Recientes revelaciones sobre el uso generalizado que hacía el gobierno de México de programas espías para vigilar a adversarios en la prensa y la comunidad de derechos humanos representan un regalo para el crimen organizado.
El New York Times informó por primera vez en junio pasado que periodistas, abogados, activistas de derechos humanos y sus familias en México habían sido marcados como objetivo por un programa de espionaje informático de propiedad del gobierno, lo que permitiría a fisgones seguir casi todos los aspectos de sus comunicaciones digitales. Los objetivos incluyen a Carmen Aristegui, destacada periodista; Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de Competitividad; y el equipo de expertos internacionales que dirigen la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
El programa de computador usó presuntamente mensajes engañosos y altamente personalizados para inducir a los objetivos a activar el programa espía. Estos incluyen enlaces infectados que simulaban tratar de un tema de visado, afirmaciones de pruebas de infidelidad de un cónyuge y advertencias de un comando afuera de la residencia de la persona espiada.
Según el Times, el Grupo NSO, la firma israelí que produce el software, lo vendió a la administración del presidente Enrique Peña Nieto con la condición de que se usara únicamente contra terroristas y grupos criminales. El gobierno no ha confirmado que usó el software para vigilar a los reporteros y activistas, pero expertos coinciden de manera casi unánime en afirmar que los organismos gubernamentales son los únicos autores plausibles del acceso ilegal a sus dispositivos informáticos.
Incluso en un país en el que los escándalos de vigilancia a particulares son relativamente comunes, este episodio parece haber cruzado una línea, lo que ha desatado protestas generalizadas. Las denuncias también han provocado demandas de investigaciones sobre este acto de piratería informática, investigaciones de determinarían las identidades de todos los objetivos que llevaron a cabo la operación, qué autorización tuvieron y por cuánto tiempo se había estado realizando.
Análisis de InSight Crime
Este nuevo escándalo de la administración de Peña Nieto representa una herida masiva autoinfligida en su lucha contra el crimen organizado.
Lo más inmediato es que las revelaciones dan a los grupos criminales una ventana invaluable a las operaciones del gobierno contra el crimen. Como mínimo, es una alerta a los narcotraficantes y sus abogados, testaferros y socios comerciales para que eviten las comunicaciones electrónicas y estén alertas contra intentos de suplantación de identidad. Aunque todo el mundo, con excepción de los grupos criminales más ingenuos ya estaban al tanto de la capacidad del gobierno de vigilar las comunicaciones por telefonía celular, las denuncias dan a las bandas una descripción precisa de la capacidad y las tácticas de los organismos.
Para las organizaciones más sofisticadas, conocer la identidad de la empresa que hay detrás del software Pegasus y los detalles sobre el programa pueden dar claves que le permitan contrarrestarlo. La exposición de las actividades de la administración de Peña Nieto es como informar a un adversario no de un ataque inminente, sino además detallar la composición de la fuerza invasora.
El gobierno también ha concedido a los grupos criminales un golpe importante en materia de relaciones públicas al deponer la autoridad moral. La estrategia de seguridad en muchos lugares de México muchas veces se reduce a convencer a los habitantes de apoyar a las fuerzas del gobierno y negar a las organizaciones criminales el espacio que necesitan para operar. Esto, a su vez, requiere que los ciudadanos vean al gobierno como una alternativa legítima y preferible a la dominación de las bandas criminales.
Las denuncias de que el gobierno recurre a prácticas autoritarias —ya sea aprovecharse de la población civil o espiarla— frustra ese objetivo. El actual escándalo debilita las afirmaciones del gobierno sobre su legitimidad inherente, pues en lugar de eso muestra que los actores estatales tienen tantas probabilidades de abusar de su poder como los grupos criminales. Si los organismos oficiales actúan igual que los grupos del crimen, entonces no puede culparse a los ciudadanos de que dejen de cooperar.
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Las denuncias de espionaje, que reflejan un operativo de vigilancia extenso y con bastante dedicación de personal, también revelan un enfoque de política criminal fundamentalmente erróneo. Hay una sensación de tensión inevitable entre el gobierno y sus críticos en la comunidad de medios de comunicación y derechos humanos. Pero una administración madura y realmente democrática reconocería que los medios no son un enemigo. Por el contrario, una sociedad bien informada con acceso a una prensa libre y agresiva sirve como salvaguarda contra tomas criminales de los organismos de gobierno. El hecho de que la administración de Peña Nieto parezca no reconocerlo no solo revela sus tendencias autoritarias, sino que también explica su incapacidad para hacer avances significativos en los desafíos de seguridad de México.
Un gobierno que invierta esos recursos para espiar a los medios de comunicación y a activistas de derechos humanos es un gobierno que no tiene inconvenientes en malgastar su tiempo y sus esfuerzos. Es un gobierno que no puede diferenciar a un amigo de un enemigo, y que no tiene idea de cómo tratar con la opinión pública. Es un gobierno incapaz de ceñirse a principios democráticos, mientras ataca al crimen organizado, y se toma la libertad de rebajarse al nivel moral de sus adversarios criminales.
Esta es apenas una evidencia que señala la obstinada estrategia mal encaminada de la administración Peña Nieto ante los problemas de seguridad en México.
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