La expulsión de tres candidatos a alcaldías en el estado de Tamaulipas por parte del partido de gobierno en México, acusados de cooperar con el crimen organizado, pone de relieve la extendida tendencia de los capos de la droga latinoamericanos de poner sus ojos en las administraciones locales.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Beltrones, anunció las suspensiones a través de Twitter el 7 de mayo, diciendo que los candidatos habían sido “amenazados o comprados por el crimen”. La única prueba presentada por Beltrones consistió en señalar que los candidatos se habían puesto del lado contrario. Dijo que habían sido obligados a apoyar al partido rival, el Partido Acción Nacional (PAN).
“El PRI cancelará las inscripciones de tres candidatos a alcalde en Tamaulipas, amenazados o comprados por el crimen organizado”, publicó Beltrones en su cuenta de Twitter, agregando que los candidatos habían sido obligados a apoyar al partido rival, Partido Acción Nacional (PAN). El anuncio se produce unas pocas semanas antes de las elecciones de gobiernos locales en México, que están programadas para el 5 de junio.
A los 3 candidatos que fueron amenazados o comprados por el crimen en Tamaulipas, y que hemos decidido expulsar, se les exigió apoyar al PAN
— Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) 7 de mayo de 2016
Uno de los candidatos había anunciado el apoyo de los tres al candidato del PAN para la gobernación en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante un mitin de campaña a finales de abril, informó Milenio. Los tres están siendo investigados por la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), según Excelsior.
Cabeza de Vaca enfrenta sus propias acusaciones de vínculos con el crimen organizado y de usar estas alianzas para presionar a los políticos rivales — denuncias que su partido ha negado—. A pesar de estos alegatos y del hecho de que Tamaulipas ha sido un bastión del PRI, el candidato panista es, según los informes, el favorito para ganar el puesto de gobernador en junio.
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El candidato del PRI para la gobernación de Tamaulipas también ha sido polémico. Baltazar Hinojosa Ochoa ha sido acusado de recibir dinero del Cartel del Golfo cuando fue candidato a la alcaldía de Matamoros en el año 2002, a cambio de permitir que el cartel eligiera a su jefe de policía.
Tamaulipas no es el único estado donde las campañas se han visto manchadas por acusaciones de corrupción. Carlos Joaquín González, candidato a gobernador en el estado sureño de Quintana Roo, fue recientemente acusado de vínculos con grupos del crimen organizado.
Análisis de InSight Crime
Independientemente de que la agitación actual en Tamaulipas sea una campaña de desprestigio político o que se refiera a verdaderos vínculos criminales, la participación del crimen organizado en la política a nivel local es una preocupación real. En Latinoamérica existen muchos ejemplos que ilustran esta tendencia, y hay bastantes razones por las que el crimen organizado intenta corromper a los peldaños más bajos en la escala política.
Uno de los atractivos más importantes de corromper a los gobiernos locales consiste en que ello les ofrece a los grupos criminales cierto control territorial.
Dominar el territorio sin contar con la connivencia de las autoridades locales puede requerir de altos niveles de violencia o implica permanecer en áreas sin control gubernamental, donde las fuerzas del Estado son mínimas. En especial para las organizaciones narcotraficantes, las cuales pueden acceder más fácilmente a corredores de la droga si tienen de su lado a las autoridades locales.
Establecer corredores donde los funcionarios del gobierno y las autoridades se hacen los de la vista gorda ante las acciones criminales es particularmente importante en estados fronterizos como Quintana Roo y Tamaulipas, donde el fácil acceso a territorios y mercados extranjeros facilita el tráfico de drogas y de seres humanos.
El Cartel de Texis, ubicado en El Salvador, ha recurrido durante años a la corrupción en los altos niveles en lugar de apelar a la violencia para asegurar el paso de las drogas ilegales a través de Centroamérica. Su influencia sobre jefes policiales, congresistas y otros funcionarios ha hecho que el cartel —y su presunto líder, José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”— sean tristemente famosos por ser inmunes a los enjuiciamientos.
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Corromper al alcalde de un área significa esencialmente ejercer control sobre la policía local. Hay incontables ejemplos de fuerzas de seguridad municipales que cooperan con las bandas criminales proporcionando inteligencia, protección o apoyo.
Un ejemplo palmario es el de los agentes de policía del municipio mexicano de Iguala que fueron cómplices de la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Ellos fueron acusados de entregar las víctimas a la organización narcotraficante de Guerreros Unidos, un grupo presuntamente dirigido por el alcalde de Iguala y su esposa.
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En otro caso en México, agentes de la policía local fueron detenidos en enero de 2016 y acusados de secuestrar a cinco jóvenes y entregárselos a una organización criminal en el estado de Veracruz.
En Perú, el capo de la droga recientemente detenido, Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, al parecer tenía al menos 21 policías en su nómina. Estos llevaban a cabo operaciones contra rivales de Gálvez y ponían pruebas falsas para encubrirlas.
Como lo señala Alejandro Hope en su análisis sobre la corrupción local, incluso los municipios más pobres manejan decenas de miles de dólares en fondos del gobierno cada año.
Desviar estos dineros hacia las arcas criminales mediante la extorsión o el control sobre el presupuesto municipal puede ser una cómoda fuente de ingresos para los grupos criminales locales. En Colombia esto es bastante común, y se sabe que en algunas regiones las organizaciones guerrilleras cobran un porcentaje sobre los contratos del Estado.
En abril de 2016, un exgobernador de Arauca fue condenado a nueve años de prisión por presuntamente otorgar contratos del Estado a un grupo guerrillero.
El apoyo político puede ser invaluable para los grupos criminales que buscan maximizar su poder. De ello hay ejemplos representativos en Colombia y El Salvador. Las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenían una enorme cantidad de apoyo de los políticos locales y estatales de todos los niveles, en gran parte debido a su mutua oposición a los grupos guerrilleros.
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Esta organización paramilitar tenía tanta influencia política que los políticos locales a menudo solicitaban el apoyo de las AUC, en lugar de ser al contrario. Hubo informes de que las AUC hicieron pactos con miles de políticos, y más de 100 miembros del Congreso han sido investigados como parte de lo que se conoce como el escándalo de la “Parapolítica”. El poder que llegaron a tener las AUC eventualmente les permitió llegar a un ventajoso acuerdo de paz con el gobierno nacional.
Corromper a los políticos locales puede generar más beneficios a medida que ellos ascienden. Algunos alcaldes llegan a ser gobernadores y congresistas, por lo que corromper a un político principiante hoy puede significar llegar a controlar posiciones de alto rango del gobierno en el futuro.
Esta puede ser una de las razones por las que los grupos criminales latinoamericanos buscan que sus miembros se postulen a cargos locales. Numerosos alcaldes corruptos en toda la región han sido detenidos recientemente por ser dirigentes de organizaciones criminales.
Una vez que una organización criminal ha corrompido a los gobiernos locales, le es más fácil ampliar su territorio. Esta influencia desde la base les permite a los grupos consolidar su control y posteriormente extender su poder e influencia a zonas circundantes.
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