La investigación que adelanta Guatemala sobre negocios fraudulentos por parte de sus autoridades aduaneras ha sacudido al país y podría decirse que amenaza a la presidencia. ¿Cómo logró esta corrupta red robar millones de dólares en sobornos, y cómo los investigadores lograron desmantelarla?
En abril de este año se descubrió que la autoridad aduanera de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), había robado millones de dólares al Estado. Este escándalo ha desencadenado protestas masivas y condujo a la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ha sido relacionada con el esquema de fraude y permanece bajo investigación.
Un reciente informe especial, publicado por el sitio de investigación Plaza Pública en tres partes (vea aquí la parte uno, la parte dos y la parte tres) detalla cómo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de Guatemala detectaron y luego desmantelaron la red de corrupción. Con base sobre todo en documentos obtenidos de estos organismos de investigación, el informe de Plaza Pública revela cómo una de las instituciones más importantes del Estado de Guatemala funcionaba esencialmente como un grupo mafioso. A continuación, InSight Crime resume los puntos clave de los hallazgos de Plaza Pública.
La red
Los investigadores creen que esta red corrupta, apodada “La Línea”, se componía de dos subgrupos: quienes trabajaban en la SAT y quienes estaban por fuera del organismo. El primer subgrupo constaba de unos 28 funcionarios de la SAT, entre los que se encuentran el jefe de la entidad, su director de recursos humanos, el jefe sindical del SAT y varios subdirectores e inspectores de bajo nivel encargados de registrar los contenedores. Los implicados en la estafa que no eran funcionarios de la SAT son básicamente importadores, pero también hay abogados y un exagente de inteligencia.
Sólo unos pocos servían como intermediarios entre estos subgrupos, con el fin de proteger a los involucrados. En total, la red contaba con al menos 64 miembros y, según la CICIG, era encabezada por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti.
La estafa
La Línea les cobraba a los importadores una comisión a cambio de rebajar fraudulentamente los impuestos sobre las mercancías que llevaban a Guatemala. Quienes no eran funcionarios de la SAT (importadores, abogados y algunas otras personas) estaban encargados de coordinar las importaciones y de cobrar las comisiones. Entretanto, los funcionarios se la SAT eran notificados de cuáles contenedores debían ser exentos de pagar la cantidad de impuestos requerida.
El director de recursos humanos de la SAT y varios subdirectores se aseguraban de que los inspectores de aduana corruptos se encargaran de registrar los contenedores indicados. La Línea incluso compró al jefe del sindicato de la SAT, para asegurarse de que a los funcionarios de aduanas que no estaban en la red de corrupción se les asignaran otros puestos sin que esto generara protestas.
Los importadores que colaboraban con La Línea normalmente pagaban sólo un 40 por ciento de los impuestos de importación requeridos. El otro 30 por ciento iba a La Línea, mientras que los importadores se embolsaban el restante 30 por ciento. Los importadores fraudulentos solían declarar menores cantidades o productos de menor valor de lo que realmente se importaba a Guatemala.
Los investigadores creen que al menos 500 contenedores ingresaron bajo este esquema entre mayo de 2014 y febrero de 2015. La CICIG supone que los inspectores de los contenedores recibían casi US$1.000 a la semana por participar en este esquema, mientras que la red de La Línea en su conjunto ganaba alrededor de US$328.000 por semana.
La investigación
La investigación se realizó entre mayo de 2014 y febrero de 2015 y comenzó con una indagación independiente sobre un importador chino llamado Miao Miao. Las sospechas sobre las importaciones de Miao llevaron a las autoridades a interceptar su teléfono, y el 8 de mayo de 2014 los investigadores escucharon a Miao hablar con otro importador sobre lo que parecía un esquema para evadir impuestos de importación. El importador al otro lado de la línea telefónica era Julio César Aldana Sosa, quien más tarde resultó ser un miembro de La Línea.
Entonces los investigadores interceptaron el teléfono de Aldana y obtuvieron acceso a dos cuentas de correo electrónico que usaba para coordinar los negocios de La Línea. Esto llevó a los investigadores a interceptar las líneas telefónicas de otros miembros de La Línea, así como a monitorear los sitios de reunión donde al parecer los grupos intercambiaban los pagos.
El 4 de junio de 2014, los investigadores estuvieron en una fiesta de cumpleaños a la que asistieron miembros de La Línea. Allí vieron a Salvador Estuardo González Álvarez, un magnate editorial propietario de dos periódicos guatemaltecos, Siglo 21 y Al Día. El seguimiento de González los llevó a Juan Carlos Monzón Rojas, supuesto líder de La Línea y secretario privado de la vicepresidenta. A Monzón se le vio reunido con González y otros miembros de La Línea el 11 de agosto de 2014.
Luego hubo indicios de que los miembros de La Línea sabían que estaban bajo investigación. La red realizó varios cambios de personal y tomó precauciones al hablar por teléfono. Los miembros de la red comenzaron a hacerse advertencias sobre “las cinco letras”, un código para referirse a la CICIG. Sin embargo, en octubre de 2014 los investigadores encontraron una tienda de ropa de lujo que creen que funcionaba como la oficina central de La Línea. Las autoridades continuaron monitoreando cuidadosamente el local y siguieron recopilando correos electrónicos y conversaciones telefónicas. En febrero de 2015 comenzó la primera ola de arrestos.
Los resultados
Aunque la mayoría de los presuntos miembros de La Línea han sido capturados por las autoridades, Monzón, el supuesto líder de la red, permanece prófugo y es buscado por las autoridades de Guatemala y la Interpol. Por otra parte, las autoridades se han negado a elaborar una “lista negra” de los importadores acusados de hacer negocios con La Línea, y los fiscales dicen que procesarán cada caso de manera individual.
La Línea ha sido sólo una entre varias investigaciones recientes sobre corrupción oficial adelantadas por la CICIG, que ha puesto de manifiesto el grado en que las instituciones de Guatemala han estado involucradas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también ha sido acusado de funcionar como una red de fraude, y el yerno del presidente fue arrestado por acusaciones de tráfico de influencias a nombre de una gigante compañía de energía. Mientras surgen más detalles de cómo se realizaron estas otras investigaciones, la tendencia general parece clara: podría decirse que las élites políticas y económicas más importantes de Guatemala nunca han estado tan amenazadas por el sistema de justicia como en los últimos seis meses.
Video de Plaza Publica
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