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ANÁLISIS

Escándalos de narcocorrupción envuelven a Argentina: Informe

ARGENTINA / 31 OCT 2014 POR KYRA GURNEY ES

Un informe sobre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner examina tres escándalos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de precursores químicos, todos los cuales apuntan al creciente papel de Argentina en el tráfico transnacional de drogas.

En un informe del Centro de Evaluación y Estrategia Internacional (International Assessment and Strategy Center - IASC) titulado "Through the Looking Glass" (pdf), el investigador Douglas Farah examina tres escándalos relacionados con la administración de Fernández de Kirchner, los cuales ilustran lo que él llama una "disminución en el imperio de la ley" en Argentina.

El primero de estos escándalos se centra en el exjefe antidrogas, José Ramón Granero, quien ha sido acusado de facilitar la importación de grandes cantidades de efedrina, una sustancia utilizada en la producción de metanfetaminas. Entre 2004 y 2008 -el período durante el cual Granero se desempeñó como el jefe de la agencia antidrogas para casi todos los años- Argentina importó 48 toneladas de efedrina, de las cuales sólo se necesitaban ocho toneladas para satisfacer las necesidades legítimas de la industria farmacéutica. El resto, según el informe, terminó en manos de grupos criminales, incluyendo el Cartel de Sinaloa de México y la Oficina de Envigado de Colombia.

Aunque la presidente Kirchner ha tratado de mantener su distancia del escándalo, Farah sostiene que hay varios factores que vinculan a su administración tanto con Granero como con las compañías farmacéuticas implicadas en las irregularidades.

Según el informe, el secretario privado de Granero, Miguel Zacarías -quien al parecer manejó las importaciones de efedrina en nombre de Granero- tiene vínculos con la familia Kirchner. Dos de los hermanos Zacarías se han desempeñado como funcionarios de alto nivel, ya sea para Cristina Kirchner o su esposo Néstor, quien fue presidente entre 2003 y 2007. Otro hermano, Máximo Zacarías, ha sido acusado de importar 1.000 kilos de efedrina para Mario Segovia, un traficante de drogas convicto quien dirigía un laboratorio de metanfetaminas para el Cartel de Sinaloa.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa

Además, las empresas farmacéuticas que importaron una gran parte de la efedrina fueron los principales contribuyentes a la campaña de la presidenta Cristina Kirchner. Según Farah, estas empresas donaron US$1,5 millones para su campaña presidencial de 2007 -una cifra que representa cerca de una tercera parte de las donaciones que declaró la campaña.

Farah argumenta que la falta de cooperación de la presidenta Kirchner con los investigadores también es una señal de alarma. La Presidencia se ha negado a entregar los registros telefónicos solicitados por la jueza que está supervisando el caso de Granero. La jueza en cuestión también ha acusado al gobierno de tratar de bloquear la investigación mediante la presentación de diferentes peticiones relacionadas con el caso en las distintas jurisdicciones.

En un escándalo separado, Kirchner ha sido implicada en algunos negocios financieros turbios solicitados por el juez a Lázaro Báez, un socio financiero y amigo íntimo de los Kirchner. Los fiscales dicen que sólo en 2011, Báez sacó al menos US$65 millones de Argentina hacia cuentas en el extranjero, en países conocidos por ser paraísos fiscales. En el informe, Farah dijo que el dinero en cuestión parecía ser parte de "la oscura fortuna personal", de la presidenta que inexplicablemente aumentó de US$1,6 millones a US$21 millones durante su administración y la de su difunto marido.

Como en el caso de la efedrina, Kirchner parece haber interferido con la investigación de Báez, según Farah. Seis meses después de que la jueza que supervisa el caso presentara los resultados de su investigación, fue despedida por el Procurador General de la Nación, quien al parecer es muy cercano a la presidenta. Por la misma época, Kirchner puso en marcha una iniciativa denominada "Justicia Legítima", llamando a una mayor participación del poder ejecutivo en los procesos judiciales.

Informe de Farah también señala que el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, ha sido acusado por su presunta participación en un plan de negocios que involucraba a una compañía fantasma creada para ganar contactos gubernamentales. Según The Wall Street Journal, Boudou es el primer vicepresidente en la historia de Argentina en ser acusado de un delito penal.

Análisis de InSight Crime

Los escándalos señalados en el informe plantean serias dudas sobre el respeto de la administración Kirchner por la ley y la voluntad de luchar contra la corrupción -especialmente en relación con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Aunque Fernández de Kirchner no ha sido acusada formalmente de cualquier actividad criminal, sus aparentes intentos de interferir en los procesos judiciales son un indicio preocupante de que ella está dispuesta a hacer todo lo posible para proteger a sus aliados -y, posiblemente, a sí misma.

Como argumenta Farah, los escándalos son especialmente preocupantes en el contexto del deterioro de la situación de seguridad de Argentina. En los últimos años, el cuantioso mercado interno del país para la cocaína y el papel como punto de tránsito de drogas han atraído a las organizaciones narcotraficantes extranjeras y estimulado el desarrollo de grupos criminales locales. Se cree que el Cartel de Sinaloa de México, la mafia 'Ndrangheta de Italia, y las organizaciones criminales colombianas tienen presencia permanente en Argentina. Además, los enfrentamientos entre los grupos locales por el control del tráfico de drogas ha dado lugar a un aumento en los homicidios en algunas zonas del país.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Argentina

Argentina tiene controles extremadamente laxos sobre las importaciones de productos químicos, lo que convierte al país en un gran productor e importador de precursores químicos -como la efedrina- utilizado para la producción de metanfetaminas. Esto ha convertido al país en un importante proveedor para el Cartel de Sinaloa y otros grupos criminales. 

Sin un gobierno comprometido con la defensa de la ley y la investigación de casos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero -incluso si involucran a personas cercanas al gobierno- es probable que la situación de Argentina, como argumenta Farah, continúe deteriorándose.

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