego del desarme, mientras que mantenían los niveles de violencia al mínimo y evitaban la entrada de otros grupos ilegales.

Dentro de este contexto en Caquetá continuaron antiguos miembros de frentes como el 40, el 62 liderados por Euclides Mora, dado de baja en 2017, y de un grupo bajo el mando de Édgar Mesías Salgado Aragón, alias “Rodrigo Cadete,”, quien hasta su muerte en 2019 era un aliado clave para la disidencia del Frente 1, liderada por Miguel Botache Santillana, better known as “Gentil Duarte”.

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Esta relación se basaba en que Gentil Duarte y Rodrigo Cadete compartían la intención de crear una estructura unificada desde la zona de control del primero, Guaviare y sur de Meta, hasta Caquetá, donde Cadete era fuerte. Esto para controlar gran parte de las rentas criminales y fortalecerse a través de alianzas.

Es por esto que la masacre de cinco personas en zona rural de Montañita, sorprendió. Simplemete no cae dentro del accionar normal de los grupos ni dentro de sus alianzas, menos en una zona como Montañita, la cual es de suma importancia por sus 2.500 hectáreas de coca para 2017 y rutas narcotraficantes para mover la cocaína.

Lo que parece demostrar esta masacre es que la dinámica criminal en Caquetá puede estar cambiando. Esto se puede traducir en una nueva oleada de violencia, ya sea entre los grupos antes aliados o entre ellos y otro que desee hacerse con la estratégica zona de Caquetá.

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